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La 125 y la elección de 2015 marcan el estallido político de un nuevo sujeto: el ruralista Monsanto.
Desde que se legalizó el uso de organismos genéticamente modificados en 1996, su avance fue imparable y, con él, se modificó completamente el campo argentino. Esta transformación atravesó a todos los modelos económicos: las exportaciones del complejo oleaginoso y cerealero llegan hasta a determinar el valor del dólar. En el camino, Grobocopatel viajó a ver a Chávez junto a Kirchner para trasvasar el modelo local a Venezuela, como se recordó en la primera edición de Pausa, en una nota cuyo eje eran los piquetes ruralistas de 2008.
Especulación y política: cómo el campo trae los dólares al país (o no)
La mayor actualidad de ese conflicto por la distribución de la renta agraria no está en la robusta vigencia del modelo de transgénicos y agroquímicos, a quien Mauricio Macri le dedicó su primera medida, la quita de retenciones, y al que no lo afecta el desguace en curso, a fuerza de despidos, de la Secretaría de Agricultura Familiar y del Inta. Tampoco está en su abierta operatoria de apriete con la liquidación o no de sus exportaciones. Con esa herramienta, en 2009 y en 2015 cortaron el chorro de ingreso de dólares al país. Hoy también la entrada de los agrodólares está por el piso, pero no se debe al amarrocamiento en los silobolsas sino a otro beneficio estatal para el sector: en 2017 directamente les permitieron guardar por 10 años las divisas sin convertirlas en pesos. Tanto peso tiene el campo que ni siquiera dejó lugar a la suspensión temporaria de la quita de retenciones a la soja, un alivio para las arcas del gobierno del que forma parte simbólica y materialmente.
La mayor actualidad del conflicto por la 125 se revela por contraste.
“Le dije al gobernador Uribarri que parara a los camioneros porque en las camionetas lo más chico que teníamos era un cuchillo para carnear asado”. “Estábamos preparados para resistir: había escopetas, carabinas, de todo. Los camioneros no se movieron por eso. Les íbamos a hacer la pata ancha”. “Hasta diez o doce motosierras habían llevado por si venían más pesados. No íbamos a avanzar. Nos íbamos a defender”.
Esas declaraciones salieron por boca del hoy senador Alfredo De Angeli. Ante el tratamiento en el Senado de la 125, el más peludo de los machos ruralistas, Mario Llambías, líder de las Confederaciones Rurales Argentinas, sentenció “una cosa son los votos y otra cosa es la solución del conflicto”. El coqueto Luciano Miguens, de la Sociedad Rural fue más directo: “ganemos o perdamos mañana, esta medida no va a poder continuar”. Y el ex ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, como vicepresidente de Confederaciones Rurales, fue transparente en su concepto sobre la democracia: “si los legisladores ratifican las retenciones hay que disolver el Congreso”.
La línea que separa qué fuerzas pueden alzarse como lo hicieron los ruralistas durante más de 100 días de 2008 la expresó el cerebro del conflicto, apenas empezó. El 21 de marzo, en radio Mitre, Hugo Biolcati, vicepresidente de La Rural, explicó la legitimidad de la protesta con una indicación: hay que “mirar el color de la piel de los que están haciendo” los piquetes.
La enumeración de lo sucedido durante la protesta es larguísima. Se quemaron islas, se cortaron rutas por todo el país, se acosó a diputados, senadores, intentendes, hasta concejales, se impidió el paso de una embarazada y de una ambulancia en dos cortes de ruta. Natalio Porta, un cordobés de 64 años en plena crisis cardíaca, tuvo que recorrer casi 150 kilómetros de más –dos cortes tuvo que evitar– para llegar a un hospital en Villa María, donde murió el 24 de marzo de 2008.
Fue una sedición que tuvo, como máxima respuesta, un encontronazo con la Gendarmería en Gualeguaychú y algunos patoteos con camioneros y con militantes de Luis D’Elía y Guillermo Moreno.
Ojalá la protesta social pacífica que fue creciendo desde 2016 a la fecha hubiera sido tratada del mismo modo en que se contempló el alzamiento en beneficio de los sectores más concentrados del agro.
Como en un ejemplo escolar de construcción de hegemonía, desde la batalla victoriosa de 2008 fueron, lentamente, articulando diferentes actores sociales hasta llegar al 51% de 2015, concentrando casi exclusivamente en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.
El triunfo del campo en 2008 y hoy no fue frenar la 125, sino demoler las condiciones de la discusión: el campo son los gestores de la producción transgénica de alimentos y debe hacerse lo que ellos quieran y su fuerza corporativa de demanda es superior a cualquier orden institucional porque el campo –sus propietarios– son el corazón institucional del orden.
