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Mientras los candidatos y candidatas se expresan en contra o esquivamente, y brutamente también ("Si hay una beba adentro… ¡Ni una menos! Porque también la están matando", Esteban Bullrich dixit), cuando se les pregunta sobre su postura respecto de la legalización del aborto, y piden un debate profundo como forma de dilatar definiciones, al menos 100 mujeres mueren por año en el país y unas 60 mil deben recibir asistencia a causa de complicaciones en procedimientos clandestinos.
Pero esas mujeres no son cualquier mujer o todas las mujeres que deciden practicarse un aborto. Son, en su mayoría, mujeres pobres, que no pueden pagar el procedimiento en una clínica privada ni acceder al medicamento que la Organización Mundial de la Salud recomienda para practicar abortos seguros, el misoprostol. Nuevamente queda en evidencia que el aborto seguro es una cuestión de clase.
Según denunció ante el INADI la abogada María Elena Barbagelata –precandidata a diputada por Convocatoria Abierta por Buenos Aires– el misoprostol aumentó, desde 2015 hasta hoy, un 300%. En este sentido, comentó que la caja de 16 comprimidos de Oxaprost (nombre con el que se comercializa), que costaba 611 pesos en noviembre de 2015, pasó a costar $2479, más de un 2700% más caro que en países como Francia.
El medicamento, además, sólo es producido y comercializado por el laboratorio Beta que, según manifestó Barbagelata, "abusa de su posición dominante e impone precios exorbitantes". La denuncia ante el INADI la realizó por considerar que está dificultad en el acceso es un acto de discriminación. "El excesivo e injustificado costo del medicamento directamente imposibilita su compra, discriminando a todas las mujeres en general, pero en particular a las más pobres, a quienes padecen discapacidad y a las niñas y adolescentes", expresó.
La abogada denunció asimismo la falta de políticas públicas que aseguren la disponibilidad y accesibilidad en centros de salud de este medicamento esencial para ejercer el derecho al aborto en los casos en que la normativa establece que es legal. Lo que en definitiva fomenta la compra y venta de pastillas por unidad por fuera del mercado formal.
