El laberinto de la reforma constitucional

La oposición ve con buenos ojos una Carta Magna que sustituya la de 1962, si se restringe la reelección del gobernador. Lifschitz es el principal interesado, pero no se baja de 2019.

El gobernador Miguel Lifschitz decidió ir a fondo por la reforma de la Constitución, reelección incluida. Superada la mitad de su gestión, Lifschitz entiende que ese doble objetivo –actualizar la Constitución de la provincia, que data de 1962, y buscar un segundo mandato– es lo que mantendrá unido al Frente Progresista. Dicho de otro modo: de las reglas de juego que se vayan a aplicar en las elecciones de 2019 depende, en buena parte, el futuro de la actual coalición de gobierno.

El actual mandatario busca concretar un objetivo que se plantearon sus antecesores Antonio Bonfatti, Hermes Binner, Jorge Obeid y Carlos Reutemann. Ninguno de los cuatro logró plasmar sus intenciones reformistas en un proyecto concreto: el tema quedó, sucesivamente, en anuncios que luego no se tradujeron en debates formales. A menos de un año del armado para las elecciones provinciales, Lifschitz busca dar un paso decisivo con el envío –por ahora, un anuncio más– de un proyecto a la Legislatura para que se declare la necesidad de la reforma constitucional.

No es una idea nueva: a mediados de 2016, Lifschitz decidió convocar a especialistas para iniciar el debate por la reforma. En ese momento, lanzó el programa Bases para la Reforma, a cargo de la Dirección de Reforma Política y Constitucional que comanda Oscar Blando. Durante la segunda mitad de 2016 hubo una serie de actividades con instituciones intermedias, organizaciones sociales, pueblos originarios y referentes del colectivo LGTBI. El tema quedó en stand by en 2017, año de elecciones intermedias y reordenamiento político en la provincia.

Aunque el objetivo de la reforma está en la agenda del gobernador desde el inicio de su mandato, en el comienzo de 2018 Lifschitz puso ahí todas sus fichas. Los tiempos apremian: si no logra un fuerte consenso entre los partidos de la oposición, no habrá reforma y tampoco reelección. Por las dudas, el gobernador lanzó como plan alternativo un acuerdo con Margarita Stolbizer, Martín Lousteau y Ricardo Alfonsín, de incierta concreción, con el objetivo de construir un frente electoral nacional para competir en 2019 contra el macrismo y el peronismo.

Al mandatario provincial no le va a resultar sencillo comprometer a la sociedad detrás de una reforma que, a primera vista, solo es importante para “la política”. Mucho menos convencer a la oposición, que estima que en el horizonte está el fin del ciclo progresista. ¿Logrará Lifschitz aquello que no pudieron conseguir los últimos cuatro gobernadores? Por la forma en que encaró el tema, está claro que lo va a intentar.

Pasaron 56 años

Hay un cierto consenso en la política santafesina acerca de la necesidad de actualizar la Carta Magna. Pero ese consenso se diluye cada vez que el gobernador de turno pone en marcha el proceso. Allí aparecen las diferencias en cuanto a los temas que se deben modificar, pero también sobre el mecanismo y los plazos del debate. Con problemas concretos de seguridad, economía y empleo, la oposición cierra filas bajo el argumento de que “no es el momento” de avanzar con la reforma.

Aún así, para el socialismo el tema es vital. Desde el partido resolvieron impulsar el proceso de reforma constitucional en el transcurso de este año y, en ese marco, convocaron a las fuerzas políticas del Frente Progresista para plasmar una propuesta común para luego tratar de lograr consenso con el resto del arco político.

“La Constitución provincial es nuestra ley fundamental”, señalaron desde el PS en un documento difundido el martes 6. “En ella se establecen los derechos, obligaciones y garantías que tenemos las y los santafesinos para poder construir una provincia mejor. Esos derechos responden a los valores que en un momento determinado decidimos proteger: el derecho a la vida, a la salud, a la educación, a la cultura, entre muchos otros. Asimismo establece la organización y funcionamiento del Estado, para la toma de decisiones y el cumplimiento de sus fines”.

