De qué trabajan los que “no trabajan”

Los jóvenes despectivamente llamados “ni-ni” son, en su gran mayoría, mujeres que se dedican al cuidado de niños y adultos mayores, afectando sus propios proyectos de vida.

La estigmatización de los jóvenes no es una novedad. Son ese sector de la sociedad que siempre es mirado con desdén por los adultos que creen que ya vivieron todo y que los pibes no entienden ni les interesa nada.

Cada año, en algún momento del año, salen investigaciones, datos y cifras que hablan de los “ni-ni”, ese grupo de “vagos” de entre 18 y 29 años que ni estudia ni trabaja. Y que en una lectura rápida, que homogeniza las diversas realidades de esos jóvenes, lleva a referenciarlos como quienes se la pasan en la esquina tomando cerveza, o los que están cómodos en la casa de papá y mamá mirando Netflix y jugando a la Play, según el estrato social, claro.

Pero todas están investigaciones son fotos, recortes de la realidad, que muestran mucho más que lo que a simple vista dicen los titulares mediáticos de alto impacto.

El año pasado, por tomar un ejemplo, el relevamiento de una consultora privada, especializada en reclutamiento de personal, había precisado que en el país había 1.080.682 jóvenes se encontraban entre los ni-ni. Según las cifras del informe, de los 4,4 millones de jóvenes de entre 18 y 29 años que hay en Argentina, el 34,2% trabajaba, 26,7% dedicaba su tiempo a estudiar, un 10,3% trabajaba y estudiaba y un 3,3% estudiaba y buscaba trabajo. Por otro lado, un 24,6% de estos jóvenes no estudiaba ni trabajaba y, sobre ese porcentaje, un 17,3% no estudiaba, no trabajaba y además no buscaba empleo. Y un dato más, para nada menor, es que ese 17,3% estaba conformado por 589.000 mujeres y 179.000 varones.

Esto es trabajo

Los números muestran una realidad, sí. Analizar esos números y las diversas aristas que lo componen, es otro tema. El informe Jóvenes que cuidan: impactos en su inclusión social, presentado recientemente por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), arroja un poco de luz sobre la crudeza de las cifras “con el objetivo de destacar la importancia que adquieren las responsabilidades del cuidado durante la juventud como mecanismo que impide a los jóvenes una efectiva participación en la sociedad y enfatizar la necesidad de contar con políticas públicas que apoyen esa función”.

El estudio, basado en los datos de la Encuesta Nacional de Juventud, realizada por el Indec en 2014, muestra que cuatro de cada 10 jóvenes en el país tiene responsabilidades de cuidado, sobre todo de niños. Pero si desglosamos ese dato, las diferencias de género salen a flote: la proporción de mujeres que realiza esta importante función social duplica la de los varones. De esa forma, las jóvenes cuidadoras no solo representan el 82% del total de jóvenes mujeres que no estudian ni trabajan, sino también el 67% de todos los jóvenes, hombres y mujeres, que se encuentran en esa situación.

Pasando estos porcentajes a números concretos, la investigación muestra que de los 1.080.682 jóvenes catalogados como ni-ni, el 67% son mujeres que cuidan a sus hijos, hermanos o adultos mayores, y que si esa tarea de cuidado sería tomada como una actividad económica, la cifra de los ni-ni descendería a cerca de 320.000. “Lejos de tratarse de una población que ‘no hace nada’ y que es conceptualizada a través de la visión peyorativa y estereotipada del término ‘Ni-Ni’, una parte importante de estos jóvenes realizan, de forma no remunerada, tareas de cuidado esenciales para el sostenimiento y la reproducción de la sociedad”, explica el informe de Cippec.

Otro dato interesante, que continúa demostrando que esta actividad está muy lejos de ser ociosa, es el que evidencia que el tiempo que la población joven dedica al cuidado es mayor al tiempo dedicado a un trabajo a tiempo completo, ya que les insume, en promedio, unas 56 horas semanales. Y aquí, nuevamente, las mujeres duplican la cantidad de horas dedicadas al cuidado respecto de los varones, llegando a las 86 horas entre las de 25 a 29 años: una dedicación de tiempo completo de 10 horas diarias en promedio.

Embarazo adolescente

En Argentina, una de cada seis mujeres tiene su primer hijo antes de los 19 años, y este tipo de embarazos se da mayormente en contextos de desigualdad: siete de cada 10 madres jóvenes pertenecen a hogares de bajos ingresos. Un combo explosivo para el desarrollo del proyecto de vida de estas mujeres, con consecuencias críticas para su autonomía y empoderamiento, ya que ante la imposibilidad de acceder a sistemas de cuidado para sus pequeños que le permitan realizar otras tareas fuera del hogar, deben abandonar estudios y trabajo para dedicarse al cuidado de sus hijos.

El informe de Cippec remarca la necesidad del desarrollo de políticas que pueden prevenir la maternidad temprana, fundamentalmente la no intencional, que es la que se da en el 69% de los casos.

