Gremios, organizaciones sociales, de derechos humanos, vecinales y cooperativas marcharon hacia la sede de Litoral Gas en rechazo al aumento desmedido de las tarifas y el transporte. Pidieron retrotraer los precios a los valores de enero de 2017.
Bajo una llovizna persistente, gremios y organizaciones sociales marcharon este jueves 17 hacia la sede de Litoral Gas, en pleno Bulevar Gálvez de la ciudad de Santa Fe, para protestar contra el aumento del boleto de colectivo, los tarifazos de los servicios públicos y la quita de subsidios de parte del gobierno nacional.
La concentración comenzó a las 19 en Bulevar y Rivadavia y de allí las columnas marcharon hacia la sede de la empresa que explota el servicio de gas natural. Se sumaron a la movida organismos de derechos humanos, vecinales, cooperativas y representantes del comercio y la industria pyme.
La Marcha de las Antorchas fue masiva en las ciudades de Santa Fe y Rosario, pero también hubo manifestaciones en otras localidades de la provincia como Rafaela, Coronda, Gálvez, San Javier, Las Rosas y Reconquista, entre otras.
Durante la marcha en la capital provincial, representantes del Movimiento Obrero Santafesino pidieron retrotraer las tarifas a los valores de enero de 2017 y leyeron un documento titulado “Los servicios públicos son derechos humanos”, que reproducimos a continuación:
Cuando promediaba el año 2015 y la campaña electoral se instalaba con fuerza en la Argentina, el debate de ideas y proyectos de país contraponía continuidad o cambio. Por un lado, afianzar y profundizar un modelo político, económico, social y productivo, con fuerte acento en el consumo como impulsor del mercado interno y, por ende, del desarrollo nacional. Por otro, a la luz de las más novedosas y atrayentes estrategias de marketing, comunicación y publicidad, se ofrecía, casi como un objeto preciado, precioso y posible, el concepto del "cambio". Y fue "Cambiemos" de Mauricio Macri la marca elegida que, vertebraron una propuesta engañosa que supieron instalar cuidadosamente.
Basta con repasar las promesas de la campaña presidencial del 2015, para recordar que el Cambio prometido NO significaba perder ningún derecho, NI resignar calidad de vida, NI perder el trabajo, NI sufrir devaluaciones, NI ajustes que significaran perder poder adquisitivo. El cambio NO era el desguace de áreas esenciales del Estado, NI era el desmantelamiento de programas sociales, NI el cambio de paradigmas en cuanto a políticas públicas de salud y educación, NI el abandono de nuestra soberanía científica, NI la precarización del empleo, NI el saqueo a los fondos de nuestros jubilados. Y lo más grave, el Cambio prometido, NO contemplaba el volver a ponernos de rodillas ante el FMI.
Ya en aquel 2015, un colectivo de organizaciones santafesinas, nos convocamos para advertir que lo que estaba en juego era lo suficientemente grave como para dejar de lado diferencias y anteponer el interés común en defensa del derecho a un modo de vida digno. La realidad es que pese a los esfuerzos organizativos, a la militancia y el debate que procuramos dar al interior de nuestras propias instituciones, el pueblo argentino optó por la Alianza Cambiemos y le otorgó la posibilidad de dirigir los destinos del país.
Esa circunstancia, bajo ningún punto de vista incluyó el darle un cheque en blanco al Gobierno para que defraude en forma grosera el contrato electoral que contrajo con el pueblo, cosa que efectivamente sucedió. Hoy, luego de 3 años de esta gestión de Gobierno, el balance expresa indicadores que arrojan claridad sobre los objetivos de las políticas públicas y quiénes han sido y son los reales beneficiarios de las mismas. Basta con repasar los principales indicadores de la actividad económica, la recesión, la caída de la actividad industrial y productiva, los cierres de empresas, fábricas y comercios, el aumento de la desocupación y el empleo no registrado, el brutal desplome del salario en relación a la inflación.
Velozmente, en nuestro país volvemos a presenciar un escenario de empobrecimiento de las capas medias y un aumento de la pauperización de quienes ya se encuentran bajo la línea de pobreza. Trabajadores formales, trabajadores de la economía social y popular, comerciantes, pequeñas y medianas empresas sufren los embates de políticas que ahogan la actividad económica, configurando un combo letal que corroe y desarticula el mercado interno, con tarifas prohibitivas, con un crédito inaccesible y con la pérdida de fuentes laborales producto del cierre de fuentes de trabajo.
De aquel modelo de mercado interno, que pretendía una más eficiente distribución de la riqueza, en base a condiciones de mayor equidad, pasamos a un modelo de fuerte transferencia de recursos a los sectores más concentrados, especialmente a aquellos que lejos de lejos de ampliar la frontera productiva, jugaron a la ruleta de la especulación financiera. Parte de las nefastas secuelas de este plan cuidadosamente urdido, las podemos observar en lo que refiere a las tarifas de servicios públicos.
