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En emergencia, el presidente le pidió otro adelanto al FMI. La poda fiscal para 2019 será de 500 mil millones. Buena parte del ajuste se traslada directamente a las provincias.
El gobierno de Mauricio Macri salió a quemar las naves, admitió la “emergencia” económica (todavía no se habla de crisis) y duplicará el recorte previsto inicialmente para 2019 en el marco del acuerdo firmado en junio con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El Ejecutivo avanza en dos negociaciones paralelas: por un lado, con los gobernadores opositores (que son mayoría), con quienes intenta acordar los recortes que se aplicarán en 2019 y así enviar un presupuesto de “consenso” al Congreso; por el otro, con autoridades y técnicos del FMI para adelantar los desembolsos previstos para el año próximo, en el marco de un acuerdo de 36 meses que vence recién en junio de 2021.
En junio el Fondo ya hizo el primer desembolso de 15 mil millones correspondiente al programa stand by por 50 mil millones de dólares. Una de las condiciones impuestas por el organismo de crédito es la reducción gradual del déficit fiscal. Para conseguir un anticipo del segundo tramo del préstamo, ahora el gobierno se comprometió a cumplir en 2019 la meta fiscal de déficit cero, prevista para inicialmente para 2020.
Para llegar a un escenario de equilibrio fiscal, el gobierno decidió jugar dos cartas fuertes: subió de 300 mil millones de pesos a 500 mil millones el total del recorte presupuestario de 2019 (que deberá avalar este año el Congreso) y repuso retenciones a las exportaciones con el objetivo de mejorar el nivel de ingresos y así acelerar el camino hacia el déficit cero.
El acuerdo original ya era difícil de digerir para las provincias. Implicaba bajar el déficit del 2,7% al 1,3% del PBI en 2019, llegar a una situación de equilibrio primario en 2020 y lograr superávit fiscal (0,5%) en 2021. Ese acuerdo no convenció a los mercados y el gobierno salió a redoblar la apuesta.
“El único camino para salir de esta tormenta es aprobar un presupuesto equilibrado y un nuevo acuerdo con el FMI”, dijo Macri ante empresarios en la reunión anual de la Unión Industrial Argentina.
Ese mismo día el ministro de Economía Nicolás Dujovne se entrevistó con autoridades del FMI en Washington en busca de acelerar los plazos del préstamo, algo que de momento no ocurrirá, según comunicó el organismo. Primero revisarán a fondo las cuentas y el programa económico de 2019, que Dujovne da por cerrado aunque eso está lejos de concretarse.
El ministro explicó que la reunión con el Fondo fue para “mejorar los términos de acuerdo que firmamos en junio, de manera tal de reforzar el programa. La Argentina ya ha dado pasos en los últimos días con el anuncio de medidas fiscales. Estamos conversando con el Fondo sobre cómo seguir avanzando para que el impacto del apoyo que la comunidad internacional nos ha dado cuando cerramos el acuerdo de junio pueda materializarse”.
Mejorar el acuerdo para que los dólares del FMI lleguen antes de lo previsto implica intensificar el ajuste. Las “medidas fiscales” aludidas por Dujovne apuntan a mejorar los ingresos (con la restitución de retenciones a las exportaciones primarias e industriales) y podar los egresos con una poda de 500 mil millones de pesos en 2019, que deberán compartir la Nación y las provincias.
Sufre el interior
En rigor, el ajuste ya empezó con la eliminación del Fondo Sojero, que se componía con el 30% de la recaudación por exportación de soja. Ese porcentaje que hasta agosto se giraba mes a mes a las provincias ahora lo conserva la Nación. Le permitirá al gobierno de Macri compensar, con un aumento de la recaudación, los recortes que no se puedan ejecutar. El FMI dejó en claro que solo avalará un nuevo acuerdo si las metas son de efectivo cumplimiento. En otras palabras: no habrá dólares para financiar el rojo fiscal.
Tras la quita del Fondo Sojero, la Nación anunció que dará de baja los subsidios para el transporte público, que en las ciudades centrales financia el 50% del precio del boleto y que representa hasta el 40% en el caso del transporte interurbano. A coro, las provincias salieron a desmentir que esa poda haya sido fruto de un acuerdo político. El gobernador Miguel Lifschitz admitió que la quita de subsidios al transporte “va a tener un impacto muy duro en el bolsillo de las familias trabajadoras”.
El ajuste implica un recorte global de 100 mil millones sobre los fondos que gira la Nación a las provincias. Esa cifra se compone con la eliminación del Fondo Sojero, la reducción de los recursos enviados para la obra pública y la quita de los subsidios nacionales para la tarifa social energética, que se traducirá en un nuevo aumento de la luz que esta vez pegará de lleno en los sectores de menores recursos.
En Santa Fe la EPE tiene su propia tarifa social que alcanza a 140 mil jubilados que cobran la mínima. En cambio, hay otros 210 mil beneficiarios de la tarifa social que se verán afectados por la quita de subsidios de Nación.
¿Acuerdo?
Los términos de las negociaciones que llevaban adelante el gobierno central y las provincias para llegar a un presupuesto de “consenso” fueron reformulados después de las corridas cambiarias que llevaron el dólar de 30 a 40 pesos en las últimas dos semanas de agosto.
Hasta entonces, se negociaba una poda global de 300 mil millones de los cuales un tercio corresponderían a las provincias. Ahora, el recorte integral que plantea la Nación es de 500 mil millones y vuelven a ponerse en discusión aquellos ítems que fueron muy resistidos de entrada y que, en un primer momento, el gobierno de Macri prometió dejar de lado: entre ellos, el Fondo de Incentivo Docente (Fonid), el Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) y la coparticipación del IVA.
