Quieren privatizar la naturaleza

El gobierno nacional pretende una nueva ley de semillas en beneficio de las empresas. La rechazan un centenar de organizaciones sociales, productores, ecologistas y académicos.

El pasado 13 de noviembre los diputados oficialistas lograron obtener un primer aval de una nueva Ley de Semillas que fue negociada casi en secreto en la Casa Rosada con las corporaciones del sector agropecuario. Si bien la oposición pedía estirar la discusión y conocer la letra del proyecto, los legisladores que responden al gobierno lograron firmar dictamen en un plenario de las comisiones de Agricultura, Presupuesto y Legislación.

Mientras tanto, en las afueras del Congreso, la Multisectorial contra la Ley Bayer-Monsanto de Semillas encabezó un acto público de rechazo y la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) organizó un feriazo con pequeños productores. Dichas organizaciones denuncian que esta modificación de la ley busca terminar con el “derecho de uso propio” de semillas por parte de los agricultores. De hecho, la iniciativa es impulsada desde 2012 por las corporaciones Bayer-Monsanto, Syngenta-Chemchina, Corteva (DowDuPont) y Basf.

La nueva legislación modificaría el derecho de propiedad intelectual de los obtentores de las semillas. Es decir, de aquellos que crearon, descubrieron o modificaron genéticamente un nuevo tipo de semilla. Esto implicaría en los hechos que cada agricultor/a tenga que pagarle regalías a las grandes empresas cada vez que quiera sembrar, porque prohibiría el uso de semillas por parte de los productores/as.

La iniciativa atenta contra el principio básico de la agricultura basado en el acopio de semillas para próximas siembras. Si se aprueba, se criminalizaría el resguardo y el intercambio de semillas criollas y nativas, prácticas tradicionales entre productores/as familiares, campesinas y campesinos y pueblos originarios. Desde siempre, la Federación Agraria Argentina se ha opuesto a la modificación de la ley y reclama que se asegure a los productores identidad, calidad y seguridad jurídica. En ese sentido, en 2016 presentaron un proyecto de ley para que el uso propio sea libre y gratuito y que los que deban pagar sean las grandes empresas.

Consolidar el modelo

El sector agropecuario argentino se rige por la Ley de Semillas N° 20.247 sancionada en 1973, cuando la mayor parte de las semillas que se usaban eran criollas y nativas, y la biotecnología aún no había logrado métodos para incorporarles partes de otros organismos. Sin embargo, luego del ingreso de las primeras semillas de soja transgénica, se aprobó en 1995 la Ley de Patentes N° 24.481 que autoriza dichos “eventos tecnológicos”.

Desde entonces, el surgimiento de estos paquetes tecnológicos (maquinarias, semillas transgénicas, pesticidas) promocionados por Monsanto (hoy propiedad de Bayer) se fue expandiendo en todo el territorio. La siembra de soja y trigo fueron una mancha que se extendió velozmente por gran parte de la región pampeana e, incluso, extrapampeana.

Esta situación ha dado lugar a una creciente concentración de la propiedad y de la producción a través de compras y arrendamientos de tierra. Pero también, ha significado la desaparición de pequeños y medianos productores que no han podido hacer frente a los condicionantes económicos del modelo. En ese marco, las grandes corporaciones impulsan una reforma legislativa que hoy se cocina en la Secretaría de Agroindustria, que lidera el ex presidente de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere.

Embestida global

Tamara Perelmuter es investigadora del Conicet y una de las referentes nacionales en el estudio sobre patentamiento de semillas y agronegocios. En diálogo con Pausa, analizó está situación. “En realidad esta es una discusión global. Los intentos por modificar las legislaciones de propiedad intelectual se dan en toda América Latina, con Estados Unidos como uno de los principales impulsores. De hecho, los países que tienen tratados de libre comercio con el país del norte, como Perú y Costa Rica, tuvieron que modificar sus leyes.

En otros casos, como Chile o Colombia, el proceso está más disputado”. Y luego detalló: “la intención de las empresas es tender a que haya legislaciones que sean tendientes a que no puedan existir semillas que no sean controladas por ellas mismas. Esto obviamente que hoy no ocurre, porque hay muchas semillas que circulan de manera libre. Si se aprueba esta modificación de la ley, el uso propio dejará de ser un derecho y pasa a ser una excepción controlada. Esto atenta contra una práctica milenaria y constitutiva de los agricultores/as”.

Patentar la naturaleza

El actual modelo de agronegocio a nivel mundial es ejecutado por un puñado de corporaciones semilleras dedicadas a la introducción de “eventos” biotecnológicos para crear o perfeccionar semillas. De esta manera, crean insumos para la producción que son resistentes a casi cualquier inclemencia climática o pesticidas. Esto les permite comercializar sus paquetes tecnológicos para implementar en diversos terrenos y lugares.

Este modelo de progresivo patentamiento de las semillas utilizadas va cercenando la libertad de los agricultores, los obliga a negociar con estas corporaciones transnacionales para continuar en el negocio. Por eso con esta nueva legislación se intenta que toda la producción se base en las creaciones filogenéticas generadas por estas empresas.

Más de un centenar de organizaciones sociales, productivas, académicas y de derechos humanos lanzaron un comunicado que rechaza el proyecto. Aseguran que “todas las semillas que hoy alimentan a la humanidad y que comercializan las grandes corporaciones son fruto del trabajo colectivo de los pueblos durante más de diez mil años”. Es decir, la privatización integral de la producción agrícola atenta contra la lógica que caracteriza a la agricultura desde su creación, allá por el período neolítico.

Las semillas son imprescindibles para la producción de alimentos. Sin embargo, en vez de considerarlas un patrimonio de la humanidad, las corporaciones transnacionales las conciben como insumos productivos. Obviamente que esto condicionaría a cada agricultor/a en su trabajo, pero también afectará a toda la sociedad en general.
En su comunicado, las organizaciones sociales afirman que en los países donde se aprobó legislación similar se criminaliza el histórico intercambio de semillas, se multiplica la persecución de productores/as y se registra mayor poder corporativo sobre los alimentos y sus precios.