Durante el ciclo 2016/2019, la incidencia de las tarifas sobre el salario mínimo, vital y móvil, pasó del 6% a casi el 25%, es decir casi un cuarto del ingreso mínimo se destina al pago de servicios públicos. Argentina pasó así a ocupar el tercer lugar entre los países sudamericanos con mayor incidencia de las tarifas sobre los salarios mínimos, siendo sólo superada por Venezuela y Chile. Apenas tres años atrás, el país exhibía la incidencia más baja de toda la región. La consecuencia de los cambios implementados, es que los aumentos aceleraron la inflación y resintieron la actividad económica sin ofrecer mejoras significativas en materia de producción de hidrocarburos o expansión de la cobertura. Cabe recordar que el 31 de mayo de 2018 ambas cámaras legislativas de la nación aprobaron una ley con el objetivo de volver para atrás todos los tarifazos y retrotraer las tarifas a enero de 2017. Esa ley fue vetada en tiempo récord por el Presidente Mauricio Macri. Lo cierto es que desde enero de 2016 la luz aumento más 3600%, el gas 2400%, el agua 1118% y el transporte 500%. Estas cifras son abrumadoras y violentan nuestros derechos.
Hoy en Santa Fe el precio del Transporte urbano llega a $21,90, lo que hace muy difícil que una familia pueda acceder al transporte. Nuestro intendente, es uno de los principales voceros y parte activa de la Alianza Cambiemos, él también es responsable de que día a día se avasallen nuestros derechos, a poder constar con los servicios esenciales como es la luz, el agua y el gas. Bajo el pretexto de reducir el gasto "populista" se redujeron en forma drástica los subsidios, derivando en aumentos indiscriminados para la población. Paralelamente, se avanzó el pago de intereses de deuda y en el Pacto Fiscal, que lejos de modificar las condiciones o la capacidad productiva del país, sólo financió la fuga de divisas y la destrucción del mercado interno.
No podemos soslayar que durante este período las empresas prestadoras de servicios públicos, maximizaron sus ganancias, producto de la política de dolarización de las tarifas. Una vez más, podemos observar con elocuencia, quienes ganan y quienes pierden con este modelo económico. Por tal motivo, ante este escenario crítico de salarios cada vez más bajos, con una inflación descontrolada que destruye el poder adquisitivo de los y las argentinas, con aumentos en los índices de desocupación, con aumentos en todo aquello que significan bienes y servicios para una calidad de vida digna, con un mercado interno herido y agonizante, con vencimientos de créditos que preanuncian más ajuste para el pueblo y encienden una alerta roja sobre el futuro de nuestro país.
POR TANTO EN SANTA FE: -RECHAZAMOS EN FORMA ENFÁTICA Y CONTUNDENTE LA POLÍTICA TARIFARIA DEL GOBIERNO NACIONAL -CONVOCAMOS A TODA LA CIUDADANÍA SANTAFESINA A CONTINUAR ESTE RECLAMO. -ASÍ, NO SE PUEDE MÁS! -BASTA DE AJUSTE! -DEFENSA DEL MERCADO INTERNO Y LA PRODUCCIÓN -NO AL TARIFAZO EN TRANSPORTE, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA! -RETROTRAER LAS TARIFAS A ENERO DE 2017! -LOS SERVICIOS PÚBLICOS SON DERECHOS HUMANOS! SANTA FE, 17 DE ENERO DE 2019.
ORGANIZACIONES SINDICALES: MOS (CGT, CTA, AMSAFE, ATE, SADOP, FESTRAM, BANCARIOS, VIALES, PRENSA, FARMACIA, SMATA, APUL, APUC, UTEPLIM, ACTORES, SUPASO, REMISEROS, UOLRA, SUTRACOVI, ASPI, PINTURA, CAUCHO, TAXISTA, AATRAC, SOEESIT, STIHMPRA, Cerveceros, Judiciales Provinciales, UTI, Viales Nacionales), SUGARA, SIPRUS, 21F Santa Fe. ORGANIZACIONES EMPRESARIALES DEL COMERCIO Y LA INDUSTRIA: APYME, Camara de Kiosqueros y Almaceneros, Cámara de Frigoríficos Centro Norte, C. Comercial Coronda, ORGANISMOS DE DDHH: Foro contra la Impunidad y por la Justicia, HIJOS, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, MOVIMIENTOS SOCIALES: CCC, CTEP, MOB, MUP, MTL, Teresa Rodriguez, F. Transversal, Frente Barrial. OTRAS ORGANIZACIONES: Fed. de Mutuales, FESACOOP, Servicio de Educ. Popular, Interbarrial Mujeres, Fed. de Vecinales. Y siguen las firmas.