La responsabilidad y la injusticia

¿Es necesario que el Poder Ejecutivo espere un fallo del Poder Judicial para que se reconozca la masiva violación a los Derechos Humanos que fue la inundación de 2003? ¿Qué sustento y reconocimiento se da hoy a los familiares de las víctimas del peor abandono que registró nuestra historia local?

El Estado, provincial y nacional, paga diversas pensiones a los más directos afectados por sus acciones a lo largo de la historia. Como se sabe, es el Estado el primer garante de los Derechos Humanos, tanto como es su primer violador. Y en la inundación de 2003, el Estado no sólo falló en la prevención –con el desarrollo de una inútil infraestructura–, sino que además no ejecutó ningún protocolo de evacuación –todo lo contrario: se les dijo a los vecinos que se quedaran en sus hogares, el mismo 29 de abril– y abandonó a su suerte a la población durante los peores días y también después, en degradantes campos de refugiados donde lo único que resguardaba la integridad humana era la acción de los voluntarios.

El Estado tiene una deuda gigante con la población inundada, que era en 2003 y sigue siendo hoy –y por mucho tiempo lo será– la más necesitada, la más pobre, la más excluida de la ciudad.

Es miserable que el Estado siga mirando al costado bajo el amparo de los plazos agraviantes de la Justicia para llegar a un fallo en la causa inundación. No es necesario esperar la opinión de quienes ya son también cómplices de la impunidad, 15 años de trámites tribunalicios es la injusticia en estado de pureza.

Como el Estado nacional, el Estado provincial afronta hoy el pago de pensiones para ex combatientes de Malvinas, ex presos políticos y madres de desaparecidos. Son dolores que no cesan, las pensiones son una reparación –insuficiente pero material– y también la admisión pública de la responsabilidad del Estado.

El modo en el que las comunidades afrontan sus deudas las caracteriza en sus rasgos más profundos. Una comunidad es poco más que la manera con la que asume una deuda compartida. Que el Estado haya meramente pagado una indemnización menor, ocasional y extorsiva por la masacre que perpetró en 2003 no sólo habla del Estado, sino también de cómo los santafesinos continuamos habitando alegremente la ciudad hasta el presente.  La deuda es también nuestra.

En democracia, el Estado santafesino violó masivamente los Derechos Humanos. Fue en 2003. Como se hace con los veteranos, los presos políticos o las madres de desaparecidos, las familias heridas para siempre por la pérdida de un ser querido por responsabilidad del Estado merecen un reconocimiento simbólico y material, mucho más que un marketinero recuerdo de ocasión o el silencio con el que son envueltas durante el resto del año.