La universidad pública está especialmente interpelada en este 2018 ante el centenario de la Reforma y el cincuentenario del Mayo francés.
Por Gabriela Bergomás (*)
La memoria de la Reforma nos convoca especialmente desde la democratización del gobierno universitario y la profundización de la relación dialógica con el medio social y cultural que la sostiene y la incluye. Desde otra perspectiva, el mayo francés significó la caída de los muros que cercaban la imaginación y la creación como protagonistas para volver político el acto de enseñar y aprender, y también para trabajar conjuntamente con las organizaciones sociales. Estos movimientos estudiantiles y juveniles resignificaron la institución universitaria y la memoria de sus luchas invitan a repensar su rol en estos nuevos escenarios. Esta herencia de conquista de derechos para una institución centrada en el conocimiento como la universidad, debe hacerla reflexionar sobre las deudas pendientes que mantiene con el pensamiento crítico, la innovación en investigación, una mayor apertura hacia otras formas de construcción del conocimiento y su apropiación social.
Hoy la reflexión sobre la educación superior está centrada en los organismos internacionales. La realización de la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe - CRES 2018 (en la ciudad de Córdoba, junto al homenaje por el centésimo aniversario de la Reforma) actualiza el debate en el marco de un escenario que nos entrampa con las etiquetas y figuras políticamente correctas (redes, consorcios, observatorios) del mundo globalizado que diluyen una real participación democrática de los distintos actores e instituciones. En el transcurrir de la Conferencia, se escuchan posturas extremas e irreconciliables, que sin lugar a dudas complejizarán el trabajo en vistas a lograr un consenso para el documento final, que esperamos no sea solamente una declaración vacía.
En América Latina se evidencia el contundente avance del sector privado en educación, por lo que se hace imprescindible cuestionar los postulados de los programas neoliberales, especialmente la educación privada con fines de lucro, desmitificar el mercado como regulador y revisar el rol del Estado. Se torna entonces fundamental politizar la universidad, reafirmar su autonomía para el compromiso con la transformación social, consolidar su estructura democrática, defender y extender su gratuidad, encuadre ineludible para el presente de la universidad pública en todos los países de la región y en especial en esta significativa conmemoración de la Reforma del 1918.
En nuestras universidades a su vez estamos viviendo un solapado recorte del presupuesto que el Congreso Nacional aprobó, reduciendo tanto la inversión en obra pública como en los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales. Un marco contextual donde se está poniendo en juego una valoración de las prácticas de gobierno y administración universitarias, revisando su estructura y sus necesidades a la luz del achicamiento del Estado que se retira cada vez más del escenario de lo público.
La universidad pública debe resistir el embate de este Estado que la cuestiona y la enfrenta con la sociedad, recuperando su tradición laica y antielitista , preservando su autonomía, que no es lo mismo que trabajar aislada y desentendida de una realidad social, económica y política que la atraviesa y le demanda intervenciones y posicionamientos. Porque hay “…libertades que nos faltan”, reafirmamos el compromiso con el derecho a la educación y la defensa de la educación superior como derecho humano y bien social.
(*) Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos