Empleo, discapacidad y prejuicios

Este año sólo dos empresas incorporaron personas con discapacidad en nuestra ciudad.

En una situación ideal, esta nota carecería de motivo. Pero las voces que aquí se expresan manifiestan una realidad desigual, atravesada por prejuicios, derechos vulnerados y barreras impuestas por el entorno. Y al mismo tiempo, existen acciones que apuntan a fomentar la inclusión. Sin vueltas: en el transcurso de este año en la ciudad sólo dos empresas incorporaron formalmente personas con discapacidad, mientras que entre 2015 y 2016 tres personas con discapacidad obtuvieron trabajo en el sector privado, según registros de la Municipalidad.

De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, el 15% de la población mundial es discapacitada y, de ella, cerca del 80% se encuentra en edad para trabajar. El Censo de 2010 arrojó que en Argentina hay un 12,9% de personas con discapacidad, mientras que en la provincia el índice es del 12,8%. El 87% del colectivo en el país –mayores de 14 años– no posee empleo, tal indica el Servicio Nacional de Rehabilitación del Ministerio de Salud de la Nación. A esa tasa de desempleo se debe añadir si se trata, o no, de trabajo formal abriéndose, de ese modo, la gran pregunta: ¿por qué las personas con discapacidad no acceden al empleo y si lo hacen no es de forma genuina?

“Tenemos una gran dificultad para acceder al trabajo. Primero, hay una cuestión cultural instalada que cree que la persona con discapacidad no puede trabajar. Hay un nivel de prejuicio muy grande. Cuando nos miran, antes de vernos a nosotros, ven la discapacidad”, planteó Javier Zweifel, integrante del movimiento SuperAcción (creado en Santa Fe en 2008 como una réplica del grupo homónimo que trabaja en San Pablo, Brasil). Otra de sus miembros, Marcela Papini, ilustró con un ejemplo prototípico: “Hay comentarios como ‘es la primera maestra jardinera con síndrome de Down’. ¿Hace falta que eso trascienda como noticia y que en el título se ponga que tiene síndrome de Down? Pasa por vernos como pares y naturalizar la discapacidad. Paso a ser una persona discapacitada porque el entorno no está preparado para recibirme. Ese el cambio al cual aspiramos”, adujo.

Zweifel, por su lado, hizo hincapié en “factores estructurales”. “Tenemos muchas dificultades porque la mayoría vive en contexto de pobreza y tenemos muchos problemas para acceder a la educación y a la cultura. Si no podemos acceder a los derechos básicos, es muy difícil poder acceder a un trabajo. Pasa por la formación formal y por la formación social y cultural. Esos derechos los tenemos absolutamente vulnerados. Esa es una razón importante para no acceder al trabajo. Tanto las empresas como el Estado no creen que estemos capacitados para trabajar y por eso no llegamos a los empleos formales”, planteó.

A partir de programas impulsados por los distintos niveles del Estado se promueve la inserción laboral de las personas con discapacidad. “Pero son empleos informales –consideró Zweifel–. Son capacitaciones, pasantías, becas. Algunos son empleos administrativos, otros de mantenimiento, para auxiliar a otra persona, empleos en viveros. Creemos que no son experiencias laborales que hayan dado resultados positivos”.

Ambos referentes de SuperAcción observaron que el derrotero de una persona con discapacidad transita por espacios para rehabilitación, escuelas especiales, talleres laborales y “siempre se queda en instancias sectarias”. “Todas las actividades que se proponen para socializar o para llegar a un empleo siempre quedan en ‘para personas con discapacidad’, ‘el vivero inclusivo para personas con retraso madurativo en el desarrollo’. Así se van moviendo en diferentes grupitos y no logramos mixturarnos”, fundamentaron, mientras Papini bregó: “Primero que esté garantizado el derecho a la educación para poder acceder al trabajo. Y poder elegir de qué queremos trabajar”.

Desde el Estado

En la práctica, Nación lleva adelante dos programas centrales para la promoción del trabajo que se canalizan a través de los municipios y están dirigidos al sector privado. Uno es el de Entrenamiento Laboral, que no implica relación de dependencia, y el otro es de Inserción Laboral que contempla un aporte del Estado nacional al salario.

Ya en el plano provincial, “podemos actuar pero la persona tiene que estar sí o sí inscripta en la oficina de empleo municipal de la comuna o el municipio”, señaló la directora de Inclusión para Personas con Discapacidad, Gabriela Bruno; mientras Guillermo Cherner, a cargo de la Subsecretaría de Políticas de Empleo y Trabajo Decente, apuntó que tales “oficinas de empleo funcionan financiadas por Nación operadas por los municipios”.

También existe el Programa Promover Línea 1, orientado a personas con discapacidad intelectual y destinado a un grupo de entre ocho y 12 personas, “que financia una beca de $450 mensuales más honorarios para un capacitador durante dos años”.

