El mapa de una ciudad con necesidades

Según el Relevamiento Nacional de Barrios Populares, en la ciudad hay 52 villas y en toda la provincia 333. A la falta de servicios básicos se suma el riesgo de habitar áreas inundables.

Se los conoce como villas, asentamientos o urbanizaciones informales. En nuestra ciudad suman un total de 52 y se localizan en el norte, oeste y la zona de la costa. En el departamento La Capital se localizan 69, en la provincia 333 y cuatro mil en el país. Así lo indica el Relevamiento Nacional de Barrios Populares (Renabap), realizado entre agosto de 2016 y mayo de 2017, cuyos resultados fueron publicados en el Boletín Oficial el pasado 23 de mayo. Según reza el mismo texto oficial, se entiende por barrio popular aquel que supone una ocupación del suelo, presenta condiciones de precariedad y hacinamiento, no cuenta con acceso formal a por lo menos dos servicios básicos (agua corriente, energía eléctrica con medidor domiciliario y cloacas), tiene una situación dominial irregular, presenta un mínimo de ocho familias agrupadas y la mitad de sus habitantes no dispone del título de propiedad.

Estos datos son el resultado de un trabajo, impulsado por el gobierno nacional, que en el territorio llevaron a cabo diferentes organizaciones sociales. En la capital santafesina, la tarea estuvo a cargo de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Cáritas y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep).

“Para los que estamos trabajando en los barrios, los números no sorprenden. Sin embargo, es importantísimo tener exactitud porque nos permite cuantificar las problemáticas específicas. Es una herramienta tangible para saber de qué hablamos cuando decimos que la pobreza se multiplicó, que las necesidades son muchas y que las necesidades básicas no son satisfechas por los gobiernos nacional, provincial y local”, sostuvo Nadia Céspedes, integrante de la Ctep Santa Fe por el Movimiento Evita.

Para la referente, resulta imprescindible emprender un “análisis profundo de las estadísticas” porque “detrás de esos números hay realidades que no están lejos de nosotros. Los números dicen que en Santa Fe hay 52 asentamientos. Se toma grupos de ocho familias, lo cual es poquísimo. Ocho es nada –subrayó–. Sabemos que en un terreno están viviendo 30 y pico de personas. Caminamos muchos esos barrios y nos dimos cuenta cómo se ha extendido la barriada y sobre todo el cordón de la costa, tanto en el oeste como en el este”.

A partir del Renabap, la Nación entregará –mediante el Anses– un Certificado de Vivienda de Familias que permitirá tramitar la demanda de servicios o necesidades (luz, agua, cloacas, gas, Cuil o Cuit) con el domicilio establecido en el propio relevamiento. Para Ctep Santa Fe el gran interrogante se plantea a la hora de saber cómo se instrumentarán las políticas públicas que reviertan aquellas condiciones que, en muchos casos, alcanzan la indigencia. “¿Cómo se va a articular? ¿Lo va a hacer la Provincia, la Nación o el Municipio?”, observaron. Y agregaron: “¿Era necesario un relevamiento nacional para saber cuántos y cuáles eran los barrios populares? ¿Era necesario un relevamiento nacional trabajado desde organismos sociales?”.

“Desde la gestión de Mauricio Macri, sabemos que se duplicó la pobreza. Hay gente que todos los días está ingresando a ese nivel de indigencia. Desde hace mucho tiempo, las políticas de acceso a la vivienda a nivel nacional no se dieron. Si bien el Procrear fue un programa de acceso para una gran mayoría y fue un gran acierto, hubo mucha gente que no tuvo acceso. ¿Qué hacemos con las personas que no llegan a eso?”, postuló Céspedes.

[quote_box_right]Céspedes: “hay cada vez menos trabajo formal; la gente se está tirando al trabajo informal, al cirujeo, a hacer pan casero, a coser, changas”.
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Al momento de describir la realidad de los barrios afectados por la carencia y la necesidad, otra militante de la Ctep Santa Fe, Agustina Vidal, consideró que lo que se observa es un “abandono total”. “Fuimos a barrios donde hay gente viviendo con familias de nueve personas. Para mí, la palabra es abandono, es no estar presente para generar contención y acompañamiento”, expresó. Su compañera Céspedes añadió a propósito que “hay cada vez menos trabajo formal; la gente se está tirando más al trabajo informal, al cirujeo, a hacer pan casero, a coser, changas. Eso no da un ingreso fijo. No hay laburo, por ende, hay gente en los barrios de Santa Fe que no sabe si esta noche va a comer. La falta del acceso al agua es increíble, no hay transporte, no entran las ambulancias porque no hay alumbrado público. Estamos hablando de vivir en lugares que no son habitables”. Y, claramente, “el estado de las calles es terrible, son calles de tierra, pero es barro. No se puede transitar, no se puede caminar. Cuando llovía no podíamos ir”, consignó Macarena Ghisoni, miembro de la misma organización, que en Santa Fe capital agrupa al Movimiento Evita, Patria Grande y MP La Dignidad.

Concretamente, en estos asentamientos no sólo son precarias las condiciones en cuanto a cloacas, agua potable, electricidad, falta de alumbrado público y de pavimento, también el acceso a la salud se ve restringido ante la distancia de los centros de salud. “Una mamá de barrio popular tiene cuatro o cinco chicos que asisten a la escuela. Su marido hace changas y ella tiene que salir a trabajar y tiene el centro de salud a 50 cuadras. No tiene colectivos cerca. Son personas desamparadas, amén de la poca formación que tienen sobre sus derechos”, enfatizó Céspedes.

