Una radiografía de la violencia del Estado

El Ministerio Público de la Defensa de Santa Fe presentó su informe sobre torturas, abusos y violencia institucional: en 2016, 683 personas fueron víctimas de agentes del Estado.

El amoroso padre le grita al niño “sos atrevido negro de mierda” y le da un cortito seco en sus costillitas, el niño se dobla y llora, el padre lo empuja por la espalda hasta acostarlo, le pisa la cabeza con el pie. Los buenos amigos del padre acuden también, reducen al niño y lo meten en un coche, le pegan. Al llegar a la casa de penitencia el niño pregunta por qué, por qué, el amoroso padre y sus camaradas le explican que es por haber quebrado la pata del perrito, qué perrito, éste perrito, responde el más alegre de los amigos y toma un perrito que andaba por ahí y le rompe la pata con la manos. El niño pide por su mamá, el amoroso padre dice que no puede pasar a verlo o que no vino o que se olvide. El niño es picaneado. El niño es puesto en libertad y le dice a su madre lo que hizo papá y sus amigos de la peña pero a papá no se lo denuncia porque quién va creer qué.

La analogía entre el Estado y el padre es antigua, falaz e infantil, tanto como los conceptos de la demagogia punitiva de mano dura. Hete aquí un nuevo vano intento de tocar esas viscosas conciencias, el método es la alegoría, como se hace en libros donde hay burritos y cigarras y moral. Sirva también la escena anterior para figurar que, a la hora del maltrato, abuso y la tortura de los representantes del Estado sobre la población, no importa si la víctima le rompió o no la patita al perro: no será el Estado un padre, pero ante y por sus abusos –y su sistematicidad– se yuxtapone el delirio, la impotencia y la ira de un niño sojuzgado.

Desde 2013 a la fecha un organismo del Estado provincial, el Ministerio Público de la Defensa, produce conocimiento, un registro que trata sobre cómo el Estado ejerce torturas, malos tratos y violencia. Ese es el corazón de la defensa de los Derechos Humanos: apuntar al Estado como máquina de producir delitos contra su población a través de los funcionarios y agentes que, justamente, están destinados a preservar y fortalecer los derechos de la población. Pausa tuvo acceso al informe que corresponde a los casos ocurridos en toda la provincia durante 2016: 683 personas fueron víctimas del Estado.

El verdugueo

“El Registro Provincial de Casos de Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y/o Degradantes, Abuso Policial, Malas Prácticas y demás afectaciones de Derechos Humanos tiene como imperativo la necesidad y urgencia de visibilizar y problematizar las violaciones más graves a los derechos humanos en el presente: la tortura y muerte de personas bajo el cuidado y protección del Estado”, dice en su comienzo el último informe producido por un equipo técnico dirigido por la Licenciada Lorena Negro, integrante del Servicio Público Provincial de Defensa Penal.

Como órgano de la Justicia, la Defensa y sus defensores reciben y gestionan las denuncias por abusos por parte de agentes y funcionarios del Estado. El panorama que pintan los informes del Registro, a lo largo de últimos años, siempre es igual de desolador. Si se quiere, disuelve los argumentos de nuestro infantil punitivista: las fuerzas de seguridad no tienen ni las manos atadas ni cometen excesos puntuales, sino que existe un continuo y capilar accionar violento cuya modulación depende de la condición social y el contexto de víctima y victimario. Más claro, si sos pobre te fajan.

El último informe del Registro, sobre los casos de 2016, lo dice mejor: “La aplicación de torturas por parte de agentes estatales, como así también la imposición de condiciones inhumanas de detención y el uso abusivo del poder coercitivo, entre otras prácticas violatorias de los derechos humanos dan cuenta de patrones estructurales que afectan la vigencia plena del Estado democrático de derecho”. Y, en lo que respecta a cómo se ejerce esa violencia, se vuelve al punto también habitual: jóvenes, varones, pobres. “De los resultados provinciales correspondientes al año 2016 se desprende que el ejercicio de las prácticas de violencia institucional es selectivo. La dinámica institucional de las distintas agencias de seguridad estatal está orientada sobre los grupos más vulnerables de la sociedad santafesina: varones jóvenes con los niveles más bajos de educación formal que residen en los barrios más precarizados”, especifica.

Miedo que da más miedo

“Los relatos relevados reflejan testimonios de víctimas que son objeto de permanente hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad. Muchos de estos hostigamientos terminan por efectivizarse sobre las familias o los testigos. Este tipo de prácticas conlleva un efecto perverso: instaura el miedo y en consecuencia la inhibición de denunciar”, reza el informe 2016 del Registro.

