En manos de la bondad de los sojeros

El gobierno nacional elaboró una propuesta para la continuidad del modelo agrotóxico. ¿Qué opinan los especialistas?

Las organizaciones ambientalistas y los especialistas señalan que en el proyecto del gobierno nacional para dejar en mano de cada localidad la legislación sobre las restricciones a las fumigaciones se oculta la intención de eliminar las zonas de protección contra los productos agroquímicos para aumentar la superficie cultivada, principalmente con soja.

El gobierno nacional presentó el 11 de julio las conclusiones del grupo de trabajo sobre “buenas prácticas” agrícolas y aplicaciones de fitosanitarios. El informe incluye 12 principios rectores para la aplicación de agroquímicos y 23 recomendaciones para los Estados provinciales y municipales.

Dicho documento es producto de un trabajo interministerial que duró 90 días y está avalado por los ministros de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao y de Salud, Adolfo Rubinstein.

La principal novedad radica en que se dejaría que cada localidad determine los límites al uso de agroquímicos y establezca las “zonas de amortiguamiento” según la proximidad de poblaciones humanas y la protección de los recursos naturales y áreas protegidas. Es decir, las autoridades locales tendrán que definir dónde se puede fumigar o no.

Contexto

En 1996 el entonces secretario de Agricultura y Ganadería, Felipe Solá, autorizó la semilla de soja transgénica en la producción agropecuaria. Desde ese momento se fue consolidando una creciente expansión del monocultivo de soja. De hecho, el Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología (ArgenBio) calcula que el área cultivada con semillas genéticamente modificadas ha crecido sostenidamente, hasta alcanzar las 24,5 millones de hectáreas durante 2015/2016. Cada vez más, Argentina se caracteriza por ser productora y exportadora de soja y trigo.

Además este modelo productivo viene acompañado de potentes agrotóxicos. De acuerdo con la Declaración del 3º Congreso Nacional de Médicos de Pueblos Fumigados firmada en octubre de 2015, se estima que el uso de este tipo de productos aumentó un 983% durante los últimos 25 años, pasó de 38 a 370 millones de kilos. Esto dio lugar a decenas de estudios científicos y médicos que analizan los riesgos e impactos de su uso: “Ya no hay dudas que la exposición masiva y creciente a pesticidas modificó el perfil de enfermedades de las poblaciones rurales argentinas y también que el cáncer es la primera causa de muerte entre ellos”, dicen la declaración.

Tal como lo demuestran los cientos de estudios científicos publicados en los últimos años, la empresa multinacional Monsanto (hoy propiedad de Bayer) promueve y comercializa un paquete tecnológico que afecta la salud humana y arruina el medio ambiente (desertificación del suelo, destrucción de flora y fauna autóctona). “Es cierto que el glifosato no es el más virulento de todos los herbicidas, pero sí es el más utilizado. Sus volúmenes de venta superan ampliamente a los otros. Entonces si sumas las dosis utilizadas y la exposición permanente que tenemos, aparecen las complicaciones”, detalla el doctor en Ciencias Biológicas Leandro Negro, investigador del Instituto Nacional de Limnología (INALI) de la UNL.

Amortiguación cero

Las zonas de amortiguamiento (o “buffer zones”) son aquellas áreas lindantes o circundantes a los límites de las zonas urbanas o rurales que son protegidas. Es decir, son las zonas cercanas a la población donde no se puede fumigar. Actualmente en la provincia de Santa Fe esta distancia es de 200 metros, aunque existen proyectos en la Legislatura para bajar la distancia.

Ahora bien, el informe presentado por el gobierno nacional plantea que cada localidad defina los espacios de resguardo frente a los efectos negativos de la aplicación incorrecta de fitosanitarios según sus condiciones meteorológicas y atmosféricas (temperatura, viento).

Al respecto, Leandro Negro afirma: “El problema es que en las localidades pequeñas los poderes están ligados a los dueños de la tierra. Entonces, si son los políticos locales lo que van a definir las distancias y la aplicación de la ley, es claro el sentido que tendrán: van a eliminar esas zonas de amortiguación para aumentar la superficie cultivada.”

En la misma sintonía, el profesor de la cátedra Ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la UNL, Rafael Lajmanovich, aseguró: “sin dudas este proyecto no va a modificar la situación existente. Al contrario, no creo que sea para el bien de la población. Estos sectores lo que pretenden es achicar cualquier tipo de distancia para poder aumentar la producción y poder fumigar cerca de las localidades”.

