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Decenas de agentes de la Policía santafesina son investigados en causas que van desde el fraude hasta el asesinato. Salpicado por el escándalo, el gobierno prometió ir “hasta el hueso” con las reformas “caiga quien caiga”.
Detenciones masivas de agentes policiales en Santa Fe y Rosario pusieron en crisis a la fuerza y causaron un cimbronazo dentro del gobierno. El ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro demoró casi dos semanas en hacer declaraciones al respecto; cuando lo hizo, fue para apoyar las investigaciones judiciales. Hay decenas de uniformados sospechados de delitos que van desde fraude hasta asesinato y un ex jefe, Rafael Grau, detenido en el pabellón para policías de la cárcel de Las Flores.
El caso Casco
La seguidilla comenzó el primer fin de semana de septiembre, en Rosario, con la detención de 31 agentes en el marco de la causa que investiga la muerte de Franco Casco ocurrida en octubre de 2014. Entre los detenidos hay dos altos jefes: el titular de Asuntos Internos, Aníbal Candia, y el titular de la Comisaría 7º de Rosario al momento de la desaparición de Franco, un joven de 20 años que apareció flotando en el río Paraná casi un mes después de su detención en esa comisaría. A los policías detenidos se suman el médico forense que realizó la autopsia y los dos peritos odontológicos que lo asistieron, todos investigados por encubrimiento.
“No tengo dudas de que a Franco Casco lo mataron y lo tiraron al río”, dijo el fiscal de la causa Marcelo Digiovani. La querella y la Fiscalía coinciden: a Franco lo detuvieron el lunes 6 de octubre a la noche, lo golpearon hasta matarlo y lo arrojaron al río. Tres semanas después su cuerpo apareció en el Paraná y lo identificaron por los tatuajes. Sin embargo, la familia todavía no sabe si el cuerpo enterrado en el cementerio de la localidad bonaerense de Florencio Varela pertenece a Franco: dos exámenes de ADN dicen lo contrario.
[quote_box_right]“No tengo dudas de que a Franco Casco lo mataron y lo tiraron al río”, dijo el fiscal de la causa Marcelo Digiovani. El hecho ocurrió en 2014.[/quote_box_right]
La familia de Franco debió batallar mucho para que la causa pasara del fuero provincial al federal, para que la muerte de Franco sea investigada como desaparición forzada, cargo que finalmente aceptó el juez federal rosarino Carlos Vera Barros.
Perseguidos y acribillados
El lunes 4 de septiembre, también en Rosario, fueron detenidos 18 agentes del Comando Radioeléctrico y de la Policía de Acción Táctica (PAT) en el marco de la causa por la ejecución de Emanuel Medina y David Campos.
Emanuel, de 32 años, y David, de 28, fueron acribillados el 23 de junio al mediodía. Según la primera versión, Medina conducía el auto de Campos, trataron de esquivar un control vehicular en avenida Grandoli y Gutiérrez y por ese motivo los persiguieron. Pero los familiares lo negaron: “Tenemos la información para decir que no había control. Fueron dos motos de la PAT. Los chicos iban con los vidrios altos y escuchando música. Nunca sintieron la voz de alto y cuando le dispararon al auto desde atrás se escaparon. La persecución duró 35 minutos”. A Emanuel le metieron nueve balazos y a David cuatro.
Los 18 policías acusados fueron imputados el 6 de septiembre. Sólo a uno el fiscal Adrián Spelta lo acusó de homicidio calificado por abuso de su función y a los otros 17 agentes por encubrimiento doblemente agravado y falsedad ideológica. Cinco mujeres policías terminaron con prisión domiciliaria, para el resto de los agentes el juez dictó la prisión preventiva efectiva por 60 días.
Reventa de autos
El 7 de septiembre el jefe y el subjefe de la Comisaría 2º de Santa Fe, junto al subjefe del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé, fueron arrestados por la venta de un automóvil que estaba secuestrado en esa comisaría. Cuatro días después salieron bajo fianza. La investigación está a cargo de la fiscal María Laura Martí, que solicitó la prisión preventiva de los tres imputados.
Las horas extra
El segundo fin de semana de septiembre se hizo pública una investigación del Ministerio Público de la Acusación por manejos irregulares de los fondos de las horas Ospe: las “horas extra” de los policías. Alcanza a casi 100 uniformados de la Unidad Regional I (La Capital).
El fiscal regional Carlos Arietti sostuvo que “en las maniobras estaría involucrado personal policial de distintas jerarquías”. Las irregularidades investigadas se habrían cometido en el período 2015-2016. Desde la Fiscalía aclararon que mientras dure el proceso no se difundirán detalles porque “rige en términos absolutos” el secreto de sumario.
Otro jefe preso
El ex jefe de Policía Rafael Grau y dos agentes en actividad fueron detenidos el 12 de septiembre por ilícitos relacionados con el arreglo y cambio de repuestos de móviles policiales. El fiscal Roberto Apullán también ordenó la detención de cinco civiles.
[quote_box_right]“No es lo mismo la corrupción en una esfera baja que en una esfera alta. En ese sentido seremos implacables”, dijo el ministro Pullaro.[/quote_box_right]
La investigación se inició en mayo de 2016 a raíz de una presentación efectuada en la Fiscalía por el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro; en ese momento, indicó que recibió un sobre cerrado con una denuncia anónima referida al tema.
El año pasado hubo seis allanamientos y fueron secuestrados cinco automóviles, cuatro camionetas y un colectivo, todos vehículos oficiales de la Policía. Dos expertos de Gendarmería Nacional peritaron los móviles para determinar si los habían reparado con cambio de repuestos.
Declaró Pullaro
Recién después de ese caso, el ministro Pullaro rompió el silencio para defender la actuación de la Justicia: “La decisión es ir hasta el hueso, aquí no se cubre a nadie”. Pullaro dijo el mismo día de la detención de Grau: “Nosotros vamos con toda la fuerza contra la corrupción institucional. Pero no es lo mismo la corrupción en una esfera baja que en una esfera alta. En ese sentido seremos implacables”.
