Tras bajar de Ministerio a Secretaría, Salud de la Nación dejó de mandar medicamentos y dio de baja prestaciones muy sensibles, con riesgo de vida. La voz de Salud de la provincia, del Colegio de Médicos y de Siprus.
El Colegio de Médicos, el sindicato de profesionales y el Ministerio de Salud de la provincia coinciden en una inquietud: el ajuste y la baja de categoría de la cartera nacional de salud. Se evidencia en la falta de medicamentos para la atención primaria y bajas en prestaciones como diálisis e insumos oncológicos, además de vacunas y la entrega de anticonceptivos.
El 7 de septiembre, a través del Boletín Oficial (1605/2018), se conocieron cambios presupuestarios en varias áreas del Estado nacional. Ese día, un grueso sector de la sociedad manifestó su malestar ante la decisión de incrementar la partida destinada al Ministerio de Seguridad, financiada a partir de la reducción en Educación, Salud, Cultura, Ciencia y Tecnología, Niñez, Adolescencia y Familia y Desarrollo Social.
Días antes, la conducción del gobierno de Cambiemos había anunciado la reestructuración de las carteras, lo que devino también en un conjunto de duros cuestionamientos habida cuenta de las implicancias del criterio adoptado. Y el descontento no demoró en pronunciarse. En efecto, el 4 de octubre hubo marchas en todo el país bajo la consigna “Defiendo la salud pública” para repudiar el ajuste que no se puede escindir de la determinación de supeditar la (ex) cartera sanitaria bajo la órbita de Desarrollo Social.
Sobre el particular, la ministra de Salud de Santa Fe, Andrea Uboldi, respondió la consulta de Pausa y opinó que se trata de “un retroceso”. La funcionaria sostuvo que no es otra cosa que “una decisión impensada para los que venimos trabajando en salud pública. La lectura es que la salud pública no se encuentra entre las prioridades del Poder Ejecutivo. Pocos países no cuentan con una figura fuerte de Ministerio de Salud”.
Uboldi hizo hincapié en el “rol rector del Estado” para “articular y consensuar las estrategias y actividades con las provincias. En algunos casos, es soporte fundamental para respuestas en situaciones de crisis con asistencia a provincias que no cuenten con los recursos necesarios”. Por ejemplo, cuadros de brotes o epidemias.
En rigor, el Ministerio de Salud opera como autoridad de aplicación para la definición y regulación de un sistema nacional que comprende los subsistemas público, privado y la seguridad social. Vale decir: “formula políticas, dicta normas científico administrativas y éticas; define la organización, desarrolla la capacidad instalada de los servicios de salud según criterios territoriales y adecuados a las necesidades de la población”, entre otros menesteres, según la enunciación de la profesional.
Categórica, Uboldi expresó: “No se comprende el objetivo de esta medida. ¿Es para reducción en un marco de plan de ajuste? ¿Se considera que las áreas de este Ministerio no son prioritarias?”. Si bien desde Nación se informó que “es una decisión política, que nada cambiará y que la fusión es para mejor coordinación”, la ministra santafesina consideró: “No creo que la fusión de ministerios linealmente garantice coordinación y que los ministerios separados no puedan encontrar espacios de acuerdos y estrategias comunes”. El factor administrativo no es el único que preocupa, sino también el presupuestario. “Se nos dice que el presupuesto no se recortará –continuó la funcionaria– y que los programas nacionales están garantizados, entonces ¿por qué esta decisión?”.
Sin acceso
La ministra la fundamentó: “Ya antes de esta medida, las provincias veníamos evidenciando dificultades en la provisión de algunos insumos como vacunas y anticonceptivos. También en las cajas CUS (Cobertura Universal de Salud) que incluyen los medicamentos que reciben los efectores para la atención primaria. Vienen llegando con menos rubros y en menor cantidad”.
Acerca de la repercusión en los distritos locales, Uboldi comentó que desde las provincias se “viene pidiendo transparencia y previsibilidad para tener idea de cuánto impactará en nuestros presupuestos, qué se dejará de brindar desde Nación y que se recibirá con certeza”, postuló.
Un tema sensible –que supo marcar la agenda de los últimos días– se vincula al Programa Federal Incluir Salud (que permite el acceso a los servicios de salud a los titulares de las Pensiones No Contributivas), inscripto en la Agencia Nacional de Discapacidad, bajo la tutela de la Vicepresidencia de la Nación. Uboldi manifestó al respecto que se registran “problemas con la autorización de insumos y retraso en los pagos que determinan que la población objetivo sienta que pueden peligrar las prestaciones. Hablamos de diálisis, traslados y centros a día de discapacidad, insumos de altos costo, oncológicos, dispositivos endovasculares, etcétera. Aquí sí venimos dando respuestas desde la provincia con ampliaciones presupuestarias que no estaban estipuladas”, enfatizó.
Con respecto a programas de prevención de enfermedades y vacunaciones, se presentaron “ambigüedades” entre Economía y Salud. “Se supuso que en el caso de las vacunas, éstas y los descartables podrían ser costeados por cada provincia, sin reconocer que se trata de un programa nacional con el mayor énfasis en equidad o universalidad. Independientemente de contar o no con obra social o del poder adquisitivo, las vacunas son un derecho para todos y todas”, sentenció Uboldi.
Ahora bien, con menos recursos y mayor crisis socioeconómica, los sectores que encuentran dificultades para acceder a prestaciones privadas tienen como única salida el sector público. “Ya existe en nuestra provincia un desvío en atenciones o retiro de insumos por parte de personas que han perdido su trabajo, o dejaron de pagar su prepaga, o se atienden en el privado pero retiran medicamentos en nuestros efectores ya que son gratuitos”, aseveró la ministra.
Debilitamiento y degradación
Otra de las voces que expresó su desacuerdo con la decisión de bajar de categoría al área de Salud corresponde al Colegio de Médicos de Santa Fe Primera Circunscripción. Su presidente, Carlos Alico, puso el foco en que “la salud pública es uno de los pilares más importantes de toda sociedad. Por su importancia y por su impacto debería recuperar su estatus a la brevedad”, reclamó mientras expuso “el temor de todos los prestadores por la aplicación de una disminución en el presupuesto, lo que naturalmente incidiría en la concreción de la aplicación de programas de salud, tanto preventivos como de promoción o recuperación”.
“Entendemos que ante la crisis que debe sortear nuestro país, la que nos preocupa y nos angustia a todos por igual sin distinción de ideologías políticas –aclaró–, debemos poner la mejor energía para llegar rápidamente al destino deseado porque será beneficioso para todos”, sostuvo el profesional. Al mismo tiempo, dio cuenta de los alcances de una reunión mantenida días atrás en Buenos Aires con funcionarios del ex Ministerio de Salud y del Consejo Federal Médico Colegiado. “Allí nos informaron que entienden y comparten nuestra posición pero, por otro lado, nos garantizan que no se recortará el presupuesto asignado a la cartera y que las relaciones interinstitucionales con las provincias serán parecidas a las que se venían realizando”, señaló el profesional.
En ese orden, Alico también aludió “a la realidad laboral de los médicos”. Y remarcó: “Nos encontramos ante una crisis en cuanto al reconocimiento de la actividad intelectual del profesional. Se nos exige mucho, se nos reconoce poco, se nos agrede como si fuésemos los responsables de la realidad sanitaria y, por sobre todo, se nos demanda judicialmente como a ningún otro integrante de la sociedad”.
Un parece similar fue el expuesto por Leandro Goldsack, secretario Gremial de la Regional Santa Fe del Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud (Siprus). De la mano de una “reducción del presupuesto asignado a determinadas partidas”, se observa la supresión de una dosis de vacunación para la prevención de la meningitis, por ejemplo. Pero no es todo. “Hay un alza en los servicios públicos de la cantidad de prestaciones y la política de reemplazos está resentida”, ilustró y lo calificó el cuadro como “debilitamiento de los servicios” porque es necesario realizar una nueva organización con los recursos disponibles.
Desde una lectura asociada a los avatares de una política neoliberal, el portavoz de los profesionales de la salud apuntó que la idea “ahora en más se va a tener que hacer cargo la provincia” conlleva “transferir la responsabilidad y esto representa ajuste, carencia, ineficiencia o privatización encubierta”, alertó. “Lo que intentan hacer es que no quede otra que privatizar. Esto implica un proceso de degradación y de introducción de lo privado. En la cabeza de los gobernantes está que la salud es un gran campo de plata que no se puede cobrar. Es un canibalismo”, definió Goldsack.
Privatización encubierta
Las entidades que conforman el Movimiento por el Derecho a la Salud, entre ellas el gremio Siprus, sostienen que la Cobertura Universal de la Salud (CUS) que promueve el gobierno nacional es un primer paso hacia la privatización del servicio de salud en todo el país. Desde el sector sindical evaluaron que la aplicación de la CUS (a la cual Santa Fe no adhirió hasta ahora) favorecerá las transferencias de fondos al sector privado y la implementación de un sistema de premios y castigos que evaluará la eficacia de cada distrito.