El Estado recorta 67 millones al Consejo Nacional de las Mujeres

El 11 de enero, mediante la Decisión Administrativa 12/2017, el Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña ordenó recortar $67 millones asignados al Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) y a la implementación del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (PNA), dejándose así sin efecto el Presupuesto debatido y aprobado en el Congreso en noviembre pasado.

En conocimiento de esta medida, las organizaciones Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), la Comisión Argentina de Migrantes y Refugiados (CAREF), la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI) y la Fundación Siglo 21, presentaron un amparo ante la Justicia para que declare la insconstitucionalidad de la medida adoptada por Peña quien, invocando facultades extrordinarias, decidió reducir el presupuesto asignado. Dicha medida es violatoria de los derechos de las mujeres y las niñas y representa una fuerte limitación a las políticas de prevención que benefician a la sociedad en su conjunto.

Vale recordar que cuando se estaba discutiendo el presupuesto, las mismas organizaciones habían alertado sobre el recorte que ya se preveía, de un 8%, respecto de la partida asignada en 2016. Ante esto, el presupuesto votado por el Congreso incorporó cambios en línea con los señalamientos realizados.

Así, se llegó a aprobar una asignación adicional de $20.000.000 al CNM (pasando de $96.500.250 a $116.500.250). En segundo lugar, se agregó al Presupuesto nacional una línea presupuestaria específicamente destinada a las acciones contempladas en el PNA para el 2017, por la suma de $47.000.000.

Con más de 57 femicidios en los primeros 43 días de 2017, lo cual lleva la estadística a una mujer asesinada cada 18 horas (ya no cada 30), las organizaciones manifestaron que "resulta inaceptable que en el contexto actual, en el cual desde todos los sectores sociales y políticos se reconoce la grave problemática de la violencia contra las mujeres y se clama por políticas estructurales que reviertan el problema, el Poder Ejecutivo decida vulnerar la voluntad expresada por el Poder Legislativo al asignar recursos presupuestarios a políticas contra la violencia de género".