En una plenaria de la Campaña por el Derecho al Aborto, realizada en Córdoba, se definió el nuevo articulado. Es la octava propuesta en 12 años.
Luego de un 2018 histórico, donde millones de mujeres de todas las edades se movilizaron al Congreso de la Nación en las jornadas del 13 y 14 de junio, y el 8 de agosto, para pedir por la legalización de la interrupción del embarazo, la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito definió volver a presentar el proyecto este año.
Esta será la octava presentación en 12 años. Sólo en 2018 su tratamiento llegó efectivamente al Congreso, donde obtuvo la media sanción en la Cámara de Diputados y luego fue rechazado en el Senado.
“Tenemos nuevo proyecto de ley”, anunciaron a través de sus redes sociales las diversas regionales que conforman la Campaña, luego de un fin de semana de organización y debate en la ciudad de Córdoba, del cual participaron “190 compañeras y compañeres de 30 regionales del país, la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho al Aborto, Socorristas en Red Feministas que Abortamos, la Red de Docentes por el Derecho a Decidir y la Colectiva Disidente Sexo-Género Política que conforman esta Campaña federal, democrática, feminista, intergeneracional, intersectorial, autónoma, horizontal y autogestiva”, indicaron en el comunicado.
La fecha estimativa de presentación sería a mediados del mes de abril y el nuevo articulado del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo prevé algunos cambios respecto del presentado en 2018.
Una de esas modificaciones es la eliminación de la causal “graves malformaciones fetales”, a raíz de algunos cuestionamientos de organizaciones que trabajan sobre derechos de las personas con discapacidad.
El proyecto, que fue redactado por una comisión de expertas y luego modificado y aprobado con el consenso de la plenaria, retoma la redacción del proyecto anterior cuando indica que el "sujeto de la ley es toda mujer u otras identidades con capacidad de gestar"; se despenaliza y legaliza la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) hasta la semana 14 y más allá de ese plazo, cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer y en casos de violación.
Se incorpora, además, la práctica en el Programa Médico Obligatorio. Las obras sociales estarán obligadas a dar cobertura total del tratamiento y será gratuita dentro del sistema público de salud.
Otro punto que es de los más discutido por los sectores contrarios a la ley, es el de la objeción de conciencia. En este sentido, desde la Campaña indicaron que "no se incorpora la objeción de conciencia porque consideramos que es negación a una práctica de salud (legal en nuestro proyecto) en base a creencias religiosas y morales. No aceptamos que se legisle en negar derechos en base a creencias religiosas".
Según señalaron, también se agregan dentro del proyecto artículos respecto de derechos sexuales y reproductivos y la Educación Sexual Integral, destacando la responsabilidad de los gobiernos nacional, provinciales y municipales, para aplicarla y fortalecerla.
El nuevo articulado despenaliza totalmente la intervención de los médicos, salvo cuando se practique sin el consentimiento de la mujer o persona gestante.
“Este proyecto, que tiene como finalidad saldar una deuda histórica de la democracia, recoge el ejemplar ejercicio de participación democrática de toda la sociedad durante 2018, así como los 14 años de organización y experiencia política de la Campaña. Será presentado por octava vez, con el inquebrantable apoyo popular de la marea verde”, señalaron en un comunicado desde la Campaña.
Declaración de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito tras haber redactado, de manera horizontal y democrática, el articulado del nuevo Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. #SeráLey#AbortoLegalYa ?@CampAbortoLegal pic.twitter.com/jipR1fJiBF
— CampAbortoLegalSantaFe (@CampAbortoLegSF) 18 de marzo de 2019