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El juez Octavio Silva dictó una pena de tres años de prisión condicional contra los dos ex funcionarios de Reutemann. El fallo sostiene que la inundación “pudo haber sido prevenida” y que por se produjo por “la omisión culposa de los cuidados necesarios para prevenir y contener la creciente del río Salado”.
Por el delito de “estrago culposo agravado por la muerte de 18 personas”, la Justicia condenó a tres años de prisión (en ejecución condicional) a Edgardo Berli y Ricardo Frattti. De esta manera, se cierra una etapa de la causa penal que investigó las responsabilidades políticas de la inundación de 2003, aunque se espera que la Fiscalía apele el fallo dado lo bajo de la condena, por la cual no irán presos los ex funcionarios del gobierno de Carlos Reutemann.
Este viernes 1° de febrero el juez Octavio Silva firmó la sentencia contra el ex ministro de Obras Públicas Berli y el ex director de Hidráulica de la provincia Fratti. El tercer imputado que tuvo la causa, Marcelo Álvarez –intendente de Santa Fe al momento de la inundación–, falleció el 9 de abril de 2018.
Berli y Fratti no irán presos. El fallo del juez Silva sostiene que fueron condenados “como coautores penalmente responsables del delito de estrago culposo agravado por la muerte de 18 personas a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, con más las costas del proceso penal y bajo las reglas de conducta por el mismo plazo consistentes en: (a) constituir domicilio real, debiendo comunicar cualquier variación del mismo; (b) someterse al cuidado de la Dirección Provincial de Asistencia y Control Pos Penitenciario”.
En un tramo del fallo de 150 carillas, Silva sostiene que “mediante la omisión culposa de los cuidados necesarios y oportunos para prevenir y contener la creciente del río Salado, se produjo un estrago por inundación, con numerosos daños y la muerte de asfixia por inmersión de 18 personas”.
Más adelante, el juez agrega que “el anegamiento pudo haber sido prevenido y retrasado e incluso aminorado los volúmenes de ingreso que al final alcanzarían a los mismos niveles embalsados adentro de la ciudad, pero que el desborde del río por su crecida extraordinaria y su invasión a la planta urbana (enclavada en su valle de inundación natural) era una consecuencia inevitable, aún de haberse levantado el cierre provisorio”.
La inundación de abril de 2003 dejó, según datos oficiales, un saldo de 23 muertos, 18 de los cuales fueron incluidos en la causa penal. Los organismos de derechos humanos y el colectivo de inundados han denunciado que, en los meses posteriores a la catástrofe, por los daños colaterales, murieron en total 157 personas.
El colapso mayor se produjo el 29 de abril de 2003 cuando el río Salado –que estaba en un período de crecida extraordinaria– ingresó a la ciudad por un tramo de 800 metros de la defensa oeste que había quedado inconcluso. Las aguas del Salado inundaron todo el borde oeste de la ciudad y empujaron a 130 mil santafesinos a evacuarse de sus hogares.
La causa, regida por el viejo sistema procesal penal de la provincia, comenzó el 5 de mayo de 2003 a partir de una denuncia penal presentada Ana Isabel Zanutigh ante el fiscal Ricardo Favaretto, que fue tomada por el juez de Instrucción Diego De la Torre. A lo largo de 15 años y ocho meses, intervinieron 20 jueces y 13 fiscales.
En una primera etapa De la Torre imputó a diez funcionarios municipales y provinciales y exculpó a Reutemann y a Jorge Obeid, en cuya gestión se inauguró la defensa inconclusa (1997). Reutemann, Obeid y el entonces ministro de Hacienda Juan Carlos Mercier declararon en la causa, pero en calidad de testigos. El actual senador nacional lo hizo por escrito en dos ocasiones: 2004 y 2013.
En 2006, el juez Ricardo Patrizi desvinculó de responsabilidad a siete de los imputados y quedaron involucrados solamente Álvarez, Berli y Fratti. En el auto de procesamiento, Patrizi aclaró que no existían “elementos suficientes como para sospechar que Carlos Alberto Reutemann ha participado de los hechos” que motivaron la investigación.
En marzo de 2008, el fiscal Norberto Nisnevich pidió la elevación de la causa a juicio. A partir de entonces se sucedieron una serie de planteos dilatorios por parte de los imputados. En 2011 se reabrió la etapa de pruebas y el actor civil (querellante) pidió las declaraciones de más testigos.
En 2013 –diez años después de los hechos– fueron indagadas 60 personas. Entre ellas, Obeid, Mercier, Reutemann y el ex rector de la UNL y ex intendente de Santa Fe Mario Barletta. El cierre de la etapa de pruebas fue en 2015, pero el proceso volvió a empantanarse por los cuatro pedidos de prescripción presentados por la defensa de Álvarez, todos rechazados.
