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Producen 200 mil muertes al año y daños ambientales severos. Las multinacionales interfieren en los estudios científicos sobre el tema. Las recomendaciones afectan directamente el modelo transgénico de nuestra región.
La relatora especial sobre el Derecho a la Alimentación, Hilal Elver, junto al con Baskut Tuncak, relator sobre Productos Tóxicos, produjeron un informe sobre el efecto de los agroquímicos en la salud y en el ambiente, que fue presentado el 8 de marzo ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Para los especialistas la humanidad se encuentra en un “punto de inflexión”: “el modelo agrícola dominante resulta sumamente problemático, no solo por el daño que causan los plaguicidas, sino también por los efectos de estos en el cambio climático, la pérdida de diversidad biológica y la incapacidad para asegurar una soberanía alimentaria”.
Los especialistas tienen el ojo puesto en el modelo que combina la producción de semillas transgénicas con la aplicación de plaguicidas específicamente diseñados para matar todo lo que no sean las plantas que nacen de esas semillas biotecnológicamente tuneadas. Un modelo concentrado en pocas poderosas manos: “Fusiones recientes han dado lugar a tres únicas corporaciones poderosas (Monsanto y Bayer, Dow y Dupont, y Syngenta y ChemChina), que controlan más del 65% de las ventas mundiales de plaguicidas. Se plantean graves conflictos de interés, ya que estas empresas también controlan prácticamente el 61% de las ventas comerciales de semillas. Los esfuerzos de la industria de los plaguicidas por influir en quienes formulan las políticas y en las autoridades reguladoras han obstaculizado las reformas y paralizado las restricciones globales de plaguicidas en todo el mundo”.
La vida y el entorno
El resultado de este control mundial concentrado de la agricultura y la alimentación es tenebroso: “los plaguicidas son responsables de 200.000 muertes por intoxicación aguda al año, de las cuales el 99% se produce en países en desarrollo”.
“La exposición a los plaguicidas puede tener repercusiones graves en el disfrute de los derechos humanos, en particular el derecho a una alimentación adecuada y derecho a la salud”, afirman con más elegancia los relatores.
El panorama para los pueblos fumigados recuerda a los informes producidos a nivel provincial por la Universidad Nacional de Rosario: “Preocupan gravemente los efectos de la exposición crónica a los plaguicidas peligrosos. La exposición a plaguicidas se ha vinculado al cáncer, a la enfermedad de Alzheimer y a la enfermedad de Parkinson, a trastornos hormonales, a problemas de desarrollo y a esterilidad. Los plaguicidas también pueden tener numerosos efectos neurológicos, como pérdida de memoria o de coordinación o reducción de la capacidad visual o motriz. Otros posibles efectos son, por ejemplo, el asma, las alergias y la hipersensibilidad”.
Sin embargo, la advertencia es mucho mayor: “Hay pocas personas que no estén expuestas a los plaguicidas. La exposición puede producirse a través de los alimentos, el agua, el aire o el contacto directo con los plaguicidas o con sus residuos”.
Ahora o nunca
“El método más eficaz a largo plazo para reducir la exposición a estos productos químicos tóxicos es abandonar la agricultura industrial”, señalan los relatores especiales.
Las lagunas jurídicas respecto del control de los pesticidas son directamente proporcionales a las presiones que ejercen las multinacionales del agro tanto sobre la política como sobre la ciencia y la prensa.
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“Sigue existiendo una falta general de conciencia sobre el peligro que suponen ciertos plaguicidas, la cual se ve exacerbada por los esfuerzos de la industria para restar importancia al daño provocado y por la autocomplacencia de los Gobiernos, que a menudo afirman, llevando a engaño, que los marcos regulatorios y la legislación vigentes ofrecen protección suficiente”, dicen los relatores.
En lo que respecta a las restricciones legales, remarcan que hay cierto marco normativo, pero que es precario e impotente ante el poder de las empresas: Si bien el presente informe ha puesto de manifiesto que no faltan leyes nacionales e internacionales ni directrices no vinculantes, estos instrumentos no están logrando proteger a los seres humanos y el medio ambiente de los plaguicidas peligrosos. Presentan lagunas en materia de aplicación, cumplimiento y cobertura, y por lo general no logran aplicar de manera efectiva el principio de precaución ni alterar de manera significativa muchas prácticas comerciales. Los instrumentos que existen resultan particularmente ineficaces para hacer frente al carácter transfronterizo del mercado mundial de plaguicidas, como ha puesto de manifiesto la práctica generalizada y a menudo permitida por ley de exportar plaguicidas altamente peligrosos prohibidos a terceros países. Estas lagunas y deficiencias se deberían afrontar sobre la base de los mecanismos de derechos humanos”.
Sugerencias que impactan
“Sin utilizar productos químicos tóxicos, o utilizando un mínimo de ellos, es posible producir alimentos más saludables y ricos en nutrientes, con mayores rendimientos a largo plazo, sin contaminar y sin agotar los recursos medioambientales”, afirman los relatores, quienes al final del informe realizan una serie de recomendaciones hacia los Estados de gran relevancia a nivel regional, sobre todo en el marco de los (fallidos) debates sobre la línea agronómica que se dan en la Legislatura.
Extraemos algunas sugerencias de la ONU, el informe completo puede leerse aquí:
• Establecer amplios planes de acción nacionales que incluyan incentivos para apoyar alternativas a los plaguicidas peligrosos, y poner en marcha metas mensurables y vinculantes de reducción, con plazos concretos;
• Financiar amplios estudios científicos sobre los posibles efectos para la salud de los plaguicidas, incluidas la exposición a una mezcla de productos químicos y la exposición múltiple a lo largo del tiempo;
• Crear zonas tampón en torno a las plantaciones y explotaciones agrícolas hasta que se eliminen por completo los plaguicidas, para reducir el riesgo de exposición a ellos;
• Organizar programas de capacitación para agricultores con miras a concienciarlos sobre los efectos nocivos de los plaguicidas peligrosos y sobre métodos alternativos;
• Adoptar las medidas necesarias para salvaguardar el derecho a la información de la opinión pública, entre otras cosas introduciendo la exigencia de que se indiquen los tipos de plaguicidas utilizados y el nivel de residuos en las etiquetas de los alimentos y las bebidas;
