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Ante la creciente cifra de femicidios en la provincia, que se ubica entre las más altas del país, el gobernador decretó un protocolo de prevención y actuación para el ámbito laboral.
"El Estado debe ofrecer a los funcionarios y agentes públicos herramientas ágiles y eficaces para afrontar situaciones de violencia acaecidas dentro de su ámbito laboral y lograr el cese inmediato de tales sucesos, profundizando a su vez la prevención, difusión y capacitación en todo lo atinente a esta problemática", dice el texto de la normativa firmada por el gobernador.
Mediante el decreto firmado este martes, Lifschitz creó un "Protocolo de actuación para la prevención y atención frente a situaciones de violencia de género en el ámbito laboral", y envió, además, a la Legislatura provincial un proyecto para que Santa Fe adhiera a la Ley Micaela, que tiene como objetivo capacitar y sensibilizar en la materia a quienes integran los diferentes estamentos del Estado, en todos sus niveles y jerarquías.
La Ley Micaela fue sancionada a nivel nacionales en diciembre, durante las sesiones extraordinarias.
“Con estas dos medidas estamos poniendo al gobierno provincial en línea con la legislación y criterios más avanzados en materia de prevención de la violencia y el abuso contra las mujeres”, afirmó el gobernador.
Protocolo de acción
El Protocolo indica que la persona afectada por una situación de violencia de género recibirá asesoramiento legal y asistencia integral en forma gratuita en todo el territorio provincial. En el caso de que el afectado lo requiera expresamente, debe ser oída personalmente por parte de la autoridad administrativa correspondiente.
La persona afectada será acompañada y contenida en todo trámite posterior a la consulta, petición, presentación o denuncia que realizara. Asimismo, se le garantizará la participación en el procedimiento y la información sobre el estado y avance del trámite.
El Protocolo será de aplicación para los agentes públicos, el personal y las autoridades superiores de las entidades autárquicas, personal docente, policial y penitenciario, y autoridades superiores y personal de gabinete.
"El protocolo se traducirá en una herramienta para promover un ámbito de trabajo libre de violencia, acoso sexual y discriminación basada en el género, orientación sexual, identidad de género o expresión de género y fomentando la protección integral de los derechos humanos, la prevención y la sensibilización en materia de igualdad y equidad de género", indica el decreto.
Además, se establece que la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, será la jurisdicción encargada de la recepción y trámite de las denuncias, peticiones, presentaciones o consultas vinculadas con situaciones de violencia de género contra funcionarios o empleados públicos provinciales, conforme al Protocolo aprobado en el artículo precedente.
Procedimiento
Las personas que se consideren afectadas o que sean testigos directos de situaciones de discriminación o violencia de género podrán consultar y/o pedir asesoramiento. La intervención se iniciará a partir de la recepción de dichas denuncias, y si las circunstancias del caso lo ameritan y la persona afectada desea realizar una denuncia formal, se deberán seguir los mecanismos establecidos por el procedimiento disciplinario previsto en la legislación vigente.
