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Se terminó la cordialidad entre gremios y gobierno. Decretos, marchas y mucha pimienta.
“Ay ay ay ay, qué pena que me da, ay ay ay ay, qué pena que me da, se dicen progresistas y nos quieren descontar”. El cantito coreado por los manifestantes en la marcha gremial del 4 de abril, en rechazo a la política salarial del Ejecutivo provincial, marca un antes y un después en la relación del Frente Progresista con los sindicatos del sector público.
Por diez años, los sucesivos gobiernos provinciales mantuvieron un trato cordial con los gremios. Aunque hubo paros casi todos los años en reclamo de mejoras salariales, desde el sector gremial siempre reconocieron la predisposición al diálogo por parte de la provincia y la decisión política de sostener el poder adquisitivo aún en los años de mayor inflación, como 2014 y 2016.
Pero algo se rompió en el primer trimestre de 2018. Y fue justo unas semanas después del intento que hizo el Frente Progresista, durante el verano, para sumar sectores sociales y sindicales con el objetivo de reforzar su base política, ante la persistente fuga de los aliados radicales hacia Cambiemos.
La estrategia de recomponer el Frente con sectores gremiales fue expresada por el gobernador Miguel Lifschitz después de las elecciones de 2017. Los dirigentes sindicales se mostraron reacios a esa idea, pero nunca cerraron la puerta. No obstante, con el inicio de las paritarias 2018, el tema se diluyó.
Porcentajes y divisiones
Las paritarias 2018 redibujaron la relación gobierno-gremios. La primera propuesta salarial (un incremento del 16% en dos tramos, con cláusula gatillo) fue rechazada por todos los sindicatos, inclusive UPCN que se muestra mucho más cercano al Ejecutivo que el resto de las organizaciones.
Allí comenzó una intensa discusión por el verdadero porcentaje ofrecido por la provincia. Los gremios más combativos (Amsafé, Sadop y ATE) remarcaron que la verdadera propuesta era del 14,9% ya que en el 16% se incluyó el 1,1% de la cláusula gatillo correspondiente a 2017. Con segunda propuesta, del 18%, se repitió el contrapunto en los mismos términos: para los gremios, el aumento real es del 16,9%.
“Fue un error de parte nuestra haber reconocido el pago del 1,1% de manera automática”, explicó el gobernador Lifschitz. “Tendríamos que haber hecho como las otras provincias, que no lo aplicaron automáticamente sino que lo incorporaron en la discusión salarial del año siguiente. La base de comparación siempre es el mes de diciembre y el 18% se aplica sobre ese mes”.
Esa segunda oferta dividió aguas dentro del movimiento sindical. UPCN la aceptó por una diferencia exigua (690 delegados se inclinaron por aceptar la oferta mientras que 645 votaron en contra) y lo mismo hicieron los docentes de UDA y Amet. En cambio, ATE, Amsafé, Sadop, Amra y Siprus la rechazaron y convocaron a medidas de fuerza.
El visto bueno del gremio mayoritario de estatales (UPCN) a la oferta salarial llevó al gobernador a tomar una decisión inédita desde la instauración de las paritarias. Lifschitz cerró por decreto la discusión salarial y otorgó el mismo porcentaje a todos los sindicatos, hayan aceptado o no la propuesta. Luego, para calmar los ánimos, aclaró que el decreto no clausura las paritarias, solo la negociación salarial: “Vamos a mantener el diálogo abierto permanentemente con los sindicatos”.
En la calle
Las medidas de fuerza realizadas por Amsafé, Sadop y ATE en la primera semana de abril generaron otro cortocircuito entre los gremios y el gobierno. Lifschitz anunció el descuento de los días no trabajados y desde el Ministerio de Gobierno enviaron una circular a todos los organismos públicos para pedirles que instrumenten esa medida.
Ante el anuncio del descuento de los días no trabajados (un día en el caso de ATE, dos en el caso de los docentes), ATE avisó que denunciará ante la Organización Internacional del Trabajo la “ilegal” decisión del gobierno santafesino.
