El Colegio de Abogados de Santa Fe se pronunció contra la reforma jubilatoria

Luego de que el Congreso convirtiera en ley el ajuste a las y los jubilados,  abogados de todo el país, nucleados en sus colegios de profesionales y en la federación que los agrupa a éstos, se pronunciaron en contra de la reforma previsional.

El Colegio de Abogados de Santa Fe emitió este jueves un comunicado en donde se pronuncia en ese mismo sentido, y que aquí reproducimos:

Postura del Colegio De Abogados De Santa Fe ante la sanción de la Ley 27426

Ante la sanción de la LEY 27426 por parte del Honorable Congreso de la Nación, el Colegio de Abogados de Santa Fe, en defensa de los derechos de los ciudadanos -concretamente Jubilados, Pensionados Nacionales y trabajadores activos que opten por seguir  trabajando hasta los 70 años de edad- manifiesta y hace público su rechazo  a la referida norma, debido a que no respeta la garantía de movilidad jubilatoria consagrada en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional; supone una violación al Principio de Progresividad definido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y receptada por el artículo 75 – inc. 22 de la Constitución Nacional y al Principio de Irretroactividad de la ley establecido en el art. 7 del CCyCN; provocando un menoscabo en las prestaciones de los Jubilados y Pensionados Nacionales y de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo,  que se profundizará cuando las variables salariales crezcan por encima de la inflación.-

Asimismo, la ley cuestionada, limita la garantía del haber mínimo con el 82% del salario mínimo vital y móvil a los titulares de la Prestación Básica Universal con treinta años o más de aportes, excluyendo los beneficiarios de regímenes especiales y a quienes se acogieron a las distintas moratorias, violando así el Principio de Igualdad ante la Ley.

Por otra parte, la eliminación de contribuciones patronales, cuando el trabajador reúna los requisitos necesarios para acceder a la Prestación Básica Universal y opte por seguir trabajando hasta los 70 años de edad, contribuirá a desfinanciar el sistema.

En razón de las objeciones enunciadas precedentemente, consideramos que la ley en cuestión lesiona de manera notoria los derechos de los Jubilados y Pensionados Nacionales, lo que provocará un fuerte incremento de la litigiosidad en la materia, atentando contra un sector de extrema vulnerabilidad al cual el Estado debe garantizar la dignidad y no su menoscabo.