El personal de la Defensa Penal es el encargado de la elaboración del registro, que consta tanto de las denuncias penales contra las violencias de las fuerzas del Estado como de comunicaciones de las víctimas, relatos de personas que tienen miedo de hacer la denuncia concreta. Ese miedo cunde en la mayoría de las víctimas: apenas el 45% inicia acciones judiciales, el 55% de las 683 víctimas registradas en 2016 prefirió no hacerlo.

Y tienen buenas razones. El 59% de los que no realizan la denuncia penal “teme represalias” de las fuerzas de seguridad. El 20% considera que hacer la denuncia “empeora su situación de detención”. Ambas cifras dan cuenta de la desnudez de las víctimas ante el Estado y de cómo son perfectamente conscientes de lo que ese desvalimiento implica.

Luego, el 8% “no confía en jueces o fiscales”, el 7% entiende que “la palabra de un preso no vale” y el 6% afirma que “la Justicia no persigue a policías, penitenciarios ni operarios de la salud mental”.

Continuidad y cambio

La defensora provincial Jaquelina Balangione le dio continuidad al Registro, que se inició en 2013 cuando la Defensa estaba a cargo de Gabriel Ganón. Ahora, además, pusieron el ojo sobre las instituciones de salud mental, tanto en la observación del hábitat de encierro de los pacientes como de las violencias que sufren por ese extraño híbrido que es el personal psiquiátrico.

“Las cárceles serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”, establece la Constitución Nacional. En el último informe del Registro también hay un relevamiento fotográfico de diferentes lugares de detención de la provincia que fueron visitados sin previo aviso por la defensora y su equipo. Durante esas visitas se entrevistó a los internos, quienes expusieron las diversas situaciones y padecimientos que viven durante sus encierros.  

También durante este año, Balangione se propone pasar al menos una vez en el año por cada lugar de detención. “Me parece que mi trabajo no puede ser nutrido con lo que demás me cuentan. Yo necesito ver, tomar contacto, es parte de mi sensibilización propia. Que esté la autoridad máxima de la Defensa recorriendo las cárceles tiene un mensaje hacia adentro del Estado y hacia la comunidad. Y hacia los internos, ni te cuento”, explicó Balangione a Pausa. Durante el recorrido de 2016 no sólo se visitaron centros de detención de varones adultos, sino también de mujeres y de menores.

Víctimas

Durante 2016, la Defensa Penal registró 683 víctimas de torturas o malos tratos por parte de representantes del Estado. En su informe, destacan que esa cantidad de víctimas es sólo una base, pues existe una “cifra negra”, la de las víctimas que ni siquiera comunican lo sucedido.

• El 50% de las víctimas tienen 23 años o menos y en su enorme mayoría son hombres. La de menor edad tenía 13 años, la de mayor, 74.

• Se registraron 1182 agresiones ejercidas sobre las 683 víctimas. Prácticamente, dos agresiones por víctima. El 60% fueron físicas, el 19% psicológicas y el 21% afectaciones a los derechos de las personas.

• Por lejos, los golpes y las golpizas predominan en lo físico. Luego vienen los balazos de goma. Se consignan casos de rociado con gas pimienta, picana, submarino húmedo y seco, pata pata (golpear con un objeto plano las plantas de los pies), quemaduras, manguerazos o duchas de agua fría y abuso sexual. Sólo en 4 de cada 10 lesiones se dio lugar a la constatación de un médico

• Las amenazas y humillaciones se destacan en lo psicológico. En las afectaciones a los derechos humanos de las víctimas se registran 101 situaciones de “armado de causas”. En segundo plano está la deficiente atención sanitaria, de alimentación y hasta el robo o el pedido de dinero.

Victimarios

La violencia del Estado no se ejerce a escondidas. Esa es la conclusión principal cuando se observa quiénes son sus responsables y dónde y cuándo tienen lugar los abusos.

• El 86% de los abusadores pertenecen a la Policía de la Provincia. Es la fuerza de mayor convivencia con la población. Luego, el 8% de los victimarios pertenecen al conjunto de las otras fuerzas de calle, como Gendarmería, Prefectura o Policía Federal. Apenas el 3% de los abusos reportados fue perpetrado por un penitenciario.

• Dentro de la Policía, los violentos son los más rasos: el 60% pertenece al personal de Comisaría y el 26% al Comando Radioeléctrico. Es decir, hay proximidad cotidiana con los violentos.

• El 50% de los hechos se da en la calle (durante la detención y la aprehensión de la víctima), el 39% en una Comisaría y el 8% en una unidad de traslado.

• Los hechos se distribuyen a lo largo del día en cualquier momento, lo cual muestra “una cierta arbitrariedad en el ejercicio de las prácticas de tortura tanto en la noche como a plena luz del día”.

• En el caso de los detenidos, el 43% de los perpetradores son Guardias y el 19% personal de traslado. El 53% de los hechos se dan en el pabellón –no necesariamente en situación de requisa– y el 20% en el patio.