Por más mujeres en el Estado

Con la ley de paridad frenada en el Senado, los avances en igualdad de género buscan otros caminos para abrir la participación en el sector público. Las voces de las especialistas.

El proyecto de ley de paridad no fue tratado por el Senado de la provincia y perdió estado parlamentario. Recién se podrá volver a discutir en 2018, aunque el propio gobernador Miguel Lifschitz había pedido, el pasado 8 de marzo, su tratamiento en la Legislatura.

Por decisión conjunta de los senadores –una cámara en la que hay 18 varones y una sola mujer–, el tema quedó postergado para el año próximo porque, según explicó el vicegobernador, Carlos Fascendini, “lo que hemos conversado es que en un año electoral no se tratan reformas electorales”.

El rechazo de los senadores al proyecto de paridad se choca de frente con la opinión de los especialistas en problemáticas de género, que vienen insistiendo en la necesidad de que el Estado –en todos sus niveles– avance hacia esquemas de igualdad de representación entre mujeres y varones.

“Aún existen cuellos de botella en la participación de mujeres del espacio público”, sostuvo Patricia Gómez, magíster en Derechos Humanos, directora ejecutiva del Centro Cultural Tierra Violeta de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología e integrante del equipo de investigación que lidera la Dra. Diana Maffia.

En el marco del Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos, que impulsa la provincia desde 2013 como un compromiso del gobierno para garantizar la igualdad entre mujeres y varones, se realizó el jueves 20 de abril una jornada de trabajo a cargo de la Subsecretaría de Políticas de Género, que contó con la presencia de Patricia Gómez.

La actividad denominada “Políticas públicas con perspectivas de género” se desarrolló en Casa de Gobierno y estuvo destinada a funcionarias, funcionarios y equipos técnicos de todos los ministerios del gobierno provincial y las secretarías de Estado que los componen. Participaron más de 50 integrantes de equipos técnicos del gobierno y representantes de municipios y comunas santafesinas.

El incipiente plan

El Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos fue diseñado en 2013. La actual subsecretaria de Políticas de Género de la provincia, Gabriela Sosa, afirmó que “es necesario ver qué pasó con la implementación del plan y pensar en actualizarlo agregando algunos temas de relevancia como la Justicia, poder pensar cómo poder incidir en otros poderes del Estado; el territorio, la relación con el primer nivel del Estado (municipios y comunas) y también entre los vasos comunicantes que existen y que son claves para fortalecer la prevención, la asistencia y la erradicación de las violencias”.

Sosa explicó que una de las acciones en la que se encuentra trabajando la Subsecretaría de Políticas de Género es un diagnóstico provincial sobre las situaciones de violencias, realizado con actores y actrices de la sociedad civil junto a los consejos regionales.

De acuerdo a ese diagnóstico, existen dos elementos que sostienen y replican las situaciones de violencias que viven las mujeres en territorio santafesino. Uno es lo afianzado y naturalizado en los lugares cotidianos permanentes de las relaciones tradicionales de género, lo cultural, la naturalización de las relaciones humanas que dejan a las mujeres en un lugar de desigualdad, de sometimiento. Y el otro problema planteado concretamente es el acceso a la Justicia, desde la recepción de la denuncia hasta el camino complejo para la restitución de derechos y la sanción del agresor.

“Ahí aparece la importancia de un plan de igualdad de oportunidades y derechos”, indicó Sosa. “Cada uno de los ministerios puede aportar a que la relación entre varones y mujeres sea más igualitaria, y a la vez articular entre las instituciones para el desarrollo y evaluación de estas políticas públicas. El gran desafío es colaborar en resolver estas situaciones que se plantean en este diagnóstico”.

Repaso histórico

La disertación de Patricia Gómez fue en relación el devenir histórico de la participación de las mujeres en los espacios públicos como sujetos de derechos. Sostuvo que la participación de las mujeres tiene que ver con la educación pública, la medicina y el derecho y afirmó que existen cinco conceptos que sintetizan este acceso: la exclusión, la inclusión, la presencia y permanencia, la representación y la paridad, sumando a las mujeres otros grupos subalternizados, como las personas con discapacidad, la comunidad LGTBI y los pueblos originarios, entre otros.

Gómez también aclaró que el hecho de que haya más mujeres en política no cambia la política, sino que incide en la incorporación de otros temas, como por ejemplo las leyes de salud sexual integral y de derechos reproductivos, estos temas suponen de por sí intereses de género.

Ante investigaciones realizadas por su equipo en relación a la participación e incidencia de las mujeres que ocupan cargos legislativos, se concluye que se dedican a todos los temas de la cámara, pero introducen temáticas que estaban vedadas por la subalternización de un grupo. “Sin las mujeres, hubiera sido impensable la implementación de la figura penal del femicidio, o las políticas en el Ministerio de Seguridad de promoción de mujeres dentro de las fuerzas de seguridad, o modificar la figura de delito contra el honor por el delito contra la integridad sexual, entre otras”.

Según Gómez, “si bien hay mayor número de mujeres en el espacio público aún hay cuellos de botella, por ejemplo en la paridad política”.

En la provincia de Santa Fe, el proyecto de ley de paridad tuvo media sanción de la Cámara de Diputados el 20 de octubre de 2016. Establece el reparto por mitades iguales entre varones y mujeres en las listas de candidatos para la Legislatura, los Concejos Municipales, las Comisiones Comunales, los partidos políticos y las eventuales elecciones para convencionales constituyentes. A fines de marzo, el vicegobernador Fascendini explicó la posición negativa del Senado ante la exigencia del movimiento de mujeres: “Todos los temas tienen tiempo para ser procesados. Esta elección (2017) es fundamentalmente municipal y comunal. Es la elección provincial (2019) en la cual habría más necesidad de estudiar a fondo esta reforma”.