Hacia la privatización del sistema energético

Macri decretó la venta acciones públicas de las centrales eléctricas, un negocio estratégico. Desde el Sindicato de Luz y Fuerza advierten sobre los riesgos de un “Estado en retirada”.

Por decreto, el gobierno nacional fusionará bajo el nombre Integración Energética Argentina SA a las actuales compañías Energía Argentina SA (Enarsa) y Emprendimientos Binacionales SA (Ebisa). A través de la norma publicada el 1º de noviembre en el Boletín Oficial, se ponen en venta activos del Estado nacional que incluyen seis centrales termoeléctricas, dos de ellas en la provincia de Santa Fe. “Un intento privatizador”, según denunció el Sindicato de Luz y Fuerza.

El decreto 882/2017 firmado por el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro de Energía Juan José Aranguren abre la puerta al avance del capital privado sobre el sistema de energía. Con la venta de activos, el gobierno central estima recaudar –en un cálculo conservador– unos 1.000 millones de dólares que serán destinados al repago de obras en ejecución y a obras a ejecutar a futuro.

El gobierno de Macri avanzará hacia la “venta, cesión u otro mecanismo de transferencia” de las acciones de las centrales Ensenada de Barragán, Brigadier López, Dique, Güemes, Puerto, Patagónicas y la empresa de transporte de energía troncal de la Patagonia. También se ponen en venta, cesión o transferencia de “los derechos que correspondan al Estado nacional” sobre los las termoeléctricas Manuel Belgrano, José de San Martín, Vuelta de Obligado y Guillermo Brown. Dos de ellas están en Santa Fe: Brigadier López (Sauce Viejo) y José de San Martín (Timbúes).

La central Brigadier López fue inaugurada el 30 de agosto de 2012. Ubicada en el parque industrial de la localidad de Sauce Viejo, dispone de una potencia instalada de 280 MW. En tanto, la termoeléctrica de Timbúes –una de las dos más grandes del país– opera con una potencia de 800 MW.

Por el contrario, se mantendrán ajenas al proceso de “valorización” las represas santacruceñas Cóndor Cliff y Barrancosa, la Central Térmica Río Turbio, el Gasoducto del Noreste Argentino GNEA y la ampliación de tres gasoductos de reciente adjudicación, entre ellos Esperanza/Rafaela/Sunchales cuya construcción (por 2.200 millones de pesos) está a cargo de Distribuidora Litoral Gas.

Pero, además, el decreto presidencial ordena el renombramiento de las centrales hidroeléctricas sobre el Río Santa Cruz. Dejarán de llamarse Néstor Kirchner y Jorge Cepernic (gobernador de Santa Cruz en los 70) y volverán a tener sus nombres originales: Cóndor Cliff y Barrancosa.

Justificaciones

Desde el gobierno nacional explicaron que las medidas pretenden “generar condiciones para una mayor eficiencia, a tono con el programa de desburocratización del Estado, mediante la reducción de su peso en muchas decisiones económicas pero sin dejar de controlar los procedimiento administrativos”.

El macrismo también cuestionó “la larga historia de Enarsa de falta de transparencia que el gobierno comenzó a modificar en diciembre de 2015 mediante una transición que hoy se completa con esta medida que, además, busca generar las condiciones para que sea un instrumento para la integración interna y con los países vecinos”.

Las principales medidas del decreto contemplan en primera instancia la absorción por parte de Enarsa de la empresa Ebisa, la que tiene por responsabilidad principal la comercialización de la energía entregada por los emprendimientos binacionales y además es el vehículo por la cual el Estado ejerce sus derechos accionarios en Yacyretá, ambas encuadradas bajo la órbita del Ministerio de Energía de la Nación.

Con esta medida, Macri quiere “darle un punto de quiebre al pasado de Enarsa”, la empresa creada en diciembre de 2004 por Néstor Kirchner que tiene bajo su responsabilidad, entre otras funciones, la importación de gas natural desde Bolivia, el intercambio de gas natural con Chile, y las compras de los embarques de GNL.

Reacciones

El decreto firmado por Macri, Peña y Aranguren cayó como una bomba en el Sindicato de Luz y Fuerza. Alberto Botto, secretario general del gremio en Rosario, lo definió como “un intento privatizador” de parte del gobierno de Cambiemos. “Obviamente, no estamos tranquilos porque ideológicamente estamos en contra de las privatizaciones”, señaló el gremialista al diario El Ciudadano. “Estamos hablando con legisladores a nivel nacional para que se proteja el patrimonio de los argentinos, porque gran parte de esas acciones son de Enarsa. Evidentemente las acciones de Enarsa las quieren vender, quieren transferirlas al sector privado. Nosotros no estamos de acuerdo, no acompañamos esa política”, acotó Botto.

“Creemos que el Estado tiene que ser un Estado presente si queremos que le resuelva los problemas a la gente, no un Estado en retirada como en este momento, donde lamentablemente la gente va a pagar consecuencias muy duras. Ya sabemos nosotros lo que significa desprenderse del patrimonio del Estado, lo vivimos en los 90. Así terminamos después”, sostuvo el dirigente de Luz y Fuerza. “Con estas políticas nos están conduciendo a una crisis terminal. No es que estamos en contra porque se nos ocurre; acá hay una enorme concentración de recursos en pocas manos y cuando se ven perjudicadas las grandes mayorías, es preferible empezar a tomar los recaudos y tratar de que el gobierno entienda que no debe vender el patrimonio de los argentinos. Va a ser muy duro remontar esto”.