Los conflictos habitacionales están lejos de ser resueltos.
Habitar y circular por una ciudad son acciones políticas primarias que relacionan al cuerpo y el espacio. Casi todos los años se dejan caer títulos informativos sobre cómo los ciudadanos habitan y circulan por la ciudad, sin hilvanar demasiado en el vínculo que hay entre un desalojo en el oeste o en Guadalupe y la firma de una concesión para abrir boliches sobre la 168 o una cochera que arrasará un parque céntrico.
Justamente, los desalojos son la marca más precisa de cómo el Estado opera de un lado y del otro de las fronteras (a no ser que creamos que del lado céntrico de Santa Fe no hay ocupaciones de territorio, pero en este caso por el capital).
Como paradigma están las tensiones en Playa Norte, Bajo Judiciales y Bajo Gada, que vienen desde la gestión de Martín Balbarrey hasta el presente. Zonas conflictiva, no por el paisaje ni por sus pobladores. Según el plan de ordenamiento urbano de Mario Barletta, allí tendría que localizarse un barrio residencial top. Modificado el plan, ahora deberían haber reservorios. Resulta que allí hay personas, viviendo desde hace décadas y soportando todos los años la visita de la topadora o de los municipales con pico y maza.
La ocupación de los complejos de Santa Rita II y Las Delicias (en 2012) generó otro tipo de conflicto, pero con idéntica resolución: desalojo. A la Vuelta del Paraguayo se le respeta la raigambre, pero no se le provee mayores obras ni adecuados planes de evacuación ante las crecidas y se le planta, riacho mediante, la tortura del reggaetón eterno. No vale lo mismo el tímpano de un costero que el de un recoleto. El torpe intento de ocupación gubernamental del Centro Cultural y Social El Birri (en 2013) se topó de bruces con la reacción de la comunidad artística. En el límite con San Lorenzo, es territorio de mestizaje de clases. En Acería (2012) hubo que esperar al práctico derrumbe de una de las precarias torres para que se atendiera –positivamente– a la crisis habitacional.
En el fondo, esos cuerpos son tomados como objetos y no como sujetos. Sus organizaciones, con sus propuestas y reclamos, a veces llegan a traspasar algunos ámbitos institucionales, pero todavía quedan afuera de la política de Estado.