Entre el clamor de las bases y las negativas del gobierno, los conflictos laborales explotan.
“Si el gobierno quiere ir al desgaste, vamos a ir al desgaste”. La frase está dicha fuera de micrófono por un gremialista, provoca cierta desconfianza. ¿Habrá espalda y convicción suficiente? Los dirigentes sindicales también incumplen sus promesas, hasta que las bases les muerden los talones y les tarasconean las cachas, como pasó el 7 de marzo tras la masiva movilización que convocaran centrales gremiales, organizaciones sociales y partidos políticos, bajo la organización de la CGT. Los trabajadores se dieron su propia asamblea a pura corrida y puteada.
Los sindicatos son instituciones y sus dirigentes conducen la relación entre el Estado y los trabajadores. Por definición, en una situación de crisis, son más moderados que sus representados. No son los que ponen la leña al fuego, son los que tratan de negociar resoluciones a los conflictos. Una vez que apagan el megáfono y se sacan la pechera, son los que se tienen que sentar con los técnicos de los gobiernos y las patronales privadas a sacar cuentas. Son los que tienen que cuidar los puentes con el poder.
Las demostraciones de los docentes, el 6 de marzo, de la CGT, el 7 de marzo, y del movimiento de mujeres, el 8 de marzo, dicen que la calle está que arde. El gobierno no afloja en su política económica –no aflojemos, dice el presidente– centrada en controlar la inflación reventando el mercado interno vía caída del salario real y despidos y sosteniendo al Estado a través del endeudamiento. No es algo que vaya cambiar nunca: este modelo es así. Nada de esto fue ni es un error. Tampoco que ahora hayan elegido a los sindicalistas como principales enemigos.
Pero de este modo el gobierno está poniendo a las conducciones sindicales contra la espada y la pared, en un suicida cuello de botella para un año electoral. Un 18% de referencia en los aumentos es demasiada pérdida de salario real, tras un 2016 en el que el bolsillo fue para atrás y en el marco de una ola de despidos y de precarización que no cesa. Ahí es donde se vuelve muy creíble la frase en off. Para un dirigente sindical, ir al frente hoy reclamando aumentos del 35% no sólo se explica por sus principios y por su función como tal, sino que también es una estrategia de supervivencia necesaria ante los trabajadores, que están gruñendo feo.
Pausa dialogó con Sonia Alesso, la secretaria general de CTERA, José Testoni, el secretario general de CTA Santa Fe y adjunto de Amsafe, Patricia Mounier, secretaria general de Sadop y Claudio Girardi, secretario general de la CGT Santa Fe y de La Bancaria. Girardi elaboró una lacónica síntesis sobre cómo se aprestan los sindicatos para lo que vendrá: “No hay más tiempo para esperar, siguen los despidos, sigue la pérdida del poder adquisitivo”. Testoni se explayó un poco más “es un momento de inflexión en el modelo productivo nacional, también en el sector docente. No estamos sólo discutiendo puntos de salario, es un momento de inflexión. Estamos discutiendo si el Estado nacional va a invertir recursos en sostener la escuela pública en todo el país. Y en materia productiva es un momento de inflexión porque se está definiendo si se va a sostener esa política de apertura de importaciones y caída del salario real de los trabajadores”.
¿Serán estas paritarias de 2017 equivalentes al lockout ruralista de 2008? Ni modo. De este lado hay trabajadores que no quieren caerse a la banquina, del otro estaban los patrones de uno de los sectores con más rentabilidad del país, furiosos porque afectaban sus ganancias. Como mínimo son distintos los recursos para protestar. Es impensable que los sindicatos puedan ser orgánicamente apapachados por la prensa mientras ponen huestes a piquetear rutas sin concesiones, y a veces con armas, durante más de 100 días, o tienen conversaciones de borrachines del Jockey Club en la TV por cable respecto de cómo voltear a un presidente y poner en funciones al vice –como Mariano Grondona y el líder de la Sociedad Rural, Hugo Biolcatti– o salen a declarar que “si los legisladores ratifican las retenciones hay que disolver el Congreso”, una de las tantas expresiones de apego a la democracia y la república que se escucharon en aquel entonces, en este caso por boca del actual ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile. ¡Ah, desestabilizadores eran los de antes!
Sin embargo, mientras ya pasó el paro nacional docente del 15 y 16, que tuvo adhesión todos los niveles, y culminan las 48 horas de huelga del 21 y el 22, con las ya pasadas tres jornadas de movilización y cese de actividades del 6, 7 y 8, con el paro general del 6 de abril, se hace evidente que la lucha va a recrudecer y que va a durar largo rato.