Una dura puja y 100 fuentes laborales inciertas

Casino Santa Fe advirtió sobre cesantías ante el aumento del Drei aprobado por el Concejo Municipal. Mientras el intendente José Corral adelantó que no vetará la norma, la empresa presentó el procedimiento preventivo de crisis ante el Ministerio de Trabajo provincial. Los trabajadores se encuentran en alerta.

Son 100 las fuentes de trabajo que se encuentran en vilo por estas horas a la luz de la dura controversia planteada entre Casino Santa Fe, la Municipalidad, el Concejo Municipal y, ahora también, el Ministerio de Trabajo de la provincia. Esta historia se inicia cuando el cuerpo deliberante aprobó por unanimidad el incremento del impuesto del Derecho de Registro de Inspección (Drei) del 6,3 al 9%. La iniciativa fue impulsada por el bloque justicialista y se aprobó durante la última sesión de 2017.

A partir de entonces, la empresa consideró la suba como “desproporcionada”, mientras adujo que vería comprometida su rentabilidad y, consecuentemente, debería adelantar vacaciones y despedir 100 trabajadores. Frente a la puja de la firma con el poder político local, desde el Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar (Aleara) se manifestó que “hace más de un año que, producto de muchos de los impuestos que se han creado en el juego a nivel nacional, las empresas terminan siempre con el eslabón más finito de la cadena que son los puestos de trabajo. Ya hemos perdido caso dos mil en lo que va de un año y casi dos meses”.

El secretario gremial de la entidad, Ariel Fassione, sostuvo por LT10 que los empleados del rubro se sienten “rehenes” habida cuenta que desde los gobiernos (en sus diferentes órdenes) se aumentan los impuestos al juego mientras las empresas argumentan que deben achicar la planta de personal para no ver perjudicada su rentabilidad.

Por su lado, el intendente de Santa Fe se mostró categórico al ser consultado sobre este asunto. Negó rotundamente que prevea vetar la ordenanza aprobada por el Concejo y planteó que “no hay motivos para que se pierda empleo”. Según expresó –en rueda de prensa– el aumento en cuestión significa unos 30 millones de pesos que pueden ser destinados para obras de bacheo, arreglos de calles y otras necesidades que tiene la ciudad.

“Todos tenemos que hacer un aporte. El Casino es una empresa que hace varios años tiene buenos niveles de rentabilidad, que agrega actividad a la ciudad pero también tiene que hacer su aporte”, esgrimió José Corral, en tanto manifestó que “no hay ningún motivo para que se pierda empleo. Vamos a hacer celosos custodios para que nadie pierda un solo empleo. Entendemos que no tenía gente innecesaria. Vamos a cuidar el empleo de cada santafesino”, indicó.

A su vez, los concejales se reunieron tanto con los delegados de los trabajadores (durante este lunes, cosa que también realizó el propio Corral) como con el empresariado (este martes). Al cabo del el primer encuentro, tanto los representantes de gastronómicos como de Aleara se mostraron conformes ante la actitud de los ediles que se mostraron dispuestos a revisar los números, al tiempo que también cuestionaron las amenazas de despidos. El segundo encuentro fue mucho más tenso y, luego de las exposiciones de las autoridades de la empresa, se determinó pasar a un cuarto intermedio bajo el compromiso de no concretar ninguna cesantía y sostener la instancia de diálogo.

En paralelo, Casino Santa Fe presentó este lunes ante el Ministerio de Trabajo provincial el procedimiento preventivo de crisis. Acorde a lo dicho por el secretario de Trabajo y Seguridad Social, Leonardo Panozzo, la herramienta supone que la cartera solicite los balances de los últimos tres años a los efectos de observar la situación financiera de la empresa y “ante la eventualidad del despido de aquí en adelante se podría aplicar, en una situación inédita, el procedimiento preventivo de crisis”, explicó al ser consultado por LT10.

En la presentación, el Casino se apoya en el artículo 98 de la Ley 24013, el cual establece que “con carácter previo a la comunicación de despidos o suspensiones por razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas, que afecten a más del 15 % de los trabajadores en empresas de menos de 400 trabajadores; a más del 10 % en empresas de entre 400 y 1.000 trabajadores; y a más del 5 % en empresas de más de 1.000 trabajadores, deberá sustanciarse el procedimiento preventivo de crisis previsto en este capítulo”.