Aunque luego matizó su diagnóstico: “Actualmente ya está pasando que las localidades están debatiendo sobre el tema: cada una de las comunas están regulando en base a la presión popular sobre todo”. Por ejemplo, la vecina localidad San José del Rincón prohibió en marzo de este año el uso y aplicación del herbicida glifosato.

Ganancias sí, ciencia no

Si bien plantea que se deben hacer estudios y controles permanentes “sobre criterios e información científica y tecnológica”, el proyecto prioriza la sostenibilidad económica y ambiental del modelo productivo por sobre los estudios científicos realizados.

En diálogo con Pausa, Lajmanovich aseguró que “esta es una decisión inconsulta. Hay muchas organizaciones de base y científicos de todo el país que vienen trabajando esta problemática y fueron totalmente ignorados en este debate. Quieren resolver algo de arriba hacia abajo y tendría que ser exactamente al revés”.

Y luego agregó: “me decido a estudiar el impacto del uso de agroquímicos sobre la fauna silvestre. Tenemos más de 50 publicaciones en revistas científicas internacionales que refieren a la problemática de la disminución de las poblaciones silvestres por el avance de la frontera agropecuaria. En los últimos años han crecido los procesos de destrucción del hábitat y el uso de agrotóxicos, lo que ha perjudicado a la fauna silvestre”.

¿Quién controla?

El objetivo de este documento es mejorar la situación actual mediante la implementación de buenas prácticas. Para ello, se prevén controles por parte los organismos provinciales y nacionales.

“En esta ley hay buenas intenciones para la aplicación de productos, pero hay que ver cómo se aplican y controlan. El problema es que el control no es el fuerte de Argentina. Porque, por ejemplo, sabemos que por más que exista un registro de plaguicidas y algunos estén prohibidos, igual se los sigue usando. En nuestras investigaciones vimos recientemente muestras de endosulfan, que fue prohibido en 2013 pero algunos lo siguen aplicando. También se siguen encontrando depósitos clandestinos de envases en el campo o incluso arrojados a la vera del río y arroyos. Nadie controla eso. Entonces no sé si esta serie de buenas intenciones puedan ser controladas. Encima en este nuevo modelo de país los organismos de control están siendo diezmados. Con menos personal, el control va a ser más difícil todavía”, aseguró Negro.

¿Buenas prácticas para quién?

Según el informe, estas buenas prácticas de aplicación de fitosanitarios aseguran que los productos sean utilizados en su máxima capacidad y, a la vez, disminuyan los posibles riesgos emergentes a la salud y el ambiente. “Acá se está poniendo en cuestión cómo aplicar productos pero no se discute el modelo. Porque ya sabemos que Monsanto trae todo un modelo de producción. En vez de discutir si es bueno para la población de nuestro país, lo aplicamos porque asegura rendimiento”, afirma Leandro Negro.

Asimismo, el proyecto plantea que habrá una responsabilidad compartida. Esto es, cada localidad debe precisar las responsabilidades de cada uno de los actores participantes en el uso de los fitosanitarios. “Esto me parece grave. El Estado dice: ‘si haces estas acciones, no vas a contaminar’. Entonces si se produce contaminación no es porque el Estado no reguló, sino que la persona obró mal. De esta forma, se desligan responsabilidades si hay alguna contaminación o enfermedad”, analiza el científico.

—¿Alcanza entonces con buenas prácticas? ¿Es una cuestión de dosis, aplico más o menos glifosato, o es preciso un cambio estructural de modelo?

—Hay dos puntos de vista: algunos plantean que hay que tener buenas prácticas y bajar las dosis, y otros creen hay que cambiar el modelo. Si bien es cierto que a grandes escalas el cambio es muy complejo, tampoco estoy seguro si hay que cultivar a gran escala, porque significa que la tierra está en manos de pocas personas y esos ‘se la llevan toda’. Pero bueno, eso tiene que ver con el modo de ver el mundo. Los sectores acomodados creen que está bien y el actual gobierno va hacia eso. Desde otra perspectiva se podría repartir un poco la tierra entre familias con micro o medianas escalas de trabajo y hacer producción orgánica. Pero eso es un debate que tiene que dar la población y se da al momento de votar.