En medio del conflicto, el gobernador Lifschitz decidió ir a fondo y criticó la decisión de los sectores más díscolos: “Para un trabajador, lo que se está discutiendo es nada. Para el que gana 30 mil pesos (salario promedio docente con el aumento completo), el 1% son 300 pesos por mes, que es lo que valen seis o siete kilos de pan. No creo que le cambie la vida a ningún trabajador. Son cifras muy pequeñitas”.
En la marcha del 4 de abril, de la que participaron unos 20 mil manifestantes, se escucharon fuertes críticas a Lifschitz por el decreto de aumento y también por la comparación entre salarios y kilos pan. “No pido seis kilos de pan, exijo un salario digno”, escribió una docente en una pancarta. “Lifschitz: leudame el sueldo”, expresó otra docente.
El “romance” entre los sindicatos del sector público y el gobierno provincial parece haber llegado a su fin, espoleado por las imposiciones de ajuste de la Nación. Y la idea de un frente amplio en el que confluyan el gobierno y los gremios es, a esta altura, solo un lejano recuerdo del verano.
Sonia Alesso, Amsafé: “Pretenden dividir a los sindicatos”
“La causa de este conflicto es la negativa del gobierno provincial de discutir en la paritaria todos los temas que se tienen que discutir: la escala y los tramos del aumento. Estamos dispuestos a pelear, como lo hicimos siempre. Todas las herramientas de lucha son válidas. El anuncio del decreto (que cierra la discusión salarial) es ilegal: viola la paritaria, es una práctica desleal, amedrenta y pretende dividir a los sindicatos. Y su único objetivo es disciplinar a los trabajadores. Si no convocan a paritarias, la asamblea provincial de Amsafé dará continuidad al plan de lucha. Pretenden que aceptemos techos salariales. No es verdad que no iba a haber techo ni piso, esto se manifestó muy claramente en las discusiones salariales. Algunos dicen que esto tiene que ver con el Pacto Fiscal, otros con acuerdos políticos por la constituyente, lo que nosotros decimos es que el bolsillo de los maestros, de los estatales, de los jubilados, no pueden aguantar el tremendo impacto de la inflación y de los tarifazos”.
Patricia Mounier, Sadop: “Esto es una imposición salarial”
“Nos están amenazando con los descuentos, con una imposición salarial por decreto y con que la propuesta salarial no se mueve; si la propuesta salarial no se mueve, los que nos vamos a mover somos nosotros. Estamos reclamando salarios dignos, condiciones de trabajo, rechazamos el Consenso Fiscal que hace que el gobierno diga estar atado para no darnos un aumento salarial digno a los docentes. Apostamos al diálogo, quien lo rompe es el gobierno provincial a través de las amenazas. El gobernador Lifschitz es un buen alumno del gobierno nacional, terminó haciendo lo mismo que Macri”.
Claudio Girardi, CGT: “La Nación le exige ajustes al gobierno”
“La causa común que nos une a la CGT y la CTA es la defensa de la clase trabajadora, por eso estamos orgullosos de la conformación del Movimiento Obrero Santafesino. Le decimos al gobernador Lifschitz: si realmente quiere diferenciarse del gobierno nacional, que convoque a paritarias sin techo para discutir salarios y que los trabajadores puedan vivir con dignidad. El gobierno provincial está cumpliendo con el ajuste exigido por el gobierno nacional y firmado en el acuerdo fiscal. Nosotros queremos paritarias libres, por eso le pedimos al gobierno que convoque a los trabajadores”.
Jorge Hoffmann, ATE: “El modelo es la rebaja de salarios”
“Sí, estamos politizados. Estamos haciendo lo que mucha dirigencia política que se dice opositora no hace. Y si bien estamos luchando por nuestro salario, también expresamos que no estamos de acuerdo con el modelo económico que implica reducción salarial y que la inflación le gane al salario, en consonancia con un gobierno nacional que predica la rebaja a los estatales. El gobierno provincial está transitando un camino que puede dejarlo fuera de la historia de los partidos populares y democráticos, porque rebajar el salario y sancionar a los trabajadores es propio de un gobierno de derecha”.
