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Las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, producidas durante dos represiones de las fuerzas seguridad en razón de conflictos por la tenencia de la tierra en el sur, pusieron en el tapete el aval abierto del gobierno a la violencia armada del Estado y desnudaron el poder de los terratenientes extranjeros en la Patagonia, amos y dueños de buena parte de nuestras tierras.
La muerte de Maldonado y el asesinato por la espalda de Nahuel revelan, además, la subsistencia de una fuerte matriz de odio en buena parte de la ciudadanía. No solo por la justificación de la represión a la protesta social, también por el uso siniestro –en particular del caso Maldonado– que hicieron vastos sectores de la sociedad argentina que se rechazan la vigencia de los derechos humanos.
Los organismos de derechos humanos supieron responder con entereza, apelando a la verdad y la justicia como salidas y llenando las plazas con sus reclamos.
La Justicia aún debe determinar qué pasó con Santiago, por qué lo empujaron a la muerte, y quién ordenó la represión que terminó con la vida de Rafael.
