Persecución boba a los consumidores

A finales del mes de agosto pasado se conoció el dato de que en el primer semestre de 2018, en la ciudad de Santa Fe las fuerzas de seguridad federales habían triplicado las detenciones y el correspondiente inicio de causas penales (respecto al mismo período en 2017) a personas por el delito de tenencia para consumo personal de estupefacientes, que se tipifica en la Ley 23737. En total se detuvieron a 292 personas en los primeros seis meses de 2018. Sólo en junio se detuvieron a 120 (un promedio de 4 personas por día). Mientras que la comparativa dice que en 2017, en todo el año se iniciaron 105 causas por el mismo delito.

Según la Ley 23737 en su Artículo 14, la tenencia de drogas está penada con prisión de un mes a dos años, siempre y cuando se compruebe que es para uso personal. Más allá del carácter ambiguo del artículo porque no se define qué es el consumo personal, es un paradigma prohibicionista (toda la Ley 23737) que persigue a los consumidores y que al contrario de acabar con el narcotráfico, hace de él un negocio rentable.

Por otro lado, todas las causas que se han iniciado en la ciudad por tenencia de drogas para consumo personal han culminado en el archivo, es decir que no se han elevado a juicio. Esto responde a que en 2009, a partir del Fallo Arriola de la Corte Suprema de la Nación, se declaró inconstitucional el Artículo 14 de la 23737 porque va en contra del Artículo 19 de la Constitución Nacional que expresa que: “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados”. Este fallo de la Corte es una doctrina, lo que hace que cada causa similar a Arriola, muy probablemente, termine sin efecto, aunque no es obligación de los magistrados acatar la doctrina.

Al respecto, Pausa dialogó con Walter Rodríguez, Fiscal Federal Nº2 con jurisdicción en Santa Fe y le consultó por qué se ha triplicado la cantidad de causas por tenencia de drogas para consumo personal, respecto al año pasado:

—Hay una decisión que yo la podría enmarcar dentro de lo que es una política de prevención del delito. Se ha decidido, por iniciativa de las autoridades políticas, poner cierto foco de atención en determinados lugares que de alguna manera son catalogados como conflictivos. Ejemplo: Alto Verde, que lo menciono no por casualidad, sino porque la enorme mayoría de estas causas, casi un 50%, provienen de este barrio, de procedimientos realizados por Prefectura. Ahora lo que no tenemos que confundir es la evaluación de una política de seguridad pública, en virtud de la cuál se decide la saturación en determinados lugares del territorio, cosa que me excede en mi función, no es mi tarea evaluar eso.

Y sigue: "Pero sí me corresponde evaluar los motivos por los cuáles hay requisas indiscriminadas, en dirección de buscar un elemento que es droga, a pesar de que existe un fallo de la Corte Suprema de la Nación que se llama Arriola, donde ha fijado una postura dogmática muy clara en función de decir que ese comportamiento está dentro de decisiones individuales de la persona y exenta de la autoridad de los magistrados. Entonces hay una contradicción entre lo que es el cuidado ciudadano, la tarea de prevención del delito, la diagramación de algunos operativos en la vía pública como vulgarmente lo estamos viendo en la ciudad. Y ese plus en el que caen las fuerzas de seguridad, en función de que parecerían estar legitimadas a hacer requisas indiscriminadas cuando no se dan los mínimos motivos legales para hacerlos."

La respuesta de Rodríguez denota una postura política e ideológica estigmatizante de parte del Ministerio de Seguridad dirigido por Patricia Bullrich: para la Nación los pobres son los que consumen drogas; por ello se montan operativos para amedrentar a los consumidores que viven en las barriadas más alejadas; a pesar de que las causas van a quedar sin efectos. En este sentido, el periodista especializado Emilio Ruchansky, dijo en diálogo con Pausa que “la guerra contra el narcotráfico es una guerra contra los pobres”. Es importante recordar un concepto que Ruchansky brinda en su libro Un mundo con drogas: “La represión médico-legal del consumo de sustancias controladas (más conocidas como drogas ilegales) ha provocado un panorama desolador. Quien las consume -más allá de si mantiene o no un uso problemático- resulta víctima de aquellos que se empecinan en protegerlo”.

"Me corresponde evaluar los motivos por los cuáles hay requisas indiscriminadas, en dirección de buscar un elemento que es droga", le dijo el fiscal Rodríguez a Pausa.

Luego, se lo consultó a Rodríguez por qué se detienen a esta cantidad de personas, que se las imputa por consumo personal de drogas, si con el fallo Arriola quedan sin efecto las causas iniciadas:

—Quienes estamos como operadores del sistema estamos empezando a deslizar esta cuestión porque lo que no están teniendo en cuenta las autoridades que ejecutan estas órdenes, es el alto impacto que produce en el sistema de justicia, que está de alguna manera muy esmerilado en función de sus capacidades, sus herramientas y de sus recursos, en relación de esto que nunca va a trascender a un juicio porque se archivan automáticamente. Entonces, hay que contabilizar qué beneficios y qué perjuicios trae este comportamiento. Desde el punto de vista de la seguridad, quizás el ciudadano se sienta más protegido y tal vez, uno no lo sabe porque son cifras negras, esto sea una especie de control social. En determinados territorios se decide hacer eso, el Estado lo hace, pero no está dentro de mis facultades ni tampoco me interesaría hacer un juzgamiento de las políticas de seguridad. Si produzco una mirada desde el punto de vista del impacto que produce en mi tarea: es un serio obstáculo. Porque hay una enorme cantidad de gastos de horas hombre que nosotros deberíamos destinarlo a otra cosa. Acá vienen pilas de estos casos, en donde hay que gastar muchos materiales. Además, hay dos personas que son testigos de los procedimientos siempre. A esta gente la estás involucrando en la fuerza de seguridad y pasa una buena cantidad de horas afectado al procedimiento que nunca va a llegar a nada. Esa persona quiere trabajar, se quiere ir a dormir o lo que sea. Por otro lado, la persona que es detenida también está tres o cuatro horas afectado al procedimiento: se tiene que averiguar su domicilio, se chequee que no tiene antecedentes o un pedido de captura. Además, las fuerzas de seguridad tienen que parar su trabajo de prevención del delito, que en realidad, debería ser esa su esencia. Todo esto tiene su valor económico, que en vez de destinarse a un caso donde se encuentra un cargamento de drogas, se lo destina a una causa por un cigarrillo de marihuana.

— Son políticas que provienen de una línea ministerial, y que evidentemente tienen que ver con mostrar algún tipo de operatividad y de alguna manera dar la sensación de una presencia del Estado a través de sus fuerzas federales en las calles, que reitero, no lo veo cuestionable ni es mi tarea hacerlo desde la prevención del delito, de ninguna manera yo podría estar en contra de eso. Sí que produzcan una extralimitación de esa política de seguridad, yendo sobre la intimidad de los ciudadanos porque la Corte Suprema de la Nación ha establecido que en esas condiciones no es perseguible un sujeto, y sin embargo se los somete a un proceso penal a sabiendas de que la actividad de las fuerzas de seguridad es inocua, desde el punto de vista del derecho penal.

Foto principal: Mauricio Centurión.