Los delitos cometidos por la Policía durante el alzamiento de diciembre de 2013 serán juzgados por el Tribunal Federal de Santa Fe. El líder del pseudo sindicato Apropol, Alberto Martínez, y tres ex uniformados de la Policía provincial están acusados por sedición y amenazas.
El fiscal federal de Santa Fe, Gustavo Onel, pidió el lunes 16 de julio la elevación a juicio de la causa en la que están imputados, además del líder de Apropol, tres ex sargentos de la Policía: Fabricio Abasto, Claudio Patiño y Mauricio Pagani.
La causa comenzó con la denuncia del fiscal de Estado de la provincia, Pablo Saccone, el 10 de diciembre de 2013, luego de una semana de conflictos que tuvieron como epicentro las ciudades de Rosario y Santa Fe. Por aquellos días, los uniformados se acuartelaron en reclamo de un aumento salarial y dejaron de prestar servicio. En el pico de la crisis, hubo una marcha hacia la Casa Gris en la que los manifestantes portaron armas de fuego.
Las presiones sobre el gobierno provincial –que se replicaron en distritos como Córdoba y Entre Ríos–, sumadas a la manifestación en Plaza de Mayo y el bloqueo, por parte de la propia Policía, de la línea 911, motivaron la denuncia por “sedición” presentada por Saccone.
El fiscal federal Walter Rodríguez fue el primero en tomar la denuncia. Su investigación estuvo orientada a determinar si los policías tuvieron conductas extorsivas contra el gobierno y si la actitud de la fuerza generó las condiciones que hicieron posibles los robos y saqueos registrados durante el “paro” policial.
Tras la salida del fiscal Rodríguez, la causa quedó en manos de Gustavo Onel, quien le pidió al juez federal Reynaldo Rodríguez la elevación a juicio. En su escrito, el fiscal indicó que “se produjo una afectación cierta y considerable a la seguridad nacional, circunstancia que los procesados no podían desconocer, no solo porque eran hechos de conocimiento público sino porque además formaron parte de las arengas al personal policial de Santa Fe”.
Al líder de Apropol Alberto Martínez se le atribuye ser el cerebro del alzamiento. Según Onel, “haber instigado, a partir del 3 de diciembre de 2013, y hasta el 10 del mismo mes y año, la comisión de delitos por parte de terceras personas que tenían estado policial, respecto de los cuales tenía una incidencia concreta, en virtud de lo cual estos ejecutaron un plan penalmente relevante consistente en alzarse en armas contra el Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe”.
En su pedido de elevación a juicio, el fiscal Onel sostuvo que la protesta de los uniformados y el cese del servicio tuvieron como fin “arrancarle al Estado una medida o concesión que consistió en el dictado del decreto 4.221/2013”, por el cual se otorgó el aumento y se mejoraron las sumas adicionales.
La investigación de la Fiscalía Federal determinó que Alberto Martínez “utilizó diversos espacios virtuales de la organización Apropol, como sus cuentas de Twitter y Facebook, y también su cuenta personal de Twitter, para efectuar publicaciones con el objetivo de instigar a distintos actores a alzarse en armas contra las autoridades políticas provinciales, a fin de arrancarles una medida o concesión”.
Además, a Martínez se le imputó el delito de amenazas contra Bonfatti a raíz de los mensajes de texto que envió los días 4, 6 y 7 de diciembre del 2013. Martínez quedó imputado por “instigación a cometer delitos, en concurso real con el delito de amenazas coactivas agravadas, en calidad de autor”. Según el fiscal Onel, “la conducta de Martínez superó con creces el ámbito de lo que pudiere considerarse un reclamo legítimo para ingresar en el campo de lo delictual”.
Los otros tres sargentos involucrados en la causa fueron imputados por “sedición, agravado por tratarse de funcionarios públicos, en calidad de coautores” ya que “actuaron como coordinadores y negociadores de las mencionadas acciones ilegítimas, y además de ello se movilizaron en forma organizada y juntamente con un número indeterminado de personas, varios de ellos portando armas de fuego, a la par, a modo de presión”.