La ley de paridad no puede esperar

Si el Senado no la aprueba en noviembre, no se podrá aplicar en las elecciones de 2019.

La primera vez que se trató en la Legislatura santafesina el proyecto de ley de paridad fue en 2016 y no había antecedentes en ninguna otra provincia. Parecía que Santa Fe se ponía a la vanguardia en materia de equidad política, pero aquella propuesta quedó cajoneada en el Senado luego de la media sanción de la Cámara de Diputados.

En 2017, diputadas de distintos espacios políticos insistieron con el proyecto, pero el vicegobernador y presidente del Senado, Carlos Fascendini, marcó los límites al ponderar que no era conveniente reformar las leyes electorales en medio de la campaña para las elecciones intermedias. Pasada esa instancia, el Congreso sancionó la ley nacional de paridad (que se aplicará por primera vez en 2019) pero en Santa Fe no ocurrió lo mismo.

Este año el tema se volvió a tratar en el recinto y tuvo media sanción unánime de la Cámara baja el 24 de mayo. Desde entonces está cajoneado en el Senado donde fue girado a cinco comisiones, pero aun no tiene dictamen. Para complejizar más el asunto, los senadores del bloque mayoritario del PJ ingresaron en marzo su propio proyecto de paridad, que tampoco avanzó.

Santa Fe ya no es pionera en la materia: 13 provincias cuentan con su propia ley de paridad.

Ante las demoras, el colectivo de mujeres viene realizando acciones en toda la provincia para exigirles a los senadores la sanción de la ley de paridad. El período ordinario de sesiones cierra el 30 de noviembre y si el proyecto no se vota antes pierde estado parlamentario. Además, si no se sanciona la ley durante noviembre, la convocatoria para las elecciones provinciales de 2019 se hará en diciembre con la ley vigente, que establece un cupo femenino del 33%, no de paridad.

El proyecto y la realidad

El proyecto de paridad de género establece la conformación igualitaria entre mujeres y varones de las listas de diputados y senadores provinciales, concejales, comisiones comunales, convencionales constituyentes y autoridades de los partidos políticos. También establece la paridad para los organismos descentralizados, las empresas y sociedades del Estado provincial, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria y las sociedades de economía mixta. Además, determina que durante el proceso de selección de jueces, fiscales, defensores y funcionarios judiciales que requieran acuerdo legislativo, el gobernador deberá considerar de manera equitativa la postulación de varones y mujeres para la cobertura de cargos vacantes.

El proyecto del Senado es similar pero incorpora además el criterio de paridad para los colegios y las asociaciones de profesionales.

La necesidad de la sanción de una ley que garantice la conformación de listas equitativas se explica a partir de la estadística. La participación femenina en cargos de gestión en la provincia es bajísima. Si bien las mujeres son más de la mitad de la población, ocupan apenas el 27,6% de los cargos de decisión en el Poder Ejecutivo, desde la gobernación a las coordinaciones de los nodos, incluyendo ministerios, secretarías y direcciones.

En el Poder Legislativo provincial las cifras también son bajas. En la Cámara de Diputados hay solo 18 mujeres, sobre un total de 50 bancas (36%). En el Senado provincial, de las 19 bancas, apenas una es ocupada por una mujer: Cristina Berra (departamento San Martín).

Los datos, actualizados a diciembre de 2017, surgen de un relevamiento de la Subsecretaría de Políticas de Género de la provincia de Santa Fe y sirven para apoyar el reclamo del colectivo de mujeres que milita por la sanción de la ley provincial de paridad, en línea con la legislación nacional.

Desde la Mesa Mujeres por la Paridad indicaron que “la participación igualitaria fortalece y amplía derechos, representación y democracia; un nuevo paradigma de representación ciudadana es nuestro compromiso y por ello nos comprometemos a trabajar por la concreción de una democracia paritaria y feminista. Vamos a feminizar la política para transformarla”.

La desigualdad

Según datos oficiales correspondientes a 2017, de los 3.481.514 habitantes de la provincia 1.786.270 son mujeres (51,3%) y 1.695.244 varones (48,7%). Idéntica relación se observa en el padrón electoral (sin menores de edad): sobre un total de 2.631.200 electores, 1.356.908 son mujeres (51,57%) y 1.274.292 son hombres (48,43%).

No obstante, un informe de la Subsecretaría de Políticas de Género de la provincia indica que la participación política de las mujeres es menor. De 506 cargos de decisión en el Poder Ejecutivo, 140 son ocupados por mujeres. En el gabinete del gobierno provincial la relación mejora, pero sigue siendo desigual: las mujeres representan el 35,7% del total de funcionarios.

En el Poder Judicial de la provincia hay mayor presencia femenina. De 507 cargos de decisión, 211 son ocupados por mujeres (el 41,6%). Sin embargo, allí también se observa el fenómeno conocido como “techo de cristal”. Del total de cargos de jueces, el 36,9% son ocupados por mujeres. Y la Corte Suprema, que tiene seis integrantes, solo una es mujer: María Angélica Gastaldi.

La situación más desigual para las mujeres se da en el ámbito de los municipios y las comunas. En la provincia hay 34 intendentas y presidentas comunales en las 363 localidades, es decir que el indicador de participación femenina apenas llega al 9,3%. Son siete intendentas (13,2%) sobre un total de 53 ciudades y 27 presidentas comunales (6,7%) en 310 comunas.

La participación femenina aumenta en los concejos municipales. En Rosario hay 11 concejalas sobre un total de 28 cargos (39,3%) y en Santa Fe son cinco concejalas sobre 17 cargos (29,4%). La única ciudad que puede mostrar un reparto igualitario en los cargos del Concejo es Villa Gobernador Gálvez: allí hay cinco concejalas sobre un total de 10 bancas.