En Santa Fe, las empresas recuperadas tienen su ley

Por unanimidad, la Legislatura sancionó una ley que ampara a los trabajadores cuando recuperan empresas que sufren procesos de vaciamiento o quiebra de sus patronales.

Mil Hojas es una industria alimenticia de Rosario fundada en 1972 que llegó a emplear en forma directa, en 1992, a 52 trabajadores. La crisis económica de los 90 y la mala gestión empresarial impactaron de lleno en la fábrica: para 1997, quedaban solo 16 empleados. A fines del año 2000, sus trabajadores constituyeron la Cooperativa de Trabajo Mil Hojas Limitada y comenzaron a negociar con la patronal la cesión de la empresa. En junio de 2001 la Justicia decretó la quiebra de Mil Hojas y los operarios ocuparon la fábrica. A fines de julio de 2001, el juez de la quiebra otorgó la propiedad de Mil Hojas a sus trabajadores, que aún hoy llevan adelante el emprendimiento productivo.

Diez años después, en mayo de 2011, los dueños de la firma Productora Alimentaria SA –dueña de la marca Naranpol– se presentaron a concurso preventivo de acreedores. En octubre de ese año cerraron sus cuatro fábricas y dejaron en la calle a 800 obreros. Los empleados de la planta santafesina, ubicada en Blas Parera al 9300, tomaron el predio y resolvieron conformar una cooperativa de trabajo para seguir gestionando la fábrica. A finales de 2012 lograron la sanción de la ley de expropiación y en abril de 2013, constituidos como Cooperativa de Trabajo Naranpol Limitada, volvieron a producir. Hoy sus 100 operarios gestionan por cuenta propia la fábrica recuperada más grande de la ciudad de Santa Fe.

[quote_box_right]“Siempre con las empresas recuperadas estábamos corriendo atrás del problema. Este es un mensaje hacia el futuro”, valoró Joaquín Blanco.[/quote_box_right]

Naranpol y Mil Hojas son dos pruebas concretas que demuestran que autogestión es posible. En la actualidad, funcionan más de 30 empresas recuperadas en la provincia de Santa Fe y más de 200 en todo el país. El movimiento cobró fuerza desde fines de los 90 y fue clave, durante la crisis de 2001 y 2002, para la preservación de las fuentes de trabajo. Ya superada esa etapa, las cooperativas siguieron siendo una herramienta para seguir produciendo ante situaciones de vaciamiento empresarial o de quiebras fraudulentas: por eso, el lema del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas es “Ocupar, Resistir, Producir”.

La ley provincial

El jueves 30 de noviembre la Legislatura provincial sancionó en forma definitiva la ley de empresas recuperadas, por la cual el Estado santafesino brindará asistencia técnica, jurídica y económica a las cooperativas de trabajo que gestionen por cuenta propia emprendimientos productivos en cualquier rama de la economía.

El proyecto había sido presentado por el diputado socialista Joaquín Blanco y ya tenía media sanción de la Cámara baja. En la última sesión ordinaria del año, el Senado lo terminó de aprobar por unanimidad y la ley fue girada al Poder Ejecutivo para su reglamentación y promulgación.

La ley de empresas recuperadas establece que la autoridad de aplicación será la Subsecretaría de Economía Social y Solidaria, dependiente del Ministerio de la Producción de la provincia.

Entre otros puntos, la norma determina que las cooperativas que gestionen empresas recuperadas tendrán preferencia como proveedoras del Estado, recibirán un tratamiento fiscal acorde a la situación en que se encuentran y podrán acceder a líneas de créditos blandos para equipamiento e insumos.

Santa Fe es una provincia con amplia trayectoria en la materia. Hay al menos 35 empresas recuperadas, en distintas localidades, en las que se desempeñan más de 1200 trabajadores en forma directa. Entre otras, la cooperativa La Cigarra que gestiona el diario y el portal de noticias El Ciudadano de Rosario, Naranpol, Mil Hojas, la fábrica de jabones Prunelle (Soldini), el frigorífico Cotrasi (Santa Isabel) y la metalúrgica Fabricaciones Rosario.

Beneficios fiscales

El objeto de la ley, según sus fundamentos, es “contribuir al mantenimiento de puestos de trabajo dignos, destinados a empresas recuperadas por sus trabajadores organizados en cooperativas, con el propósito de conservar las fuentes de producción y de trabajo que se encuentren en funcionamiento o en proceso de reactivación, posibilitando la recuperación de la empresa por parte de sus trabajadores”.

Las empresas recuperadas podrán acceder a los siguientes beneficios: asistencia técnica y jurídica; acompañamiento del Estado para que la empresa pueda ser sustentable en los aspectos económico, productivo y social; tratamiento fiscal preferencial; acceso a líneas de créditos, programas de fomento y desarrollo tecnológico; capacitaciones en oficios por parte del Ministerio de Trabajo; la difusión, por parte de la provincia, de los productos elaborados por las cooperativas; ayuda para las inscripciones que deben obtener para poder exportar; y una consideración diferencial por parte de la Empresa Provincial de la Energía en cuanto a la tarifa de electricidad.

Mensaje a la Justicia

El autor de la iniciativa, Joaquín Blanco, explicó al diario El Ciudadano que la ley “además de darle herramientas concretas al Ejecutivo provincial para poder acompañar a las empresas recuperadas, tiene una concepción muy importante que tiene que ver con una definición amplia de la empresa recuperada en el marco de la ley. Se entiende por empresa recuperada a toda experiencia de autogestión en la cual los trabajadores se organizan en cooperativas con la misión de llevar adelante un emprendimiento productivo. Buscamos que se adecue la ley a los tiempos que corren”.

“Esta ley también es un mensaje al Poder Judicial”, agregó el diputado Blanco. “Siempre con las empresas recuperadas estábamos corriendo atrás del problema. Jurídicamente, a partir de la quiebra, había que demostrar ante el juez la necesidad de organizar a los trabajadores en cooperativas, se involucraban los abogados en el proceso de quiebra... Esto es al revés: acá se plantea que, ante un proceso de vaciamiento de una empresa, se constituye un grupo de trabajadores para sostener esas fuentes y hay un reconocimiento jurídico a partir de esta ley”.

“Es un mensaje hacia el futuro porque, en un momento de crisis, aquellos que estén pensando en vaciar una fábrica o iniciar un proceso de quiebra fraudulenta deben saber que los trabajadores cuentan con un derecho más”, continuó Blanco.

Con la promulgación de la ley por parte del Ejecutivo, se allanará el camino en la Justicia para las cooperativas. Según el diputado Blanco, “esta ley le viene como anillo al dedo a los trabajadores de Prunelle. El juez necesita fundamentar el fallo sobre la expropiación o sobre la eventual compra, por parte de los trabajadores, de bienes inmuebles. Ahora con la ley tiene sólidos argumentos. Porque estos trabajadores fueron abandonados por los ex dueños y ellos quieren y necesitan trabajar. No tengo dudas que el caso Prunelle será una de las primeras empresas que se beneficiará con la nueva ley”.