Por los derechos de los excluidos

Se multiplican las organizaciones sociales que trabajan en los barrios a favor de los vecinos.

No resulta difícil focalizar el denominador común. No es otro que la necesidad, la necesidad de trabajo, de alimentarse, de aprender un oficio, de recibir asistencia ante el padecimiento de la violencia, de pelear contra las adicciones y la delincuencia, de abrigo… Cuando se forma una organización social en los barrios más aquejados por la situación económica y social, lo que se observa es la voluntad por transformar la realidad de cada una de las personas a las que se asiste.

Más allá del ponderable valor de la solidaridad, lo que prevalece es un compromiso con el vecino y no solo para ayudarlo en su contingencia, sino para permitirle que pueda ver otro horizonte. Una muestra de ello es la tarea que asumió el Proyecto Revuelta en Alto Verde y la Vuelta del Paraguayo, donde se ha consolidado el dictado de talleres artísticos y de oficios y, más cerca en el tiempo, el bachillerato popular gestado sobre las bases de la gestión social de la educación. A lo que se suma la acción directa en las crecidas o las inundaciones.

Otro caso significativo son los comedores que se han abierto en las barriadas de alta vulnerabilidad social. Muchos se originaron a raíz de la carencia de la copa de leche y de un plato de comida que sufrían los más chicos y sus familias. Gracias al aporte de colaboradores, se sostienen en casas prestadas y por donaciones, pero a la fecha no deja de crecer la tarea, porque tampoco deja de crecer la demanda.

A la hora de evocar la misión de las entidades que crecieron con el paso de los años, no se puede soslayar a Manzanas Solidarias, la asociación civil que nació al compás de la crisis de 2001 y en la actualidad se aboca a la realización de talleres, huertas y demás tareas colectivas para los vecinos de Coronel Dorrego, Bajo Judiciales y Playa Norte. El objetivo para sus hacedores es terminante: “luchar por los derechos de los excluidos”. Esa inquietud puede significar el eje rector de todas las organizaciones que trabajan en el territorio porque no sólo la pobreza les sacude la cara, sino también todas sus añadiduras: la violencia de género, el abuso sexual, la amenaza del desalojo, la falta de vivienda digna y la ausencia de infraestructura y de servicios básicos.

Frente a todas estas problemáticas que encuentran su equivalencia en la imposibilidad de acceder a oportunidades, muchas de estas organizaciones generan ámbitos para el desarrollo de actividades deportivas, culturales, recreativas y de apoyo escolar. Y ese sentido, la mesa Ni un pibe menos por la droga ancló el año pasado en nuestra ciudad para asistir a un centenar de chicos de entre 15 y 24 años del cordón norte y oeste que padecen los efectos de las adicciones, ligadas éstas al desempleo que marca a más de una generación, a la violencia intrafamiliar, la deserción escolar y el no acceso al sistema sanitario.

El crecimiento de las organizaciones sociales que realizan un trabajo territorial, en suma –y pese al riesgo de la obviedad–, va de la mano de las falencias del Estado. De un Estado que si bien gestiona acciones de inclusión, no logra aún abarcar el enorme mapa de la marginalidad ni revertir problemáticas estructurales.