Otro hecho significativo que ilustra la realidad de los habitantes de los barrios populares se inscribe en dos tipos de reacciones. “Está el vecino que está harto del Estado porque el Estado nunca le respondió nada o está el otro, que cuando ve que vas con buena voluntad, espera que le soluciones todos los problemas. Y las organizaciones somos herramientas, pero hay obligaciones que son puramente del Estado. Nuestro objetivo es que el compañero del barrio se organice y entienda que es un sujeto de derecho”, fundamentó Céspedes.

Finalmente, la propia referente de Ctep bregó por un trabajo articulado a la hora de ofrecer respuestas. “¿La solución va a venir de la mano del Estado o las organizaciones que estuvimos dentro vamos a ser parte de esa solución? Lo lógico es que se sienten con los vecinos y que con esos vecinos se busquen las soluciones. Hay falta de voluntad. Hay que pensar en un Estado que realmente satisfaga las necesidades. Muchas organizaciones se están poniendo al hombro la contención que hace falta en los barrios”, remató.

Regularización o reubicación

De cara a la problemática de la vivienda, a partir de 2007, la Municipalidad elaboró un diagnóstico socio urbano ambiental sobre lo que denomina asentamientos urbanos informales. Y también lleva adelante el Plan de Regularización Dominial. Al respecto, Sara Lauría, directora de la Agencia Santa Fe Hábitat del Municipio, contextualizó la situación al esgrimir que “la informalidad de los barrios tiene que ver con una realidad latinoamericana. Las ciudades han crecido dejando a gran parte de la población por fuera de los mercados de tierra y de vivienda. Hay un origen macroeconómico de la situación de familias que no han elegido vivir donde viven. El Estado no ha acompañado esos procesos de crecimiento de la ciudad informal”.

En ese orden, la funcionaria comentó que, durante 2016, se firmó un convenio “con el Plan Nacional de Hábitat por más de mil millones de pesos para llevar agua, cloaca, pavimento, vivienda y reubicación de viviendas en riesgo hídrico”. Amén de tales acciones, Lauría resaltó que “el enfoque integral no es solamente una cuestión de obras. Si bien es importante y es una responsabilidad indelegable del Estado llevar servicios básicos, la intervención en el soporte físico de la ciudad no genera mejoramiento de la calidad de vida de por sí”. En tal sentido, ponderó que “hoy tenemos un plan de desarrollo de la ciudad, un plan urbano, un plan de reubicación de familias y áreas de intervención que se han priorizado”.

Acorde a los datos brindados por Sara Lauría, “en 2007, eran 15 mil las familias que vivían en asentamientos urbanos informales. Ninguna tenía el título de propiedad de la vivienda. Diez mil de esas familias vivían en terrenos municipales. Se construyó desde 2008, con organizaciones como el Movimiento Los Sin Techo, Canoa y las vecinales, el Plan de Regularización Dominial que consistió en el diagnóstico, el dimensionamiento sociofísico y la generación de metodologías que nos permitieran hacer efectivo el derecho a hacer dueño que tenían más de 10 mil familias santafesinas”. En sintonía con ese plan se instrumentó la ordenanza 11.631, “desde el enfoque del derecho y sobre la base del valor social del suelo”. “La ordenanza le da marco legal, institucional y jurídico a las metodologías para la regularización de los asentamientos desde el punto de vista dominial”, ponderó.

De ese modo, al día de hoy “son cinco mil las familias que ya tienen escritura inscripta el Registro de la Propiedad. Hacen su aporte, compran el terreno a un valor que es accesible. El Municipio va a los barrios, los operativos son masivos. Compran el terreno y es gratuito el proceso de escrituración”, precisó la directora.

A su vez, la misma ordenanza establece una Constancia de Ocupación que “acredita que la familia vive en esa casa”, se le acredita un domicilio y con ella puede acceder a servicios.

[quote_box_right]Lauría: “el año pasado recibimos ayuda de la Nación, en el marco de la emergencia hídrica, para dar una solución segura y definitiva a 280 familias”.[/quote_box_right]

Un tema sensible e insoslayable abarca a las 1500 familias que habitan en áreas con riesgo hídrico. “No estamos hablando de reservorios, sino en los valles de inundación de los ríos Paraná y Salado. El año pasado recibimos ayuda de la Nación, en el marco de la emergencia hídrica, para dar una solución segura y definitiva a 280 familias porque son las primeras que sufren el impacto en las crecidas ordinarias”, postuló. Para esa realidad, se elaboró un plan de reubicación que “prioriza las situaciones más críticas”.

Con relación al traslado de las personas vulnerables a la inundación, las integrantes de la Ctep opinaron que “viene el municipio o el gobierno de la provincia y proponen otros terrenos, con viviendas, servicios, pero tienen que pagar luz, impuestos provinciales y municipales, más el servicio de cloaca y el gas natural. Calculemos cinco mil, seis mil pesos. ¿Qué familia tipo se va a querer ir si no tiene trabajo fijo, tiene cinco pibes, la mujer limpia casas, el marido corta pasto y apenas entre los dos juntan cinco mil pesos para comer? Prefieren arriesgarse a la inundación y perder algo, que correr con cinco mil pesos de gastos por mes”.