A siete años del asesinato de Silvia Suppo: piden destitución de funcionario

Juan José Mondino era jefe de la Unidad Regional V de la Policía provincial cuando mataron a la testigo. Desde 2012, es el coordinador de Seguridad de la Municipalidad de Rafaela.

A siete años del asesinato de Silvia Suppo, sus familiares, vecinos y organizaciones políticas y sociales de la provincia reclaman la destitución de Juan José Mondino como coordinador de Prevención en Seguridad de la Municipalidad de Rafaela. Mondino era jefe de la Unidad Regional V de Policía (departamento Castellanos) cuando el 29 de marzo de 2010 asesinaron a Suppo en su local comercial, a plena luz del día. La mujer era testigo y querellante en causas por delitos de lesa humanidad cometidos en Santa Fe durante la última dictadura cívico-militar. La forma en que actuó la Policía tras el crimen fue denunciada ante la Justicia por los familiares de Silvia y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación –ambos querellantes en las dos causas judiciales por el asesinato– y el Ministerio Público de la Defensa.

“Mondino fue el jefe de la policía que obstaculizó toda posibilidad de colectar pruebas en la escena del hecho ese 29 de marzo, asegurando así la impunidad de los autores materiales e intelectuales del asesinato de Silvia”, dice el petitorio elaborado por el Espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo, en el que se juntan las firmas; adhesiones que en Rafaela, no son fáciles de sumar: la gente se siente expuesta en un lugar donde “se conocen todos”.

De las denuncias contra la Policía, el Tribunal Federal que condenó en 2015 a Rodolfo Cóceres y Rodrigo Sosa como autores materiales del crimen (los querellantes no descartan que haya más implicados) ordenó que se investigue el allanamiento en la casa de Cóceres y la supuesta detención ilegal de su pareja, Marcela. También, pidieron investigar los golpes y torturas que Juan Ramón Vázquez, un testigo en el juicio, dijo que le propinó la Policía para que se hiciera cargo del asesinato. “Me llevaron para averiguación de antecedentes. Me pusieron una bolsa en la cabeza, me querían hacer cargo de algo que yo no hice. Estuve cuatro horas. Me pegaron”, dijo Vázquez ante los jueces.

Como consecuencia, se abrió una causa en la Fiscalía Federal Nº 1 de Santa Fe, que fue remitida al Juzgado Federal Nº 1, según informaron en la Unidad Fiscal de Derechos Humanos. Hasta ahora, no pudieron conocerse más detalles.

Más irregularidades

También se denunció a la Policía por no haber preservado la escena del crimen. Alrededor del local donde mataron a Suppo no se colocó ni siquiera una cinta que impidiera el paso de la gente. Vecinos y medios de comunicación tuvieron la posibilidad de alterar el lugar. Fue imposible para los peritos recolectar huellas digitales limpias de las vidrieras y otras superficies por la cantidad de marcas que había.

Otro hecho fue la desaparición de pruebas. Entre ellas, un video de la Terminal de Ómnibus de Rafaela. Durante el juicio, Hernán Gunzinger, titular de la Terminal, declaró al Tribunal que él en persona había entregado el video –en el que se veía a los condenados cuando subían a un colectivo– al entonces subcomisario Leandro Amaya en la Jefatura de Rafaela. Pero al tiempo lo llamaron desde el juzgado reclamándole el material. “Dijeron que yo no había llevado nada a la Jefatura siendo que yo había ido personalmente a llevar las copias”, dijo Gunzinger. Y agregó: “Ahora obramos diferente. Cuando nos solicitan material pedimos que nos firmen un comprobante. Porque si no uno queda involucrado, y yo había obrado de buena fe”.

Sumado a esos casos, se denunciaron supuestos allanamientos ilegales, toma de declaraciones bajo presión y falsificación de actas.

En su alegato en el juicio de 2015, Lucila Puyol y Guillermo Munné, abogados de la familia de Suppo, enumeraron una por una las irregularidades en los operativos policiales, pidiendo que se investiguen las responsabilidades de los oficiales a cargo. Al final, pidieron que se indague sobre la “responsabilidad general en los diversos delitos cometidos en las primeras horas posteriores al homicidio de Sivia Suppo” no sólo de Mondino, sino también del ex subjefe Amaya, del juez Alejandro Mognaschi y de la entonces fiscal Cristina Fortunato, entre otros.

“Todo análisis judicial que omita considerar todos estos actos que perjudicaron la investigación de los hechos y que omita considerar las pruebas que desmienten el relato de Sosa y Cóceres sobre el móvil y las acciones que determinaron la muerte de Silvia Suppo, carece de la voluntad efectiva de esclarecer la realidad de los hechos de este homicidio y de todos sus responsables y está conducido por otros intereses”, sostuvieron los abogados.

“No hay pruebas”

En la Municipalidad de Rafaela dijeron a Pausa que mientras no haya ninguna imputación o causa abierta que involucre a Mondino, no hay motivos para separalo de su cargo. “Respetamos a quienes reclaman, pero es la Justicia la que tiene que actuar, no nosotros”, respondió uno de los responsables del área de Prensa municipal.

Para el municipio, Mondino, que además de policía es abogado, es una persona que fue reconocida por el gobierno provincial al ser designado en marzo de 2011 como jefe de la Unidad Regional I, departamento Capital, cargo que ocupó hasta diciembre de ese año. En junio de 2012, asumió su función en la Municipalidad. “Su tarea es colaborar en la prevención de seguridad en la ciudad, que se realiza a través de la Guardia Urbana, el centro de monitoreo y otras acciones”, explicaron.

Reclamo de Justicia

El pedido de destitución de Mondino forma parte de un reclamo mayor, que es el de justicia por el asesinato de Suppo.

Desde 2011 está abierta la investigación del crimen por encargo. La mujer, víctima del terrorismo de Estado entre 1977 y 1978, fue una testigo fundamental en el juicio que condenó por delitos de lesa humanidad al ex juez federal de Santa Fe Víctor Brusa. Además, era querellante en la causa Hattemer, en la que se juzgarán crímenes contra siete jóvenes rafaelinos durante la última dictadura, donde los acusados son cuatro ex policías de la Provincia. Si bien todavía no hay fecha para el juicio oral, la Fiscalía Federal informó que sería este año.

Cóceres y Sosa, los dos condenados en 2015, fueron encontrados responsables de matar a Suppo para procurarse impunidad después de haberle robado dinero y algunos elementos de su local comercial de venta de bijouterie y artículos de cuero. Sin embargo, no se descartó la hipótesis del crimen por encargo.

La investigación sobre quién mandó a matar a Silvia está en el juzgado Federal N° 2 de Santa Fe, a cargo de Marcelo Bailaque, desde mediados de 2013, cuando la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario apartó del caso al juez Reinaldo Rodríguez por pedido de las querellas.

Hay dos imputados en esa causa: Miguel Ángel Mendoza y Emiliano Rodríguez, señalados en 2010 por un testigo de identidad reservada que vinculó el asesinato de Suppo con el fin de evitar que declare contra en causas por violaciones a los derechos humanos. En 2011, la Corte Suprema de Justicia ordenó que la causa pase a ser investigada por el fuero federal. Mendoza y Rodríguez están imputados pero con falta de mérito desde 2013.