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El ataque policial a una pareja gay y un clima de época que legitima los discursos de odio.
“Ah, pero son putitos, son novios. Mirá cómo lloran los maricones”. Apenas un intento de Nahuel por proteger a Alexis, su pareja, que tiene una prótesis de acrílico en su cabeza, fue suficiente para que al menos una docena de policías desataran sobre ellos el odio que aún persiste en las entrañas de una sociedad homofóbica y machista.
“Amor, no te muevas, dejá que me peguen a mí”, fueron las palabras exactas. Una pareja tratando de cuidarse, de salir de ese infierno en el que se había convertido un cuartito de la Comisaría 12 de Santo Tomé, donde fueron brutalmente golpeados, torturados, vejados.
“¿Te gusta, putito?”, le decían a Alexis mientras le pasaban la mano por la cola, mientras le apretaban los genitales a Nahuel.
Todo esto ocurrió en la madrugada del lunes 25 de marzo en Santo Tomé. Según relataron luego las víctimas, Nahuel Taborda y Alexis Do Santos, ambos se encontraban regresando a la casa de Alexis cuando un móvil del Comando Radioeléctrico comenzó a seguirlos. Al llegar a la casa un oficial se les acercó con una Itaka en las manos y los quiso revisar porque “era sospechoso el auto con vidrios polarizados”. Alexis les ofreció la llave del auto y les dijo que si querían revisar la casa debían volver con una orden de allanamiento. Allí empezó una discusión y unos segundos después un policía disparó al aire dos veces con su arma. Nahuel, Alexis y su hermana, que vive a dos cuadras y acudió ante los gritos de los chicos, lograron meterse dentro de la casa, pero varios integrantes del Comando entraron, los sacaron y se los llevaron a la Comisaría 12. “El verdadero infierno empezó cuando se dieron cuenta que éramos pareja”, dijo Nahuel.
La Justicia que no
En la audiencia del viernes 29, donde los efectivos fueron imputados como autores de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, vejaciones agravadas, allanamiento ilegal y falsedad ideológica, y tras un acuerdo de los fiscales María Laura Urquiza y Ezequiel Hernández con la defensa de los policías torturadores, el juez Busaniche impuso a los seis policías medidas alternativas a la prisión preventiva. Entre ellas, la prohibición de portar armas de fuego; de acercarse a 500 metros de las víctimas y de contactar por cualquier medio a las víctimas o a testigos de lo ocurrido. Asimismo, se les impuso una fianza real de 30 mil pesos a cada uno de los seis investigados y la prohibición de ausentarse del país.
Consultado sobre esta resolución, el subsecretario de Diversidad Sexual de la provincia, Esteban Paulón, indicó: “Vemos con mucha preocupación este fallo, porque más allá de que la prisión preventiva es una medida excepcional, en este caso y habiendo personal de las fuerzas de seguridad que han manifestado amenazas a través de redes sociales y hechos intimidatorios hacia Nahuel y Alexis, hay presunción de que puede haber entorpecimiento de la causa”.
Durante la audiencia, las víctimas manifestaron al juez tener múltiples amenazas de muerte e incendio de vivienda, hacia ellos y sus familiares, pero aún así la fiscalía y el juez no consideraron que esto tenga la gravedad suficiente para pedir la prisión preventiva.
El miércoles 3 de abril, las organizaciones nucleadas en la Marcha del Orgullo Santa Fe realizaron una concentración frente a los Tribunales para exigir el esclarecimiento del hecho y el castigo a los policías. Nahuel y Alexis estuvieron presentes y dieron cuenta de que la tortura aún no terminó. “Estamos muy mal, casi no hemos dormido estos días, tenemos miedo”, dijo Alexis frente a la multitud que se acercó a apoyarlos. “Ya no sabemos en quien confiar. Tenemos miedo porque el lunes se presentaron en nuestra casa dos personas, diciendo que eran del Ministerio de Seguridad de la Nación, filmaron la casa, a nosotros y cuando les pedimos credenciales nos dijeron que se las habían olvidado. Fue todo muy irregular”.
"La Justicia está entorpeciendo la causa. Nosotros tememos por nuestras vidas, pero no nos vamos a quedar callados. Queremos evitar que esto siga pasando, porque sabemos que el abuso policial es frecuente en los barrios de las periferias", Nahuel Troncoso. pic.twitter.com/YRXMdVPTcw
— La Garganta Poderosa (@gargantapodero) 3 de abril de 2019
“Todas las pruebas, hasta los cartuchos de las balas disparadas esa noche, fueron aportadas por ellos”, señaló María Claudia Albornoz, referente de La Poderosa, una de las organizaciones que se encuentra acompañando a la pareja. “Después del episodio de las personas que entraron a su casa, la Fiscal ni los llamó y todavía no tienen protección de testigos, este es otro error peligroso por parte de la Justicia y del Ministerio Público de la Acusación. Hoy tuvieron que ir al Centro de Asistencia Judicial para empezar a formar la querella, después a Asuntos Internos, los revictimizan permanentemente, tienen que volver a contar todo de nuevo”.
