Denuncian en la ONU violación a los derechos humanos por el uso de agrotóxicos en la Argentina

Durante la 35° sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la ONG internacional CETIM pidió acciones urgentes para detener los “nefastos” impactos de los pesticidas en la salud en el país.

“Estamos alarmados por la situación en la región de la llanura argentina”, dijo Rafaele Morgantini, integrante de la organización Centre Europe Tiers Monde (CETIM). Desde 1981, la ONG tiene estatus consultivo en la ONU, es decir, la posibilidad de denunciar violaciones a los derechos humanos y presentar propuestas.

“En las zonas agrícolas se rocían venenos muy cerca de escuelas, casas y ríos, violando así las leyes sobre las distancias de aplicación de fitosanitarios”, advirtió Morgantini este martes durante la primera jornada del 35° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. “Estudios académicos demuestran que se han triplicado las enfermedades crónicas por envenenamiento, el cáncer pasó a ser una de las causas más probables de muerte en la región y las enfermedades mentales relacionadas aumentaron copiosamente”.

Emergencia y pedido de investigación

La organización pidió que se declaren “con urgencia” las áreas fumigadas como zonas de emergencia sanitaria para evitar que los pueblos afectados sigan respirando venenos contra su voluntad. “Instamos al gobierno a que adopte medidas para poner fin a esta situación que atenta contra la salud de su pueblo, en conformidad con la ley general de ambiente, la de residuos peligrosos, el artículo 41° de la Constitución y el Pacto Internacional de derechos económicos sociales y culturales, ratificado por Argentina”, sostuvo.

Además, pidieron que la ONU visite la zona, a través de un relator especial por el derecho a la salud, “para investigar dichas violaciones de derechos humanos”.

El artículo 41 de la Constitución Nacional sostiene: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.

Desde Lucio V. López

La denuncia llegó a la ONU por la movilización de asambleas de pueblos fumigados locales. Paola Carizza, integrante de los Vecinos Autoconvocados de Lucio V. López (una localidad de 700 habitantes situada en el departamento Iriondo, a 44 kilómetros de Rosario y a 132 kilómetros de Santa Fe), contó a Pausa que lograron ser oídos por CETIM, con sede en Suiza, gracias a familiares y compañeros que viven en Ginebra y otras ciudades europeas. “Necesitamos que se escuche nuestro reclamo. Ante la falta de respuestas del Estado argentino decidimos recurrir a organismos internacionales”, dijo la mujer.

Al recibir la denuncia, la ONG tomó contacto con asambleas de pueblos fumigados, redes de médicos y abogados y elaboró una declaración oficial, cuyo fragmento se leyó durante la asamblea de la ONU.