La educación sexual que resiste

Santa Fe, una de las pocas provincias que sostiene la Educación Sexual Integral desde 2008.

Cuando se habla de cómo prevenir la violencia de género –física, psicológica, económica–, los abusos sexuales, los embarazos no planificados, llegamos siempre al mismo punto, a la misma respuesta: la educación. Y, más específicamente, la educación sexual integral (ESI).

Nuestro país cuenta, desde 2006, con la ley 26.150 que aborda esta temática. Ley que fue exigida y militada por el movimiento de mujeres y de la diversidad sexual, pero que hoy, más de una década después, no logra afianzar su implementación a lo largo y ancho del territorio nacional y de un sistema educativo que en cada provincia tiene sus particularidades.

La normativa nacional, específicamente, ponía a los estados provinciales en la responsabilidad de incorporar la ESI a sus sistemas educativos, desde el nivel inicial hasta el superior. Por eso Santa Fe, en 2008, creó el programa “De ESI se habla”, que hoy cuenta con un equipo de 45 profesionales de diversas áreas.

Santa Fe es de las pocas provincias que puede mostrar un trabajo sostenido en la temática, el cual incluye, entre otras cosas, la formación a docentes en servicio y la incorporación de la ESI en la currícula de los profesorados. “Entre el año pasado y este están egresando los primeros docentes que en su formación tuvieron un seminario específico de educación sexual integral”, comenta Fernanda Pagura, coordinadora del programa provincial. “Son cursos específicamente armados y que hemos ido cambiando según las necesidades territoriales, del sistema educativo, de las transformaciones que vamos observando en las demandas, en las preguntas”.

Durante este 2017 el programa estará cubriendo la totalidad de las aproximadamente cinco mil instituciones educativas de la provincia, en sus niveles inicial, primario y secundario. Es decir que, desde 2009, todas pasaron al menos una vez por las capacitaciones en ESI.

Pero, tal como lo expresa Pagura, “esto no es lineal ni es una ecuación matemática. A las escuelas se las invita, envían a los docentes que eligen según sus propios mecanismos, y luego las instituciones asumen una responsabilidad de ir incorporando la ESI en sus currículas, en sus aulas, pero esto ocurre de maneras diversas, y en algunas directamente no ocurre. Hay escuelas que deciden no capacitarse”.

—¿Por qué es posible esto cuando hay una ley que obliga a hacerlo?

—Las ministras de Educación que tuvimos desde entonces –Leticia Mengarelli y Claudia Balagué– plantearon el que sea una opción tomar estas capacitaciones, no obligar, porque sabemos que la sexualidad es un tema complejo, que toca aspectos de la subjetividad, y por eso se decidió esperar, total teníamos todo el universo de instituciones por delante para trabajar. Pero ya pasado este tiempo, no hay opción. Hay que empezar a trabajar en ESI, sea como sea. Ya dimos un tiempo como para que esto pueda decantar, que se reconozca el derecho del estudiantado, ahora las escuelas ya tienen que estar trabajando fuertemente en la temática.

—¿Cómo se trabaja con las escuelas privadas y confesionales?

—La ley abarca a todas las escuelas, por eso todas reciben la invitación a capacitarse. Hay algunas confesionales muy comprometidas con el tema, hay otras donde es más difícil, pero esto también nos pasa en las públicas, porque hay docentes que por sus convicciones religiosas se resisten y eso atraviesa el aula. En eso necesitamos seguir trabajando, en poder diferenciar entre un posicionamiento personal y un posicionamiento en clave de derechos.

Luego de casi diez años de trabajo del equipo ESI provincial, Pagura comenta que en el Ministerio de Educación se están armando sistemas de monitoreo de políticas públicas, creando indicadores observables, medibles, para poder evaluar el alcance del trabajo realizado hasta el momento. “Ahora podemos cuantificar cuántas escuelas pasaron por las capacitaciones, pero también estamos haciendo análisis más cualitativos, como por ejemplo qué preguntas hace la docencia. Ahí nos encontramos con que en 2008 nos preguntaban si tenían que pedir autorización a las familias para dar ESI; hoy ya no se hace esta pregunta porque está incorporado que la ESI es un derecho del estudiantado. Ahora aparecen otras preguntas, más relacionadas a vulneración de derechos que antes no aparecían, como abuso sexual, situaciones de violencia, discriminación por identidad u orientación sexual. Estas no aparecían antes, es un cambio cualitativo que habla del impacto de lo que es una política pública sostenida en el tiempo en una temática compleja, cargada de tabúes y que nos compromete en nuestra subjetividad, y que por eso es doblemente difícil de abordar”.

Achique y vaciamiento

En 2008 también se creó, con sede en Buenos Aires, el equipo nacional de ESI. “Un equipo de primer nivel, bajo la dirección de Mirta Marina, que se dedicó fuertemente a la creación de materiales para proveer a los equipos provinciales y que armó capacitaciones específicas para aquellas provincias que las solicitaban, que eran las que no tenían una política sostenida en torno a la ESI, no es el caso de Santa Fe porque acá tenemos presupuesto propio para capacitaciones, en eso no dependemos de Nación, pero sí usamos los materiales que ellos producen”, comenta Pagura.

