Una ley para prevenir las adicciones

“Los pibes consumen para no sentir hambre, frío ni golpes de la cana”, dice Mercedes Meier.

¿Cómo abordar la problemática de las adicciones? El interrogante excede las particularidades de un caso, en tanto atraviesa factores socioeconómicos, culturales y, desde ya, políticos. Fundamentalmente, requiere de voluntad y de acciones sistematizadas desde el Estado. En procura de hallar una respuesta, días atrás se presentó el libro Ni un pibe menos por la droga, debates y experiencias de Santa Fe, el cual recopila textos de los diputados provinciales Carlos del Frade y Mercedes Meier (Frente Social y Popular), aportes de Horacio Tabares, director del Centro Comunitario de Salud Mental Vínculo, y del padre Fabián Belay, perteneciente a la Pastoral Social contra la Drogadependencia de Rosario, así como la experiencia de la mesa “Ni un pibe menos por la droga” de nuestra ciudad, relatada por Pablo Lando.

La publicación surgió de la “necesidad de dejar escrito y plasmado el trabajo sobre el tema. Que no es todo, sino sólo una parte de lo que hay en la provincia”, esgrimió Meier, autora del proyecto Emergencia Provincial de Adicciones.

—¿Cuáles son los principios de la propuesta legislativa?

—El proyecto está basado en tres grandes ejes. Por un lado, la prevención del consumo problemático de sustancias, tanto legales como ilegales. La prevención desde dos puntos de vista: una campaña masiva y la generación de condiciones para que se abran espacios recreativos, deportivos, culturales como el caso “Ni un pibe menos por la droga” de Santa Fe. Es necesario, además, que en carteleras, publicidades en eventos deportivos y culturales e institucionales aparezcan consignas de prevención. En segundo lugar, el reconocimiento a las organizaciones y a todas las instituciones que trabajan en el tema. Conocerlas, saber cuáles son, para que el Estado se pueda apoyar en ellas. No para reemplazarlas, sino para tejer la gran red que se necesita para tratar este tema. Proponemos un registro de organizaciones que trabajan en la prevención y la promoción de los tratamientos de las adicciones. Y en tercer lugar, hacemos hincapié en la estabilidad laboral de quienes laburan en instituciones estatales como el Sedronar porque hoy están totalmente precarizados –aseveró la legisladora en diálogo con Pausa–.

—¿Qué perspectivas tiene el proyecto en la Legislatura tras su media sanción?

—Declarar una emergencia apunta a que haya presupuesto mucho más fácil, sin un debate en Diputados y Senadores, que se habiliten partidas presupuestarias para tratar ese tema. De esta manera, se convierte en una política pública de Estado. Peleamos para que sea ley. Salimos muy contentos con que se haya aprobado por unanimidad y que se hayan incluido los puntos que incluíamos en Diputados. Estamos muy preocupados por el Senado porque todavía no tuvo tratamiento en ninguna comisión. Necesitamos que el Senado lo apruebe con urgencia porque más días pasan y este tema se sigue llevando pibes.

—¿No existe una política pública de Estado?

—No existe para nada. Durante este último año se generó a nivel provincial la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones. Pero esa agencia, hasta ahora, es una cáscara vacía y lo que se intenta con la legislación es fortalecerla.

—¿Qué se debe hacer para prevenir las adicciones?

—Prevenir es poder generar espacios saludables, sobre todo para la juventud porque el consumo es cada vez más masivo y desde más pequeños. Primero poder desnaturalizar los consumos porque hay una baja en la guardia en las consignas y hay una naturalización del consumo. Parece que consumir no me va a hacer mal si lo hago bien. Ha ganado mucho esa idea y por lo tanto es necesario hacer una campaña para revertir la naturalización del consumo de sustancias psicoactivas, legales e ilegales. Es decir, aquellas sustancias que hacen abstraerse de la realidad, desde el Poxiran, la marihuana, la cocaína, el paco e, incluso, el alcohol. No es todo lo mismo –distinguió–, pero de alguna manera todas tienen un efecto nocivo. Prevención son campañas masivas. A veces, ni siquiera es una cuestión de presupuesto sino de voluntad política. Y por otro lado, hacer que la plaza, en vez de que sea un lugar habitual de consumo, sea un espacio habitual para poder jugar al fútbol, que florezcan los centros culturales, los potreros en las villas.

—¿Qué se debe hacer cuando el entorno familiar es complejo o vulnerable?

—Muchos pibes consumen, lo dicen con estos términos, para no sentir hambre, no sentir frío o no sentir los golpes de la cana. Incluso encuentran una salida laboral. Las redes más mafiosas que existen en Argentina les dan una salida laboral porque el Estado no se la puede dar o porque conseguir trabajo es una misión imposible. Hay que entender que este es un problema social y que, por lo tanto, se va a resolver colectivamente. Adicción significa no decir, no hablar. Para terminar con las adicciones hay que poder decirlo con palabras, poder comunicarse con otro.

