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Ecos políticos tras la decisión del gobierno provincial de constituirse como querellante en la causa por el vaciamiento del Banco de Santa Fe. Rubén Galassi propuso que la provincia compre acciones de la entidad. Ariel Bermúdez pidió que avance la investigación penal entorpecida en los 90 por Víctor Brusa. Y Carlos Del Frade les apuntó a “los responsables del saqueo que andan impunes y son millonarios”.
El gobierno del Miguel Lifschitz pidió constituirse como querellante en la causa por el vaciamiento del Banco Provincial de Santa Fe. El mandatario firmó el martes 14 el decreto por el cual instruye al fiscal de Estado, Pablo Saccone, a pedir ante la Justicia Federal que la provincia pueda ser querellante en la causa penal, y otro por el cual se ordena desclasificar y publicar en Internet el informe de la Comisión Nogueras, encargada de investigar en los 90 el proceso de vaciamiento.
Como primer efecto de la decisión del gobierno de avanzar sobre la causa del banco, los diputados oficialistas propusieron que la provincia tenga participación en el capital accionario de la entidad. El jefe del bloque de diputados del socialismo, Rubén Galassi, presentó un proyecto de ley por el cual se autoriza al Ejecutivo “a iniciar y desplegar todas las gestiones, acciones y medidas necesarias para hacer efectiva la participación de la provincia en el capital accionario del Nuevo Banco de Santa Fe SA, así como su integración en el Directorio y/o Sindicatura de la entidad bancaria”.
“Los santafesinos fuimos privados de una herramienta clave para el desarrollo económico y social”, argumentó el ex ministro de Gobierno, según el cual la medida “apunta a que el Estado provincial pueda tener participación en una entidad financiera que promueva la producción, asista a empresas y ayude a modificar la matriz productiva”.
La mano de Brusa
Ariel Bermúdez, diputado provincial de la Coalición Cívica-ARI, calificó como “histórica” la decisión del gobernador de involucrarse en la causa por el vaciamiento del banco y remarcó que “el expediente refiere a 44 créditos otorgados en condiciones altamente inusuales para el sistema financiero argentino, con informes técnicos desfavorables, sin garantías, sin analizar la solvencia del tomador o su capacidad de pago. Estos préstamos se otorgaban a sabiendas de que no iban a ser pagados. Ello produjo, en gran medida, la descapitalización de la entidad”.
Bermúdez criticó “la manipulación del expediente por parte de funcionarios de la Justicia Federal”, en referencia al ex juez Víctor Brusa –quien archivó la causa en 1993–, y agregó: “Como surge del informe de la Proclac hubo claras intenciones de entorpecer las pesquisas con el fin de simular una investigación penal y, con ello, colocar la causa en un enorme laberinto y garantizar impunidad”.
¿Y los responsables?
El diputado del Frente Social y Popular, Carlos Del Farde, señaló que “el Banco Provincial de Santa Fe fue saqueado con responsabilidades políticas de los tipos que siguieron con la idea de disparar contra aquellos que defendían un banco como herramienta propia”. Y celebró “la intención de investigar y dar a luz a quienes fueron los responsables de este saqueo, que andan impunes y son millonarios”.
“¿Por qué se aplaude tanto la idea de intentar recuperar el Banco de Santa Fe? Porque recuperar el Banco de Santa Fe es recuperar todo lo que nos robaron en la provincia. Porque este Banco Provincial tiene una historia hecha a imagen y semejanza de sus laburantes, a imagen y semejanza de la gente que siempre defendió al banco”, agregó Del Frade.
El diputado opositor recordó la participación del ex ministro de Hacienda, Juan Carlos Mercier, en el proceso de privatización y la actuación del juez Brusa quien “cerró la causa por la investigación del saqueo del banco. Mercier y Brusa son las expresiones individuales de los intereses minoritarios que quieren hacer de esta provincia la propiedad privada de unos pocos y no el derecho de todos de ser felices”.
Una deuda de la democracia
También el concejal santafesino Leandro González se refirió al tema: “Necesitamos saber qué pasó y conocer los responsables. Es una de las mayores deudas de la democracia y necesitamos saldarla”.
“Después de 30 años la Justicia Federal intenta saldar la deuda que tiene con los santafesinos, disponiendo la reapertura de la investigación a fin de dilucidar lo sucedido con los hechos de corrupción que terminaron con la privatización del banco. Según un informe del propio gobierno provincial, provocó al Estado un perjuicio de más de 1.000 millones de dólares”, recordó González.