En este sentido, se hace referencia a una serie de programas con los que el país ya cuenta, aunque con aplicación dispar y sin las evaluaciones necesarias que permitan medir el impacto de los mismos. Uno de ellos es el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, establecido por la ley 25.673 en 2003, y al cual algunas provincias aún no han adherido, que se propone disminuir la morbimortalidad materno-infantil y prevenir los embarazos no deseados a través de la promoción del acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y reproductiva.

Pero además de la aplicación dispar por motivos de toda índole (voluntad política, religión, dinero), este programa, según una investigación del Centro de Economía Política Argentina (Cepa), sólo tuvo un 78,94% de ejecución presupuestaria durante 2016. Así como el Programa Nacional de Salud Escolar, que tiene como propósito promover el derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes con el objetivo de propiciar la accesibilidad al sistema de salud, que ejecutó apenas el 37,54% del presupuesto asignado.

Políticas públicas inclusivas

Ante la situación analizada en el informe, el Cippec realiza una serie de recomendaciones sobre políticas públicas que podrían reforzarse o implementarse para que las responsabilidades de cuidado no se constituyan en barreras para el acceso a ámbitos de desarrollo de capacidades humanas como el mercado laboral y la educación.

En este contexto, se referencia positivamente que la Asignación Universal por Hijo (AUH) haya extendido los beneficios que el sistema contributivo prevé para los trabajadores formales, a los trabajadores informales y desocupados, aunque aun resulta necesario complementarla con otra serie de medidas que promuevan el cuidado de calidad y que, a su vez, posibiliten la inserción en el mercado laboral de las madres.

Según consta en el informe, las asignaciones familiares cubren a un 30% de los jóvenes con hijos, la AUH a un 39%, un 9% de jóvenes con responsabilidades familiares no está cubierto por estar excluido por normativa y un 22% no recibe prestación alguna que contribuya a sostener la crianza de los hijos.

En cuanto al régimen de licencias familiares, en Argentina sólo el 50,4% de las trabajadoras y 49% de los trabajadores están cubiertos. La cobertura alcanza sólo a los trabajadores registrados y en relación de dependencia y excluye a monotributistas, autónomos e informales. Los sectores más vulnerables, mayoritariamente insertos en trabajos precarios e informales, no acceden a ningún tipo de licencia.

Los jóvenes, específicamente, se encuentran ante un panorama aún más complejo debido a las altas tasas de informalidad laboral en la que se encuentran: el porcentaje de informales entre los jóvenes asalariados que tienen hijos asciende a 44,8%, con lo cual casi la mitad de jóvenes que son padres no están comprendidos por el régimen de licencias que dote de tiempo remunerado para cuidar a sus hijos.

Para quienes sí pueden acceder al tiempo de licencia, la Ley de Contrato de Trabajo 20.744/1976 que regula las contrataciones formales en el ámbito privado, establece un permiso postnatal de 90 días corridos para la madre y de dos días para los padres.

En este tema, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Argentina se ubica en el puesto 113 de los 148 países analizados en licencia por maternidad, estando entre los que menos tiempo otorgan a madres y padres. En casi toda Europa, la licencia obligatoria para las madres ya es de 6 meses y en Canadá es de 1 año. En Latinoamérica, Chile da 126 días, Brasil 120 y Uruguay 84.

Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), indican que lo ideal es amamantar de forma exclusiva durante los primeros seis meses de vida, razón por la cual la OIT anima a sus estados miembros a extender la licencia a 18 semanas por lo menos.

En esta línea, diputados del bloque del Frente para la Victoria presentaron el proyecto de Ley de Protección de la Primera Infancia, que busca ampliar las licencias por maternidad a 180 días y paternidad a 30 días. Además crea la figura de la licencia por adopción y dispone que la licencia por paternidad se llame “del otro progenitor”, incorporando a las parejas del mismo sexo.

Piden datos provinciales

El diputado provincial Julio Garibaldi (PS–FPCyS) presentó un proyecto a través del cual se le solicita al Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) la producción de información referida  al uso del tiempo según género de la población de nuestra provincia, así como sobre las necesidades sociales del cuidado y los modos en que ellas se resuelven.

“Ello permitirá conocer cómo se distribuye el trabajo, tanto remunerado como no remunerado, entre hombres y mujeres, así como su evolución en el tiempo, permitiendo contar con información apropiada para el diseño de políticas públicas integrales, equitativas y transversales a todas las áreas del gobierno, en pos de la igualdad de género”, argumenta el texto.

En los fundamentos, además, se explica que “consideramos de imperiosa necesidad comenzar a romper con las prácticas discriminatorias de división sexual del trabajo, promoviendo acciones en base a las responsabilidades compartidas y equitativas entre mujeres y hombres en el ámbito familiar, superando los estereotipos de géneros y reconociendo la importancia del cuidado y trabajo doméstico para la reproducción económica y el bienestar de la sociedad”.

“Como Estado provincial y representantes del pueblo debemos impulsar acciones y políticas tendientes a una distribución social más justa y equitativa entre varones y mujeres, impulsando un cambio cultural, normativo y de gestión, desde una perspectiva de género”, finaliza el legislador.