—Concretamente, ¿qué se puede hacer en el territorio?

—La experiencia que tenemos es la de Corriente Clasista y Combativa (CCC). Es una organización que siempre peleó por tener trabajo, que pelea por programas laborales. Las adicciones siempre se pusieron como un problema, incluso, para las mujeres para ir a hacer las marchas. Lo que se puede hacer y lo que se hizo fue reunirse y pelear en cada ciudad políticas públicas. Hoy en Santa Fe no hay ni una línea telefónica a la que una madre pueda acudir –subrayó–. La recomendación es luchar para que en los hospitales haya dependencias especiales, para que haya centros de prevención, como pueden ser la cultura y el deporte. Y también pelear para un futuro mejor. A veces, ser parte de una organización es casi terapéutico, sumarse a un proyecto colectivo, que es lo que se destruye para instalar el consumo.

—¿El Estado dispone de centros de rehabilitación?

—No conozco ninguno. No hay en la provincia dónde acudir sin tener 20, 30 mil pesos por mes. Y esto es imposible para la mayoría de la gente. Para los más golpeados, que son los más pobres, esto es imposible. Hay instituciones religiosas, pero hay quienes no las eligen. Tiene que haber desde el Estado –exigió–. Hay que abrir centros de rehabilitación para quienes están sumergidos en este tema. Hay que poner mucho presupuesto para la prevención.

Construir un proyecto de vida

El libro Ni un pibe menos por la droga fue presentado en el Centro Cultural y Deportivo “Ni un pibe menos por la droga” que se emplaza en Avenida Freyre 2421. Uno de sus referentes, Pablo Lando, comentó que el espacio se abrió en julio pasado y que “en la actualidad concurren 120 chicos de 15 a 24 años que participan de actividades deportivas, culturales, recreativas y educativas”.

El trabajo está dirigido por un equipo compuesto por una psicóloga, dos psicólogos sociales y una trabajadora social “junto a mamás que vienen desde hace años peleando por sacar a sus pibes de las adicciones”. Lo que se propone el Centro es brindar, gratis, un lugar a los “pibes que están en condiciones de mayor vulnerabilidad, casi sin posibilidades de tener una vida digna. Este centro es un lugar de oportunidades”. Y argumentó: “Se construye identidad, se construye cultura de los propios grupos, desde la referencia con los profesores, desde las amistades de los chicos. Ahí comienza la primera etapa que da estabilidad a un pibe que viene inestable”.

Según ilustró Lando, se trata de “pibes que atraviesan una enorme angustia, no pueden decir todo lo que les pasa. A partir de ahí interviene el equipo y se hace un seguimiento. No es un problema individual ni mucho menos familiar, sino que es social y por lo tanto su salida es social”.

—¿Qué hace y qué no hace el Estado?

—El gobierno de Macri declaró la emergencia en noviembre de 2016. Ahora, no tiene relación con el aumento del presupuesto para Sedronar y no recupera el rol preventor del Estado. A la par, tiene una política económica que genera más exclusión, lo cual hace mucho más vulnerable una parte de la población a las adicciones. Por otro lado, tiene una política de gendarmerizar, mandar Prefectura o la Policía Federal a los barrios. Una militarización de los barrios que termina criminalizando no el problema del narcotráfico, sino el narcomenudeo y terminan llevando presos a los pibes. Y en la ciudad de Santa Fe, en el Municipio, no existe absolutamente nada. No hay una línea telefónica, no hay un escritorio, no hay un funcionario, no hay un área.

—¿Qué drogas consumen los pibes?

—Los chicos de ocho años consumen Poxiran. Desde ya, marihuana, alita de mosca (el desecho de la cocaína), alcohol con las pastillas. Los chicos tienen fácil acceso a eso. Hay casos de aspirar el gas del encendedor. En la cabeza de los chicos está qué se consume para abstraerse un poco de la situación que se vive: barrios abandonados, dos o tres generaciones que no tienen la cultura del trabajo, violencia intradoméstica, la imposibilidad de acceder a un sistema de salud acorde a las necesidades de la población. la deserción escolar.

—Sin ámbitos de rehabilitación, ¿cómo se recupera un chico?

—El Estado no tiene hoy lugares de tratamiento y de rehabilitación. Lo que hay son privados que hacen ese trabajo y el Estado en algunos casos beca a esos chicos para que hagan el tratamiento. Pero el problema es que sacás a un chico que consumía pero después vuelve al mismo barrio, a la misma situación. Entonces el tema es cómo se construyen otras oportunidades. Los chicos llegan acá en situación de consumo, desequilibrados emocionalmente. La cuestión es que puedan tener algo de estabilidad y herramientas para pelear otro futuro. Por ejemplo, terminar la escuela. Acá damos apoyo escolar e impulsamos a los chicos a que terminen la escuela. Le planteamos a la provincia que ofrecemos este espacio para que se piense algún programa para que los terminen la escuela, puedan tener talleres de oficio, construir un proyecto de vida. Y ahí los pibes salen.