La OMS, la marihuana y las alianzas de los gobiernos provinciales

La Organización Mundial de la Salud le pidió a la ONU que el cannabis no sea considerado sustancia peligrosa –pero que siga enlistado como droga. Mientras tanto, en Argentina autoriza a Gerardo Morales para un cultivo de propiedad mixta y prohíben al LIF santafesino la importación para producir aceite.

Por primera vez en la historia el cannabis está cambiando su status jurídico a nivel mundial. Muy de a poco, de acuerdo a las demandas de pacientes de varias enfermedades que se tratan con alguna de las sustancias producidas por esta planta. También, en nuestro país, es una necesidad en cuanto a derechos y libertades aun no adquiridas: son muchos los casos de autocultivadores y activistas cannábicos perseguidos e intervenidos por la justicia federal. Ni hablar de los usuarios recreativos, hostigados en el día a día en los parques y calles de las ciudades argentinas por las policías federales que dirige el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich.

Es en este marco que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó que se elimine el cannabis del listado más restrictivo de la convención sobre drogas de 1961 (la Lista IV), a través de una carta del director de esta institución dirigida António Guterres, el Secretario General de la ONU. En la Lista IV, se encuentran sustancias con un potencial de daño en el usuario mucho mayor que el cannabis, como la heroína.

En la carta, la OMS recomienda situar al cannabis en la Lista I y espera que a través de ella los 53 países que integran la comisión de estupefacientes traten la propuesta y la sometan a votación, durante el 62º Período de Sesiones de Naciones Unidas, que se reunirá en Viena, Austria, en marzo de este año. En este sentido, Martin Jelsma, politólogo neerlandés, especializado en América Latina y en políticas internacionales sobre drogas, que trabaja como coordinador del programa Drogas y Democracia del Transnational Institute, en una entrevista con la Marijuana Business Daily dijo que hay "elementos muy positivos en las recomendaciones de la OMS", que incluyen: reconocimiento de la utilidad médica con su eliminación del Anexo IV, claridad acerca de que el CDB no está bajo control internacional, resolución de la incoherencia de tener cannabis en virtud de 1961 y THC en virtud del Convenio de 1971. Pero también agregó que “es bastante decepcionante que la OMS recomiende mantener el cannabis en la Lista I”.

En esta instancia es necesario aclarar que:

• La resolución que se vote en la ONU, sea a favor o en contra, no es vinculante. Es decir que dependerá de cada Estado cambiar las políticas contra las drogas relacionadas al cannabis.

• Que la postura discursiva que sentó la OMS no abarca en ningún momento el consumo de cannabis a manera recreativa. Esto quiere decir que lo que se está volviendo decible, probablemente en un futuro como cuestión legítima, es el uso medicinal y siempre a través de la industria farmacéutica. Es importante recordar que el cannabis y diferentes preparados, como el aceite cannábico, se pueden preparar de manera casera, sin intervención de un laboratorio. Basta con instruirse de manera correcta.

• Con respecto al uso recreativo, llama la atención que sustancias como el alcohol y el tabaco, de daños potenciales mayores en el usuario que el cannabis, sean legales. En este sentido, el Comité Especial sobre Estupefacientes Ilegales del Senado Canadiense reconoció que “el régimen internacional para la fiscalización de sustancias psicoactivas […] es ante todo un sistema que refleja la geopolítica de las relaciones Norte-Sur en el siglo XX. En efecto, los controles más estrictos se impusieron a sustancias orgánicas –el arbusto de coca, la adormidera y la planta de cannabis– que suelen ser parte de las tradiciones ancestrales de los países de los que proceden estas plantas, mientras que los productos culturales del Norte, el tabaco y el alcohol, fueron ignorados y las sustancias sintéticas producidas por la industria farmacéutica del Norte quedaron sujetas a regulación en lugar de prohibición”.

¡Atención a la industria farmacéutica!

Lo que sí es rescatable es que muy de a poco hay una flexibilización en cuanto a las posturas prohibicionistas sobre el cannabis. Por eso no es menor que una institución como la OMS, que goza de la máxima credibilidad internacional en materia de salud, reconozca públicamente las propiedades medicinales del cannabis. El efecto discursivo en quienes son sometidos a una postura dogmática, de corte prohibicionista, al menos generará incertidumbre a quienes llegue el titular de que la OMS recomienda sacar de la lista de sustancias peligrosas al cannabis.

Pero en este vaivén de posturas, no hay que perder de vista a la industria farmacéutica. Como otras medicinas occidentales, el cannabis puede y se está volviendo un producto rentable para el mercado internacional. Por eso es de suma importancia que no solo se habilite la investigación en laboratorios y una posible producción de medicamentos por parte de los mismos, sino que también se despenalice cualquier tipo de cultivo casero o colectivo, porque una medicina cannábica es posible de elaborar de manera autogestionada.

En este sentido, un ejemplo clarísimo de que la industria está al acecho de hacerse de un nuevo negocio en nuestro país, que en otras partes del mundo ya está moviendo millones, es el caso de la provincia de Jujuy. El gobierno jujeño de Gerardo Morales, uno de los aliados del gobierno nacional, fue habilitado para plantar cannabis en tierras estatales. Según Mariano Fusero, abogado y periodista especializado en el sitio web Pensamiento Penal escribió una nota para el medio Jujuy Dice titulada “Donde existe una necesidad, nace un negocio”. En el artículo asegura que el Ministerio de Seguridad de la Nación ha autorizado a una empresa mixta en Jujuy el cultivo y elaboración de productos cannábicos en tierras estatales, sin que se conozca con certeza la finalidad posterior de los mismos. La provincia a cargo del aliado político del gobierno nacional, Gerardo Morales, hace tiempo que viene realizando acuerdos con empresas y laboratorios extranjeros, a fin de destinarles grandes parcelas de tierra y garantizarles sus gestiones políticas ante las autoridades nacionales a fin de obtener las autorizaciones correspondientes, a cambio de su participación conjunta en una empresa lucrativa que, casualmente, dirigirá su hijo.

El caso se vuelve paradójico, casi una tomada de pelo, si tenemos en cuenta que a nuestra provincia el gobierno nacional le puso traba tras traba para desarrollar y llevar adelante la producción de medicamentos a base de cannabis en el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF). Ese mismo gobierno, ahora autoriza a un laboratorio internacional para realizar un proceso idéntico al que podría realizar el LIF. En relación a esto, Fusero interroga: “¿Será porque el gobierno socialista de Santa Fe no es partidario ni aliado al gobierno nacional, como lo es el gobierno Jujeño? ¿Eso justifica que acciones que deberían estar direccionadas al cumplimiento de la ley y basadas en principios de salud pública, se distorsionen a favor de un negocio en manos de su aliado político?”.