Desde el socialismo remarcan que “la última reforma a la Constitución de nuestra provincia data del año 1962, fue llevada a cabo en un contexto de turbulencia política y se presenta coherente con la época en que fue concebida. Pero la realidad se ha transformado profundamente en estos 56 años. Llegado el momento en que la Constitución ya no refleja el cuadro de situación existente, surge la necesidad de ser modificada con la finalidad de dar respuesta a los nuevos desafíos”.

Que sí, que no

Desde Reutemann hasta Lifschitz, cada vez que se planteó la necesidad de actualizar la Carta Magna se argumentó la necesidad de ponerla en línea con la Constitución nacional reformada en 1994, que incorporó una serie de derechos e institutos que en el caso de la provincia funcionan por ley o por resolución del Ejecutivo, pero no están incorporados con jerarquía de texto constitucional.

En los pasillos legislativos coinciden en que la posibilidad de una reforma es inversamente proporcional a la cantidad de puntos a modificar. Si el gobernador de turno pretende una reforma amplia, integral, sus chances decrecen ante la negativa de la oposición. Si el menú de cambios es acotado, hay más posibilidades de lograr un acuerdo entre partidos para la reforma.

Hay algunos puntos en los que coinciden mayoritariamente todos los espacios:

• Duración de mandatos en las comunas. En la actualidad, las comisiones comunales tienen mandato de dos años, a diferencia del resto de los cargos electivos provinciales que duran cuatro años. La intención es unificar la duración de los mandatos en cuatro años, para que las gestiones comunales no deban pasar la mitad del tiempo en campaña.

• Consejo de la Magistratura. Es el órgano que selecciona a jueces y funcionarios judiciales y resultó una de las novedades introducidas en la reforma nacional del 94. En la provincia el Consejo de la Magistratura funciona por decreto del Ejecutivo, lo que le otorga una amplia discrecionalidad al gobernador para cambiar su composición.

• Composición de la Cámara de Diputados. La Constitución de 1962 le otorga una mayoría de 28 bancas al partido que gana esa elección, aunque haya sido por un voto, y reparte las 22 bancas restantes entre el resto de las fuerzas políticas según el sistema D’Hondt (proporcional a la cantidad de votos). De esa manera, la Carta Magna le aseguraba –en tiempos de boleta sábana– la mayoría de los diputados al partido de gobierno. Por eso recibió el nombre de “cláusula de gobernabilidad”. Con las últimas reformas electorales y el sistema de boleta único, eso ya no ocurre en forma lineal. La idea es dejar de lado la mayoría automática de 28 diputados y repartir las 50 bancas a través del sistema D’Hondt.

• Defensoría del Pueblo. Otro instituto que, a nivel nacional, tiene rango constitucional (es decir: no puede ser modificado por ley), pero que en Santa Fe funciona en base a las mayorías legislativas circunstanciales. La intención es regular su funcionamiento en la Constitución y dotar al defensor del Pueblo de un cierto margen de autonomía respecto del poder político.

• Tribunal Electoral. En la provincia funciona por ley y se constituye solo durante los años de elecciones. En paralelo a un proyecto legislativo que propone la constitución permanente de un Tribunal Electoral especializado, es otro instituto al que se pretende dotar de jerarquía constitucional.

En cambio, aquellos temas más complejos como la autonomía municipal o la unicameralidad parecen haber quedado en el archivo ante la visible falta de consenso. Más allá del debate sobre la oportunidad –si es este el momento indicado para avanzar hacia la reforma–, el verdadero tema que traba el proceso es si se debe incorporar la reelección del gobernador y si se debe poner un límite a las reelecciones indefinidas de legisladores provinciales, concejales, intendentes y funcionarios comunales