Otro golpe al pequeño productor

El Monotributo Social Agropecuario regía desde 2009 para campesinos y pescadores. El gobierno nacional anunció que a fin de año se termina. En Santa Fe afecta a 3500 familias.

Los pequeños productores rurales no tienen respiro. A los golpes del clima y la suba de costos se suma el progresivo abandono por parte del Estado. La novedad es el fin del Monotributo Social Agropecuario (MSA), que permitía a las familias campesinas más desprotegidas contar con jubilación, obra social y la posibilidad de facturar para poder vender en mercados centrales y otros ámbitos de comercialización. Muchos de estos productores podrían comenzar a tener deudas con el Estado si no se enteran a tiempo de los cambios implementados. En Santa Fe, afecta a unas 3500 familias. En el país, a unas 50 mil.

Esto ocurre a dos meses del despido masivo de técnicos de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación y de los recortes también a nivel provincial, con la interrupción del programa de Apoyo a Grupos de Pequeños Productores Rurales del Centro Norte Santafesino.

El Monotributo Social Agropecuario (MSA) comenzó a funcionar en 2009 y les permitió a los campesinos y pescadores más postergados acceder a obra social, jubilación y la posibilidad de facturar sin costo. De todos los componentes del monotributo, el Ministerio de Agroindustria se hacía cargo del 50% de la obra social. El resto lo pagaba el ministerio de Desarrollo Social.

Ahora, Agroindustria se corre. Y el productor que quiera seguir en el régimen, pasará al Monotributo Social “común”, bajo la órbita de Desarrollo Social, que tiene un costo de 268 pesos por cada integrante de la familia que quiera acceder a la obra social.

“Para los pequeños productores, con familias numerosas, es difícil de afrontar”, advirtió a Pausa Delicia Zenteno, productora del cinturón verde de Santa Fe e integrante de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT). Sin el monotributo, estos productores no sólo pierden la obra social y la posibilidad de jubilarse, sino también –y más urgente– la posibilidad de vender su producción en el mercado central, explicó Delicia.

Organizaciones campesinas, indígenas y de pequeños productores repudiaron la medida y preparan una movilización para el próximo 26 de julio, para exigir la continuidad del MSA.

Sin tiempo ni recursos

El Gobierno comunicó el recorte el 28 de junio pasado, lo oficializó el 3 de julio y dio un mes y 10 días de plazo para que, quienes quieran seguir con el MSA hasta fin de año, hagan un trámite en la Subsecretaría de Agricultura Familiar. Y a partir de enero de 2019, salvo que opten por darse de baja, se los pasa al Monotributo Social “común”.

Si no hacen el trámite antes del 10 de agosto (para continuar o para solicitar la baja) pasan de manera automática al Monotributo Social. En ese caso, si el productor no se entera del cambio y no empieza a pagar, comenzaría a generar deuda con el Estado. Así lo explicaron a Pausa trabajadores de Agricultura Familiar de distintos puntos de la provincia, preocupados porque, tras diezmarse las oficinas (en Santa Fe se despidió al 25% del personal), temen no llegar a los cerca de 3500 adherentes que, en muchos casos, se encuentran en lugares con poca comunicación y alejados de los pueblos, tanto en el campo como en las islas.

Los trámites del Monotributo Social “común” se hacen en la Anses. Sebastián Mastropaolo, director regional del organismo, respondió que “se está evaluando”, al ser consultado sobre cómo se van a implementar estos cambios.

Más de 20 organizaciones campesinas, indígenas y de pequeños productores difundieron un comunicado y se movilizarán a fin de mes. “El MSA es una herramienta fundamental para regularizar las condiciones mínimas y dignas de nuestro trabajo”, expresaron. “Las autoridades del Ministerio de Agroindustria demuestran una vez más el carácter de clase y el sesgo antipopular de sus políticas. Son inaceptables las declaraciones que Santiago Hardie, secretario de Agricultura Familiar (...), en las que sugiere la ineficiencia del MSA”. Y denuncian que hace más de un año que las familias de agricultores no pueden inscribirse al MSA.

“Son más de 50 mil familias que pierden el derecho de regularizar su trabajo. Son más de 100 mil personas que pierden el derecho de acceder a la salud. Y es toda la población argentina que verá perjudicada su posibilidad de acceder a alimentos producidos en suelo argentino”, sostienen en el comunicado, firmado por la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino, la  Federación Agraria Argentina, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero y la Unión de Trabajadores de la Tierra, entre muchas otras organizaciones.

Preocupación en la Legislatura

En la sesión del jueves 5 de julio, la diputada provincial Claudia Giaccone presentó un proyecto de declaración para expresar su “profunda preocupación” por la medida anunciada por el Ministerio de Agroindustria de la Nación de dar de baja el Monotributo Social Agropecuario.

“Es notable el desprecio que manifiesta el gobierno nacional contra los sectores más vulnerables en cada una de sus medidas. Y es notable si se tiene en cuenta que esta medida tiene que ver con el ajuste de las cuentas públicas reclamado por el Fondo Monetario Internacional, recetas a las cuales el gobierno mecánicamente obedece. El mismo gobierno que le quita retenciones en algunos casos y rebaja en otros a los agroexportadores, hoy ajusta por el mismo lado de siempre”, señaló la diputada del PJ.

El anuncio de la baja estuvo a cargo del secretario de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial del Ministerio de Agroindustria, Santiago Hardie. Según el funcionario, entre el 2 y el 10 de agosto los beneficiarios deberán reempadronarse. Quienes lo hagan conservarán el beneficio actual, de manera gratuita, hasta fin de año. A partir de 2019, los productores familiares mantendrán su inclusión en el Registro de Efectores Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y serán beneficiarios del actual Monotributo Social, manteniéndose así el aporte del 75% del beneficio a cargo del Estado Nacional, o podrán darse de baja del régimen. El 25% restante, que estaba a cargo de Agroindustria, dejara de estarlo, ya que deberán soportarlo los pequeños productores.

“Instamos al gobierno de la provincia a que inicie gestiones ante las autoridades nacionales tendientes a que revea la medida, en salvaguarda de los pequeños productores santafesinos que hoy gozan de ese beneficio, y ven el peligro inminente de ver cercenados sus legítimos derechos”, concluyó la legisladora santafesina.