Las vaquitas son de María Eugenia

Con reparos, Santa Fe firmó el Pacto Fiscal. Buenos Aires “será la provincia más beneficiada”, advierten.

La provincia de Santa Fe adhirió al Pacto Fiscal que promueve el gobierno nacional, cuyo objetivo central de reducir el déficit fiscal a fuerza de un fuerte ajuste en el gasto público. Fue el jueves 16 en la Casa Rosada, cuando 23 de los 24 gobernadores (San Luis fue la excepción) firmaron un acuerdo con el gobierno de Mauricio Macri para avanzar con las reformas previsional, laboral y tributaria.

La primera lectura que hizo el gobierno santafesino fue positiva. Miguel Lifschitz logró que se incluya en el acuerdo el pago de la deuda que la administración nacional mantiene con la provincia por descuentos indebidos sobre la coparticipación federal entre 2006 y 2015. “Le planteé con claridad al ministro (Rogelio) Frigerio que si no había una definición concreta sobre este tema, nosotros no estábamos en condiciones de firmar”, explicó el mandatario santafesino.

Sin embargo, Lifschitz señaló a través de un texto publicado en las redes sociales que el Pacto Fiscal beneficiará principalmente a la provincia gobernada por la macrista María Eugenia Vidal, quien recuperará en dos años más de 100 mil millones de pesos del Fondo del Conurbano. “Si bien Buenos Aires resulta la provincia más beneficiada, podemos decir que Santa Fe sería la segunda”, sostuvo Lifschitz.

Una de las claves del acuerdo fue el compromiso de la provincia de Buenos Aires de retirar de la Justicia una millonaria demanda a la Nación por el Fondo del Conurbano, que está congelado desde los 90. Así, Vidal obtendrá el año próximo una compensación extra de 40 mil millones de pesos y otros 65 mil millones durante 2019, que es año electoral. Lifschitz advirtió que de este modo Buenos Aires saldrá ganando respecto del resto de las provincias, aunque también valoró que con la decisión de Vidal “se dejan de lado una serie de reclamos cruzados que, de prosperar, hubieran puesto en riesgo todo el sistema federal de la Argentina, como el juicio por el Fondo del Conurbano”.

La otra deuda

El gobierno provincial no estaba dispuesto a ceder su demanda ante la Corte Suprema de la Nación por la devolución de la deuda de la coparticipación. Son unos 23 mil millones de pesos a valores históricos, aunque según la actualización que hizo la provincia la cifra que exige Santa Fe supera los 50 mil millones. El compromiso de Macri de negociar la devolución de la deuda destrabó el tema y finalmente Lifschitz rubricó el acuerdo.

“No podía levantarme de esa mesa sin tener la certeza de que el problema de la deuda de Santa Fe iba a ser resuelto. Mi obligación es defender los intereses de los santafesinos y, más allá de las miradas políticas, llevar hasta las últimas consecuencias esa posición. Finalmente, a último momento logramos incorporar un artículo que establece que el 31 de marzo de 2018 se debe llegar a un acuerdo sobre lo que se nos adeuda”, explicó el mandatario provincial.

Lo que viene

En líneas generales, Lifschitz quedó conforme con el acuerdo. “Mejoramos muchísimo la propuesta original; la primera propuesta era negativa para la provincia y nos obligaba a renunciar a un juicio ganado, pero logramos revertir esa situación”, aseguró el gobernador santafesino.

“En el contexto en el que comenzamos estas negociaciones, con una propuesta muy desventajosa para las provincias, particularmente para las nuestra, creo que después de muchas discusiones y reuniones se logró un acuerdo razonable”, agregó Lifschitz.

El próximo paso, mientras el Congreso analiza la triple reforma propuesta por Macri, será una dura negociación entre funcionarios de la Nación y de la provincia por la deuda histórica. El acuerdo estipula que antes del 31 de marzo del año próximo ambos gobiernos deben ponerse de acuerdo en el monto de la deuda y en la forma de devolución. Santa Fe pedirá, como ya lo hizo en julio con una propuesta de cobro que no fue tenida en cuenta por la Nación, que el 30% se pague en efectivo y el 70% restante en bonos del Estado. La única “propuesta” del gobierno central, hasta el momento, fue devolver esos recursos con obras públicas financiadas por la Nación: un esquema que no conforma a la provincia pero que la Nación volverá a poner sobre la mesa al momento de reiniciar las negociaciones.