Parafraseando al clásico de Charly García, “Inconsciente colectivo”, voy a decir que hoy es necesario marchar, de nuevo una vez más.
Yo no suelo asistir a las marchas conmemorativas de alguna fecha o en reclamo de algún derecho machacado. Solo voy a la plaza sí o sí los 29 de abril para dejar en claro que nos siguen inundando. Para hacerles saber que no nos olvidamos ni vamos a olvidar. Pero celebro que haya personas que sostengan la protesta en las calles. Y más cuando es necesario hacerlo, como lo es hoy. Por eso hoy sí voy a ir a la plaza.
¿Por qué es necesario? Porque estamos asistiendo nuevamente a una política del olvido, de la tolerancia mal entendida. Del falso consenso que, en realidad, esconde el cinismo de los que quieren evitar el conflicto vigente por derechos que, nuevamente, comienzan a ser ninguneados y bastardeados: los derechos humanos. Una política que quieren imponer que, dicen, se basa en el diálogo, pero que más se acerca al monólogo de algunos pocos que, posta, parecen no ver la realidad. O sí, pero no les importa.
Una política de supuesta “conciliación con el pasado”, donde el principio pareciera ser el perdón y el olvido. Una política que, sistemáticamente, pretende encarnizar las palabras del represor y dictador Jorge Videla al referirse a los torturados y asesinados durante su gobierno: “no están, no son”. ¿Con una persona que utilizó todos los recursos del Estado (represivos e ideológicos) para asesinar a quienes pensaban distinto hay que conciliar? ¿Hay que dejar atrás un pasado que hoy vuelve en su forma más perversa e inquisitoria? ¿Vamos a dialogar con los que, nuevamente, envalentonados por un cierto espíritu de época que creen los avala, definen a las Madres y Abuelas de Plaza de mayo como viejas locas? ¿Vamos a trabajar junto a los que defienden políticas sociales que denigran a las minorías y a los desposeídos? Al menos, yo no.
No pienso estar del lado de esa política que es definida vox populi, y acertadamente, como negacionismo. Con esa política que empezó con Darío Lopérfido declarando que no habían sido 30.000 los desaparecidos, sino 5.000 y pico. Y si bien no hay que reducir la represión a una cuestión de cifras (como pretenden hacer con esas declaraciones), ningunear a los desaparecidos es minimizar el terrorismo de Estado. Hubo un explícito retroceso en el impulso estatal a las causas de lesa humanidad desde diciembre de 2105 a la fecha. La visita de Barack Obama a la Argentina como invitado de lujo para rememorar los 40 años del Golpe de Estado cívico-militar, trajo aparejado el rechazo de muchas organizaciones de Derechos Humanos, ya que negó el apoyo de su país a la represión en Argentina. Macri además propuso, en febrero pasado, a Carlos Horacio de Casas ante la OEA para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). ¿Qué tiene esto de malo? Casas ejerció la defensa particular del represor mendocino Enrique Blas Gómez Saa.
Hace apenas tres días, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj afirmó que las organizaciones sociales y de Derechos Humanos “no deberían convertirse en factores de oposición ideológica” al Gobierno y cuestionó el hecho de que recurran a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “sin agotar el diálogo” en el país. Recordemos que Avruj es quien extendió a una ONG negacionista una respuesta a un pedido de informes en el cual se solicitaba un listado de “la cantidad de personas que se encuentren en situación de desaparición forzada o que, habiéndose encontrado en esa situación, hayan sido luego halladas sin vida”. Según dicho informe, entre el 12 de octubre de 1973 y el 9 de diciembre de 1983: los desaparecidos serían 7010. Está en el Registro Unificado de Víctimas de Terrorismo de Estado, justificó Avruj, desconociendo que el Estado se ocupó muy bien de borrar todo registro de los cuerpos e identidades de muchos asesinados, como por ejemplos, los arrojados al Río de la Plata en los llamados Vuelos de la Muerte.
Pero marcho también porque las políticas de derechos humanos denigran no solo la memoria por los crímenes de la represión ilegal. Son políticas que atentan violentamente contra los derechos conquistados por las históricas minorías: mujeres, aborígenes, el movimiento LGTB, etc. Por ejemplo, se intentó reducir el presupuesto destinado al Consejo Nacional de la Mujer; se están cerrando las oficinas del INADI en diferentes ciudades del país; Milagro Sala sigue criminalizada y presa; y ni hablar de todas las políticas económicas que empobrecen a los pobres y enriquecen a los ricos desde que asumió la actual gestión de gobierno.
Todo esto cala hondo en el inconsciente colectivo del pueblo. Las acciones que se difunden masivamente por los medios de comunicación, a la larga tienen efectos concretos sobre la conciencia de los ciudadanos. Marcho para que en la vidriera se vea otra cosa distinta a lo que quieren vender. Hoy sí creo que hay que salir y mostrarse en las calles. Y es necesario que vean que somos muchos más los que les decimos que no que los que ellos creen que somos. Que no queremos que destruyan la memoria colectiva que durante estos últimos años se vino gestando. Para que nos vean haciendo presente el pasado, para que no vuelva en su peor forma. Para que no seamos una generación de individuos que ignore quiénes son los que nos siguen matando.