Por el lado municipal, desde hace 14 años consecutivos se llevan a cabo pasantías. “Tienen como objetivo propiciar las primeras experiencias laborales en el marco de las ordenanzas Nº 10.018 y 11.007/01”, sostuvo Rocío Giménez, subsecretaria de Acción Social de la Municipalidad. Para ello se pone en juego un proceso que supone la evaluación de posibles puestos en reparticiones municipales –este año se analizaron 80 puestos–, una reunión informativa con las instituciones que abordan la temática sobre marco legal, posibles puestos, formato de postulación y selección de los pasantes, presentación de los postulantes, evaluación de perfiles del puesto y del pasante, preselección de los postulantes y entrevista y, finalmente, la selección. De esa manera, “se firma un convenio entre la institución que presentaron postulantes y la Municipalidad, siendo de carácter obligatorio el seguimiento y acompañamiento por ambas partes. La duración es de un año, son rentadas y tienen una carga horaria de cuatro horas de lunes a viernes”.

En 2017, se postularon 200 personas de las cuales fueron seleccionadas 30 provenientes de 13 instituciones de formación laboral y rehabilitación con las cuales se firmó un convenio de mutua colaboración. Las personas seleccionadas cumplen funciones en diferentes secretarías del Municipio, en tanto las tareas son auxiliar administrativo, atención al público, asistente de sala de los jardines municipales, ordenanzas, ayudante de carpintería, herrería, entre otras.

En paralelo, desde Acción Social y la Dirección de Escuelas de Trabajo se implementa el programa nacional de Entrenamiento para el Trabajo. Lo que se procura es “incrementar las competencias de personas con discapacidad desocupadas (mayores de 18 años) y promover su inserción laboral a través del desarrollo de prácticas calificantes en un puesto real de trabajo. Pueden ser implementados por organismos públicos, empresas privadas e instituciones sin fines de lucro”. Este año, son 26 las personas que se encuentran realizando esta práctica, de las cuales 10 tuvieron continuidad una vez finalizada su pasantía y las 16 restantes “fueron perfiles solicitados por reparticiones municipales”.

Sobre el sector privado, Giménez precisó que este año “se concretaron tres entrenamientos, y sólo dos empresas han incorporado formalmente personas con discapacidad”. Y aquí se evidencia lo ya dicho. “Se plantea la necesidad de promover e incentivar acciones de empleabilidad dirigidas al sector. Por eso se generan instancias de información y sensibilización que permitan derribar los prejuicios sobre las aparentes dificultades de contratar una persona con discapacidad”, expuso.

Dificultades

Desde la óptica de Bruno, las dificultades que se presentan a la hora del acceso al trabajo remiten, entre otras cuestiones, a los impedimentos para acceder al sistema educativo primario, secundario y, “sobre todo, terciario o universitario”. Con relación a cuestiones socioculturales, “hay mucho prejuicio sobre lo que significa emplear a una persona con discapacidad, en especial si se requieren adecuaciones (espacios físicos, baños adaptados) del lugar donde va a desempeñarse. Se toma como un gasto más. Hay temores sobre la eficiencia y la productividad”. Cherner subrayó que “de un tiempo a esta parte se han ido generando estrategias, no sólo desde el Estado sino también desde instituciones de la sociedad civil. Se piensa que una persona con discapacidad no tiene que trabajar o se piensa que no va a llevar adelante las tareas de la misma manera que una persona sin discapacidad. La práctica muestra que la persona con discapacidad que ingresa al mercado laboral está a la altura del resto de los trabajadores”.

En ese orden, el gobierno provincial firmó recientemente un convenio con la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de nuestra ciudad con el fin de insertar en el rubro personas con discapacidad, a través del programa Nexo Oportunidades.

Perspectivas

Otro punto, en palabras de Bruno, reside “en la obligatoriedad que significa un trabajo. Si pasan cosas con relación a la vida cotidiana, resolverlas como cualquier otra persona y no creer que por tener una discapacidad hay excepciones”.

La ley provincial 9.325, en su artículo número ocho, establece un cupo del 4% para que personas con discapacidad sean empleadas en el Estado. “No solamente se debe acreditar discapacidad, sino también idoneidad –enfatizó Bruno–. El mérito no es tener una discapacidad, sino la formación, la preparación, lo que se sabe hacer y lo bien que se lo hace”. Vale decir, es menester mirar al otro “como un par que, quizás, requiere una determinada ayuda o apoyo”, concluyó la directora.

Las pensiones

Un punto de coincidencia entre SuperAcción y Gabriela Bruno se relaciona con las pensiones: “El temor a perder la pensión es tremendo y paraliza. Acceder a un empleo en blanco implica la suspensión de la pensión. Pero en la balanza se sopesa que es conveniente sostener una pensión, que muchas veces es la tercera parte de un empleo en blanco”, esgrimió Bruno. Para Zweifel “hay una mirada asistencialista también desde el colectivo. Nuestros familiares la tienen y se piensa que por acceder a un trabajo se va a perder la pensión. Y... ¿qué tiene?”, recalcó.