La educación va por su ley

Tras dos años de consultas, la Legislatura debatirá una norma provincial que contempla desde los jardines hasta el nivel superior.

Calidad educativa, innovación, inclusión y articulación y participación y compromiso social. Tales son los ejes centrales del proyecto de Ley de Educación ya ingresado a la Legislatura a instancias de una iniciativa del Ejecutivo santafesino, la cual viene a saldar la carencia de una normativa específica para la provincia.

Tras un extenso y profundo trabajo –que demandó unos dos años– realizado con diferentes instituciones de la sociedad civil, docentes y alumnos, la propuesta (que “deriva de la consulta a un millón de santafesinos”) concibe a la escuela como institución social, contempla “aspectos solidarios y coherentes de una forma de entender la tarea y el desafío de educar”. Desde ese horizonte, la educación es entendida como un bien público, en tanto se destaca como un derecho personal y social que el Estado provincial debe garantizar de forma gratuita y universal.

En concreto, se establece la obligatoriedad a partir de los cuatro años hasta la finalización de la secundaria, en tanto se asume la responsabilidad de la universalización de la sala de tres años (particularmente, para los chicos de grupos sociales vulnerables) y se enfatiza el acceso gratuito y universal también al nivel superior. Otro punto central es la definición de la educación pública de gestión estatal como laica, mientras que los establecimientos privados confesionales podrán enseñar sus cultos sin obligar a profesar la religión. Por último, se indica la responsabilidad del Estado provincial de garantizar los recursos para que todos los preceptos de la ley puedan ser cumplidos en materia presupuestaria. Por su parte, legisladores de distintas fuerzas ya expresaron objeciones sobre cuestiones relativas a la laicidad, el presupuesto, la creación de cargos y la discapacidad.

¿Y la educación sexual?

En consonancia con esta normativa, durante el año también se suscitó una fuerte polémica en torno a la denominada ley de Educación Sexual Integral (ESI) en función de la implantación de la normativa nacional 26.150. Mientras el debate parlamentario se trabó en la Comisión de Asuntos Constitucionales –al hilo de no pocas presiones provenientes de sectores religiosos–, diferentes organizaciones reclamaron su tratamiento en el ámbito legislativo. Además de la educación sexual en términos inclusivos –en particular de la diversidad sexual–, se subrayó la promoción y la protección del derecho a recibir tal enseñanza. En ese orden, también se cuestionó la pretensión de incluir y su correlativo abordaje de la ESI en la Ley de Educación impulsada por el Ejecutivo. En rigor, desde los colectivos sociales se entiende como necesario trabajar en torno al cuidado del cuerpo (propio y del otro), a las emociones, a la formación de vínculos, al cuestionamiento de los estereotipos de género y de la desigualdad y, a su vez, pensar esta enseñanza más allá de lo meramente físico o biológico.