El Congreso ya debate el aborto

El martes 10 de abril comenzaron en el Congreso de la Nación las reuniones informativas sobre la despenalización y legalización del aborto. Un momento histórico, por el cual el movimiento de mujeres viene reclamando y luchando desde hace décadas.

Once años atrás, el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), impulsado por la Campaña por el Derecho al Aborto, Legal, Seguro y Gratuito, fue presentado por primera vez en el Congreso, pero desde entonces jamás había sido tratado.

Las audiencias que comenzaron el martes, y que se realizarán todos los martes y jueves entre las 10 y las 18, se extenderán hasta fines de mayo. La discusión en el recinto podría darse a mediados de junio. Durante las mismas se prevé que concurran unos mil expositores. En las primeras audiencias se escucharon voces de académicas, periodistas, médicos, médicas, juristas, artistas, referentes de organizaciones y representantes de los diferentes credos.

Las posturas a favor y en contra quedarán planteadas en los plenarios de las comisiones de Legislación General, que preside Daniel Lipovetzky (PRO); de Familia, Alejandra Martínez (UCR-Jujuy); de Salud, a cargo de Carmen Polledo (PRO); y de Legislación Penal, que encabeza Gabriela Burgos (UCR-Jujuy). Los dos primeros ya se manifestaron a favor del derecho al aborto, mientras Polledo y Burgos lo hicieron en contra.

Qué dice el proyecto

Junto al proyecto de la Campaña, que es el que más apoyo tiene –72 firmas de legisladores de todos los sectores políticos, encabezadas por Victoria Donda (Libres del Sur)–, se debatirán otras ocho iniciativas que llevan las firmas de Daniel Filmus (Frente Para la Victoria-PJ), Araceli Ferreyra (Peronismo para la Victoria), Mayra Mendoza (FpV), Teresita Villavicencio (Evolución Radical), Daniel Lipovetzky (PRO), Marcelo Wechsler (PRO) y Sergio Wisky (PRO), que presentó dos, complementarios entre sí.

El proyecto de la Campaña, que será el que se use como base y al que se le podrán sumar propuestas del resto de los proyectos, tiene dos modificaciones respecto de la iniciativa presentada en 2016. En su primer artículo establece que “en el ejercicio de su derecho humano a la salud, toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras catorce semanas del proceso gestacional”. En el proyecto anterior, el límite estaba en las primeras doce semanas. La segunda modificación es la incorporación del artículo 10, donde se sostiene que “quedan incluidos en los derechos y beneficios comprendidos en la presente ley, las personas con capacidad de gestar de acuerdo en lo normado en la Ley de Identidad de Género Nº 26.743”, dando lugar a que puedan acceder a este derecho los varones trans. Además, al igual que en el proyecto de 2016, el artículo que incluía a los objetores de conciencia fue anulado.

Con ciertas diferencias, todos los proyectos prevén la despenalización del aborto, excepto la iniciativa de Wisky, que solo pretende regular el procedimiento a realizar en los casos de aborto no punibles, algo que existe desde 1921, que fue ampliado y clarificado con el fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 2012, y por el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”, del Ministerio de Salud de la Nación, en 2015. El proyecto del diputado del PRO también suma la necesidad de que las mujeres realicen una declaración jurada, un requisito que hoy no es exigido y que podría transformarse en una barrera para el acceso de las mujeres al derecho al aborto.

“El proyecto de la Campaña tiene en mira la autonomía de la mujer y la libertad de decidir su derecho a la salud en forma plena”, dice la abogada Nelly Minyerski, profesora de la UBA e investigadora, en diálogo con Página/12. “No incorpora instituciones que, la experiencia así lo acredita, se convierten en verdaderas vallas para la efectividad y eficacia de las leyes, como la objeción de conciencia y las conserjerías que, por cuestiones operativas y confesionales, tornan de imposible cumplimiento la ley. Buscamos la despenalización y la legalización para que todas las mujeres que deseen interrumpir un embarazo en los términos de la ley, tengan acceso libre y gratuito, a todos los servicios de salud pública. Y que se obligue a la prestación a los servicios privados y obras sociales. Por eso, deseamos fervientemente que se apruebe el proyecto de la Campaña”, finalizó.

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