Desde el cambio de gestión a nivel nacional, gremios docentes, movimientos feministas y diversas organizaciones, vienen denunciando el desguace del programa y que, bajo el pretexto de federalizar, el Estado nacional se desliga de sus responsabilidades en el tema.

Sobre esto, Pagura afirma que, efectivamente, en 2016 y 2017 no recibieron los materiales que habitualmente llegaban desde la órbita nacional. “No realizaron nuevas ediciones, la última remesa de materiales fue en diciembre de 2015, por lo que si te quedaste sin materiales, ya no hay más”.

En Santa Fe las capacitaciones están garantizadas, pero en la mayoría de las provincias esta ausencia del Estado nacional se traduce en ausencia de la ESI en las aulas. “El problema de que se desintegre el equipo nacional, que pasó de tener unas 18 personas a sólo tres, tiene que ver con las diferencias abismales que hay entre las jurisdicciones. Hay provincias que si no están apuntaladas por el equipo nacional no hacen nada. No es nuestro caso porque acá es política de Estado, pero de todas formas debilita a todas las provincias, por la falta de acompañamiento, de producción de materiales”.

Ley provincial

Para evitar a nivel local esos vaivenes que traen, muchas veces, los cambios de gestión, sobre todo bajo signos políticos nuevos, es que desde 2016 se viene impulsando la sanción de una ley provincial que dé sustento y resguardo al trabajo que el equipo de ESI viene realizando desde 2009. “Este proyecto, que tiene la autoría del diputado socialista Julio Garibaldi, incorpora el cómo va a implementarse en las aulas, algo que no está en la ley nacional. Esto solidifica una línea de trabajo que no puede perderse más allá de quién esté en la gestión, y que evitaría lo que vemos ahora a nivel nacional, con los cambios políticos e ideológicos que atentan contra estos programas. La sexualidad es uno de los dispositivos regulatorios de nuestra sociedad, es la dimensión de lo humano donde todo el tiempo tenemos que dar cuenta de porqué son derechos, y sobre todo las mujeres. El proyecto provincial reconoce esta necesidad y toma lo mejor de la ley nacional, los antecedentes de leyes de otras provincias, como Buenos Aires, y mejora cuestiones que tienen que ver con la concepción de género, de diversidad sexual, incorporando todas las leyes aprobadas en este sentido desde 2006 hasta hoy”, explica Pagura.

Este proyecto de ley, que ingresó a la Legislatura en junio de 2016, parecía encaminarse a la media sanción de la Cámara de Diputados en mayo de este año, pero una serie de presiones externas hicieron frenar su avance cuando la normativa ya se encontraba en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Según informó la periodista Mariana Steckler, en el portal Diario Santa Fe, estas presiones provinieron del Consejo de Pastores de Rafaela y Zona, quienes le hicieron llegar una carta al diputado Roberto Mirabella (PJ), y desde allí al presidente de la cámara, Antonio Bonfatti, expresando su “preocupación” ante el avance del debate de la Ley ESI y solicitando que “se frene en la Comisión de Asuntos Constitucionales”.

Embarazo adolescente

En Pausa #197, el director por la Salud en la Niñez, Adolescencia, Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de Santa Fe, Alberto Simioni, informó que durante 2016 se registró el nacimiento de un niño de madre menor de 15 años cada día y medio. Es decir, que esa franja supone el 0,4% de los nacimientos totales, mientras el 14,3% compromete a las adolescentes de entre 15 y 19 años.

Si bien hay una disminución de la tasa en la franja menor a 15 años, el dato sigue siendo alarmante y demanda políticas públicas, como bien lo referenciaba Simioni al hablar de causas sociales, económicas, demográficas y al resaltar el valor de la educación sexual para hablar “sin tapujos sobre lo que es la sexualidad, la actividad coital y la prevención de las enfermedades de transmisión sexual y del embarazo”.

Embarazo precoz, cuestión de Estado

Respecto de los embarazos de niñas y adolescentes, Fernanda Pagura reflexionó: “Hay dos cosas para señalar, una es que no se habla de las paternidades adolescentes, ni de los varones que embarazan; y otra es que muchos buscan causas que están vinculadas a cuestiones individuales, hablando del proyecto de vida, que la chica no conoce, no sabe. En realidad hay que cambiar la óptica, pensar como sociedad, como Estado, qué podemos hacer para que esa niña no se encuentre en esa situación. Entonces ahí aparece la necesidad de políticas públicas en ESI, la desmitificación de prácticas discriminatorias, de los mandatos y estereotipos de género, el acceso a los métodos anticonceptivos, que debe ser garantizado por el Estado”.

Tanto Simioni como Pagura, hicieron referencia a la necesidad de tener una mirada crítica respecto de estos embarazos, que en muchos casos pueden ser producto de un abuso sexual: “El abuso se da mucho en el ámbito doméstico y por eso trabajamos esto muy fuerte en nivel inicial y primario. El factor de riesgo en el abuso es el silencio, la falta de redes de sostén de niños y niñas, por eso intentamos formar adultos que puedan convertirse en ese sostén e identificar este tipo de situaciones”.