Advierten sobre una reforma migratoria fuera de la ley

Un comunicado publicado el día de hoy por un conjunto de organizaciones, entre ellas el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (CAREF), la Red de Migrantes y Refugiados en la Argentina, la Red Nacional de Líderes Migrantes y OTRANS Argentina, advierte sobre una serie de modificaciones que el gobierno nacional realizaría en las leyes de migraciones 25.871 y de nacionalidad 346 por medio de un decreto de necesidad y urgencia.

Según se consigna en el comunicado: "El proyecto de DNU al que accedimos cambia el paradigma de la ley actual: amplía las causas que permiten la detención y expulsión de migrantes en situación irregular; habilita la revisión de todas las radicaciones otorgadas para quienes tienen antecedentes penales o condenas, sin importar el tipo de delito o su situación procesal; modifica los trámites de expulsión para que sean inmediatas, sin control judicial ni una defensa legal adecuada; elimina la unidad familiar y el arraigo como condiciones que evitan la expulsión".

Estas reformas, además, introducirían cambios en el modo de acceso a la nacionalidad argentina, reinstaurando el criterio que para tal fin había establecido la última dictadura cívico-militar y que fue modificado por el gobierno de Raúl Alfonsín. Actualmente se le exige al solicitante que acredite más de dos años de residencia en el país, y la modificación propone que el pedido sea evaluado por un juez federal una vez que se demuestre que esa residencia es “legal”. "La ley de migraciones 25.871 fue producto del consenso alcanzado a partir de un amplio debate iniciado en el año 1999 por diferentes actores, en ámbitos sociales, académicos y legislativos, que permitió la revocación del decreto ley de migraciones, denominada 'Ley Videla'”, afirman.

[quote_box_right]Estas reformas, además, introducirían cambios en el modo de acceso a la nacionalidad argentina, reinstaurando el criterio que para tal fin había establecido la última dictadura cívico-militar y que fue modificado por el gobierno de Raúl Alfonsín.[/quote_box_right]

Por otro lado, los jueces y fiscales tendrán la obligación de notificarle a la Dirección Nacional de Migraciones respecto de la existencia de causas penales en las que se identifique como responsable a un migrante, lo que desatará el inicio del trámite de expulsión o la revisión de las residencias ya otorgadas. Con el sólo procesamiento firme por cualquier delito que prevea pena privativa de libertad podrá ser expulsado del país, con escasas posibilidades de defenderse en el trámite migratorio.

Desde las organizaciones denuncian que "el texto es una regresión para los derechos de las personas migrantes", además de que la utilización de un DNU para esta materia está prohibida. "Su efecto será la puesta en marcha de una poderosa herramienta de control social por fuera de la ley. Las personas migrantes pobres estarán expuestas a una mayor fragilidad: trabajos precarios, hostigamiento de las fuerzas de seguridad, menor inserción escolar y acceso al sistema de salud ante la constante amenaza de ser capturado por el sistema de justicia criminal".

[quote_center]"El impacto de esta medida será menor para la prevención del delito y será significativo en la restricción de los derechos de las personas migrantes de escasos recursos. Se trata por lo tanto de una política clara de exclusión social.”[/quote_center]

La parte final del comunicado hace referencia a que "hace años que la asociación entre migrantes y delito es utilizada por los gobiernos", con el fin de instalar un falso problema para desplazar de la agenda pública otras cuestiones más urgentes y relevantes. "El presidente Mauricio Macri afirmó, por ejemplo, que 'por falta de acción no podemos permitir que el crimen siga eligiendo a la Argentina como un lugar para venir a delinquir'. Presentarla de esta manera es hacer un uso engañoso de la información. La participación de personas migrantes en el total de los delitos no es significativa: menos del 5% de la población carcelaria es extranjera. Ocurre, en cambio, que algunos casos que involucraron a personas extranjeras fueron graves y/o tuvieron mucha difusión. Sin embargo, la ley vigente ya establece los mecanismos para expulsar a aquellos que tuvieran procesamiento firme por delitos graves (como narcotráfico). Es decir: la reforma de la ley no se dirige a quienes cometan delitos graves sino a ampliar y endurecer el control de quienes cometen delitos menores o ilegalismos (como la venta callejera). Por estos motivos el impacto de esta medida será menor para la prevención del delito y será significativo en la restricción de los derechos de las personas migrantes de escasos recursos. Se trata por lo tanto de una política clara de exclusión social".