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Indignados porque la Justicia les prohibió definitivamente fumigar cerca de las escuelas, ruralistas entrerrianos interpelan al gobernador para obtener permiso. Mientras, intimidan a una docente en Gualeguay.
La agitación crece en las huestes ruralistas entrerrianas porque al Superior Tribunal de Justicia (STJ, la Corte Suprema provincial, pero del otro lado del río) se le ocurrió dejar firme una sentencia que restringe todo tipo de fumigación aérea (tres mil metros) y terrestre (mil metros) en inmediaciones de escuelas rurales. Convocados por sus entidades, ya se reunieron, elaboraron un documento y prometieron marcha a Paraná.
El viernes 9, en proximidades de Gualeguaychú, un nutrido grupo de ruralistas se convocaron en su preocupación por las hectáreas de producción que se pueden perder con el mero objeto de evitar el rociado de los educandos y docentes con herbicidas y plaguicidas. La plana mayor transgénica estuvo presente: el presidente de la Sociedad Rural de Gualeguaychú, José Colombatto; el titular de la Federación Agraria Argentina de Entre Ríos, Matías Martiarena; el presidente de Federación de Asociaciones Rurales (integradas a las Confederaciones Rurales Argentinas), Raúl Boc-Ho; de Sociedad Rural Argentina, distrito Entre Ríos, Walter Feldkamp; el vicepresidente de Federación Agraria Argentina, Elvio Guía.
Tampoco faltó el senador provincial Nicolás Mattiauda, héroe de la gesta patronal del 2008 junto a Alfredo De Ángeli. Ambos revistan en Cambiemos. El senador consideró que "es una situación gravísima y necesita de una decisión firme a favor de los productores". "Ha existido una utilización político-ideológica del tema agroquímicos que ha tergiversado la realidad del sector. Y en ese plano es difícil debatir, pero debemos confrontar relato con evidencia científica", dijo el no especialista.
Los ruralistas saben que se juega un caso testigo. A fines de octubre, el STJ rechazó un recurso presentado por gobierno entrerriano –una apelación en favor de las fumigaciones– y dejó firme la sentencia de segunda instancia a un amparo presentado por entidades ambientalistas y Agmer (el Amsafe de Entre Ríos), que protege a 832 primarias y 137 secundarias rurales. Encima, el STJ dispuso que los ruralistas no podrán fumigar en horarios de clases, “debiendo efectuarse las aplicaciones en horarios de contra turno y/o fines de semana, a modo de asegurar la ausencia de los alumnos y personal docente”.
Ante semejante atropello, los ruralistas compararon en un documento a los docentes y los ambientalistas con el clima y la falta de infraestructura, afirmando que están amenazados. “Nuestro sector agropecuario se encuentra hoy amenazado, ya no sólo por todas las dificultades conocidas, como lo son el clima, los mercados, la falta de rentabilidad, los problemas de infraestructura, entre otros, sino que desde hace algún tiempo por el accionar de algunos sectores docentes y ambientalistas, un grupo de dirigentes políticos y también ahora por la justicia”, reza en el texto elaborado el mismo viernes 9, al que titularon "Proclama Mesa de Enlace Gualeguaychú"
Los dirigentes indicaron que “el malestar de los productores es muy fuerte y, si no hay decisiones claras por parte del gobierno, se tomarán otras medidas de acción. Por lo pronto, si para el miércoles no hay una respuesta, se decidió realizar una movilización a Paraná”.
Pocos días antes, los menoscabados productores llevaron su queja en grupo y a una escuela. Integrantes de la Sociedad Rural de Gualeguay se presentaron en una charla sobre medio ambiente y fumigaciones que se daba en Escuela Secundaria Nº 5, José González Grey. Muy pacíficos, los ruralistas se apostaron al fondo del salón para cuchichear y murmurar durante las exposiciones. Previamente, habían solicitado a las autoridades provinciales la prohibición del encuentro, dado que a criterio de los productores un grupo de profesionales de la medicina y Estela Lemes, una directora de escuela envenenada con glifosato y enferma crónica desde hace 8 años por esa causa, no eran expositores tan calificados como un ingeniero agrónomo. En el grupo del fondo también había de esos.
“No somos cómplices del deterioro del medio ambiente. Tampoco es verdad que privilegiamos el lucro, por sobre la salud y la vida. Intentan enfrentarnos con nuestros vecinos, con nuestros hermanos, sin fundamento alguno y con el sólo objetivo de sacar miserables réditos personales y sectoriales”, dice el texto de los ruralistas, en referencia a los docentes y ambientalistas y su miserable objetivo de no ser fumigados.
También lloran, como les es habitual ante cualquier circunstancia de la vida: “Tendremos graves problemas para poder sostener nuestras familias, nuestras estructuras productivas, desmoronándose así una pirámide de efectos positivos que conlleva esta actividad. Y en lo inmediato, a lo largo y ancho de la provincia nos encontramos con miles de productores que ya han sembrado y perderán sus cosechas por no poder realizar aplicaciones, arrendatarios con contratos en marcha, otros que no podrán hacer frente a los créditos solicitados porque les han prohibido producir de la noche a la mañana, entre otras realidades”.
Ante el “fallo proscriptivo”, los paladines de la libertad piden “razonabilidad” a las autoridades y encontrar un “punto de equilibrio”, pese a que la Justicia nunca prohíbe la producción agropecuaria, sólo prohíbe las fumigaciones (y apenas alrededor de las escuelas). Habrá que cambiar el lema de la rural y decir "Fumigar el suelo es servir a la patria". En concreto, los ruralistas reclaman al gobierno una ley de “fitosanitarios” y “un esquema específico de controles y un programa provincial de buenas prácticas agrícolas” para poder seguir así envenenando niñes y levantándola con pala.
