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Desde 2006, hubo 203 sentencias a nivel nacional y 21 en Santa Fe. El viraje a partir de Cambiemos.
Argentina fue el único país del continente que pudo juzgar con las garantías del Estado de derecho a los cabecillas de la última dictadura. Ese proceso ejemplar, que tuvo su instancia más importante durante el Juicio a las Juntas en 1985, se desactivó con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y quedó clausurado con los indultos firmados en 1990 por Carlos Menem.
Debieron pasar 15 años para que las instituciones de nuestro país revisen esa vergüenza. La derogación de las leyes de impunidad por parte del Congreso, en 2005, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, permitió a los familiares, a los sobrevivientes y a los organismos de derechos humanos reabrir los juicios de lesa humanidad contra los genocidas.
La provincia de Santa Fe fue –y es– una de las más activas: desde 2009, se realizaron 21 juicios por delitos cometidos por la dictadura y hay otros dos que comenzarán este año. De ese total, 20 juicios tuvieron sentencia: 13 en la ciudad de Santa Fe (incluidas las causas por la represión en el norte provincial) y siete en Rosario. En un hecho histórico, el 30 de agosto comenzará el juicio oral por los crímenes de la dictadura en Rafaela.
A nivel nacional, según datos de Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, desde la reapertura de los juicios de lesa humanidad hasta marzo de 2018 se dictaron 203 sentencias. Y siguen en trámite 599 causas en las que son investigados (o fueron hasta su fallecimiento) 2985 imputados.
Si bien 2017 fue el año con más sentencias (27) desde la reapertura de los juicios, los abogados querellantes han señalado que a partir de la asunción del gobierno de Cambiemos en diciembre de 2015 “se advierten serios obstáculos al avance y profundización del proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el terrorismo de Estado”.
“Desde la asunción del nuevo gobierno nacional, se han llevado a cabo medidas que han provocado el desmantelamiento total o parcial de las investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos perpetradas por el terrorismo de Estado, dificultando el relevamiento de material probatorio fundamental para contribuir con las causas judiciales y para efectivizar el derecho a la verdad que asiste a toda la sociedad argentina”, señalaron desde la Red Nacional de Abogados y Abogadas querellantes.
A esas medidas se suman las instrucciones de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a los abogados querellantes: no llamar “represores” ni “genocidas” a los imputados en causas de lesa humanidad y no apelar las prisiones domiciliarias.
La Red de Abogados querellantes identificó seis dificultades que dan cuenta del viraje del Estado nacional en cuanto a los juicios por la represión ilegal: falta de integración de los Tribunales Orales Federales; atomización de las causas o reticencia de los jueces a acumular los casos; demoras en instrucción y revisión; poca frecuencia en las audiencias de debate; resistencias en los procesos en los que se investiga la responsabilidad de civiles; y otorgamiento de prisiones domiciliarias a favor de los represores (más de la mitad de los represores detenidos por delitos de lesa humanidad gozan de ese beneficio).
Las investigaciones sobre las responsabilidades civiles durante la represión ilegal y la complicidad del poder económico con la dictadura siguen siendo las deudas pendientes. Se estima que entre 1976 y 1983, 604 empresas fueron apropiadas ilegalmente por el terrorismo de Estado. El caso de Papel Prensa es, apenas, uno más de una larga lista.