Durante la manifestación, se hizo hincapié en la figura del abogado defensor de los policías, Claudio Torres del Sel. “El incidente con estas supuestas personas del Ministerio de Seguridad de Nación, nos da la pauta de que se filtran datos, que el abogado de estos seis policías torturadores maneja información dentro de la policía, porque es un defensor de policías”, indicó Albornoz. “Claudio Torres Del Sel ha defendido en infinidad de causas a torturadores, a violadores de lesa humanidad, a genocidas, es un abogado muy caro. Entonces nos preguntamos quién le paga, cómo hacen seis policías para pagarle a este abogado carísimo y qué dice el ministro de Seguridad de la provincia, Pullaro, sobre todo esto. Bueno la respuesta es que no dice nada, por eso le estamos haciendo un pedido de audiencia”.
Además de un pedido de audiencia a Pullaro, las organizaciones informaron que llevarán el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Nos reunimos con miembros de la Correpi y otros organismos de Buenos Aires para que nos guíen y la presentación va a ser sobre todo para presión estatal”, indicó Josefina Zweifel, de la Marcha del Orgullo Santa Fe. “Queremos que esto siente un precedente, porque de este caso nos enteramos pero hay muchos otros que no”.
El odio que crece
Activistas y abogadxs LGBTI+ se reunieron en diciembre pasado en Washington para debatir sobre el estado de situación de los derechos del colectivo. Allí señalaron que si bien ha habido algunos avances a nivel legislativo, también está impactando mucho la llamada “ideología del odio”, diseminada por el continente por los grupos identificados con la campaña “Con Mis Hijos No Te Metas”. En cuanto a esto indicaron: “En muchos países de la región, el campo de batalla ha sido en el marco de la educación sexual integral. Se tergiversan los mensajes para hacer creer que esta perspectiva busca corromper a la niñez. Esto tiene un impacto muy específico en relación con personas LGBTI+ y defensoras y defensores de derechos humanos. La vida de elles está en riesgo por la violencia de estos grupos”.
En 2018, según un informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT, hubo en Argentina 147 crímenes de odio en donde la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género de las víctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio para la vulneración de derechos y la violencia.
Se entiende como “crímenes de odio” las lesiones al derecho a la vida, es decir a asesinatos, suicidios y muertes por ausencia y/o abandono estatal –son el 46% de los casos– y las lesiones al derecho a la integridad física, es decir violencia física que no terminó en muerte, que representan el 54% restante.
La población del colectivo LGTB más vulnerada son las mujeres trans-travestis (64%), seguidas en segundo lugar con el 28% por los varones gays, las lesbianas con el 7% y por último con el 1% los varones trans.
En cuanto a quienes son los autores, el informe detalla que el 58,5% son cometidos por personas privadas; el 36,72% son llevados a cabo por el Estado y dentro de este porcentaje el 8,16% es perpetrado específicamente por personal de las fuerzas de seguridad en ejercicio de su función estatal, configurando todos ellos, en su conjunto, casos de violencia institucional.
Cuando se busca la distribución geográfica de los crímenes de odio producidos en Argentina, el porcentaje más alto (34,69%) corresponde a la provincia de Buenos Aires, seguida con el 19,05% por la Ciudad Autónoma de Buenos, con el 8,16% la provincia de Salta y Santa Fe aparece cuarta con el 7,48%. Pero si se tiene en cuenta la densidad poblacional, Salta es la provincia más hostil a la comunidad LGBT, donde más crímenes de odio se producen.
"Tenemos que preguntarnos por qué esta ola de odio crece, por qué los crímenes y por qué el accionar estatal, en este caso de la policía, sigue esa misma línea"
En los primeros meses de 2019, según estimaciones de algunas organizaciones, ya se produjeron más de 40 ataques. “Claramente hay un crecimiento de la ola de violencia hacia todo el colectivo”, señaló Josefina Zweifel. “Brasil es el país con más crímenes de odio del mundo y no es casual con las políticas que se acompañan, con los mensajes que dan los referentes políticos. Tenemos que preguntarnos por qué esta ola crece, por qué los crímenes y por qué el accionar estatal, en este caso de la policía, sigue esa misma línea. Hay personas que lo permiten desde más arriba y eso nos preocupa”.
Zweifel indicó que el accionar criminalizador hacia el colectivo no es algo nuevo y recordó el episodio vivido en diciembre pasado durante la Marcha del Orgullo, cuando a las 11 de la noche cuatro camionetas y seis motos de la policía provincial llegaron hasta la plaza 25 de Mayo, donde se realizaba el acto central, para intentar desalojarla, cuando la organización tenía permiso para extender el evento hasta las dos de la madrugada.
Paulón también coincide en un clima de época que legitima los discursos de odio. “Evidentemente hay legitimaciones desde algunos sectores del poder, lo vemos en Brasil, Paraguay, Chile, en sectores de la oposición de Uruguay, por eso es importante marcar la diferencia, plantear que acá no vamos a mirar para otro lado cuando pasa algo así, porque ya no es un discurso de odio, esto se transfirió a un hecho concreto de violencia que puso en riesgo la integridad y la vida de Nahuel y de Alexis. Hay que ser contundente en esto porque si, hay un tiempo regional que es complejo, que está virando hacia la legitimación de los discursos de odio y que nosotros tenemos que poder frenar a tiempo, porque la verdad que las consecuencias pueden ser muy graves”.
