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Los alrededores del Congreso volvieron a cubrirse con la marea verde para la octava presentación del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. La iniciativa fue firmada por 70 diputadas y diputados.
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, realizó ayer en la Cámara de Diputados la octava presentación consecutiva de un nuevo proyecto que busca despenalizar y legalizar el aborto.
La conferencia, que fue trasmitida por streaming a todo el mundo, se realizó en la misma sala donde el año pasado tuvieron lugar las audiencias informativas, en el marco del debate legislativo. Luego de aquellas jornadas interminables, con oradores verdes y celestes, se consiguió la media sanción de la ley, en el ya histórico 14 de junio. Luego el Senado se encargaría de bloquear la sanción definitiva, en la madrugada del 9 de agosto.
“Muchos dinosaurios que están en esa cámara, el año que viene van a desaparecer”, dijo la diputada Victoria Donda, de Somos, parafraseando a Charly García. Donda se comprometió a que el proyecto sea debatido y obtenga otra vez media sanción este año en la Cámara Baja. La estrategia busca que el Senado haga lo propio el año que viene, con su nueva conformación. “Clandestinidad o ley es la elección que tienen que hacer los candidatos y candidatas”, señaló la legisladora de Somos.
La diputada radical Brenda Austin, por su parte, señaló: “También es un día importante porque es la primera vez que se está presentando en un año electoral. Y vale mucho por dos razones, porque hemos demostrado esa capacidad de dejar de lado nuestras diferencias y porque a veinte días del cierre de listas, con el temor que están queriendo instalar, se ha llegado al número de firmas que se llegó”. Efectivamente, el proyecto fue refrendado por, entre otros, Donda (Somos), Austin (UCR), Mónica Macha (FpV), Romina del Plá (Frente de Izquierda), Cecilia Moreau (Frente Renovador), Carla Carrizo (Evolución), Daniel Lipovetzki (PRO), Araceli Ferreyra (Movimiento Evita), Mónica Schlotthauer (FIT), Nicolás del Caño (FIT), Carolina Moisés (PJ), Daniel Filmus (FpV), Mayra Mendoza (FpV), Silvia Lospennato (PRO) y Hugo Yasky (Unidad Ciudadana).
La marea verde en las calles
Mientras sucedía la conferencia dentro del anexo de Diputados, afuera, y desde temprano, los alrededores del Congreso volvían a teñirse de verde. Miles de mujeres de todas las edades se reunieron para apoyar la presentación y reclamar la sanción definitiva de esta ley.
Lejos del desánimo por el revés legislativo en el Senado, en agosto pasado, el movimiento de mujeres sigue en lucha y volvió a dar muestras de su poder de convocatoria.
En Santa Fe, como en otras 100 ciudades del país y en algunas de las capitales más importantes del mundo, también hubo actividades y se siguió en vivo lo que sucedía en el Congreso.
La convocatoria comenzó pasada las 16, en la Plaza del Soldado. Allí un importante grupo de mujeres se convocó para ser parte de esta vigilia que contó con intervenciones artísticas, espacios de información, la lectura de un documento y un pañuelazo.
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El nuevo proyecto
El proyecto establece como sujeto de derecho a interrumpir un embarazo a las mujeres e identidades con capacidad de gestar, en el marco de la ampliación de derechos respecto del reconocimiento y respeto de la identidad de género de cada persona.
Se podrá acceder a un aborto voluntario, legal y seguro hasta la semana 14 de gestación en los tres sectores del sistema de salud (público, de seguridad social y privado), de forma gratuita en hospitales y centros de salud públicos. Se exige también que la práctica sea incluida en el Plan Médico Obligatorio, por lo cual las obras sociales, mutuales y prepagas deberían cubrirla.
Define que se debe garantizar la práctica de la IVE dentro de los cinco días de su requerimiento.
Se establece un sistema mixto de plazos y causales. Más allá del plazo de las 14 semanas, se podrá acceder a la interrupción legal del embarazo (ILE) en caso de violación o si corre riesgo la vida o la salud integral de la mujer o persona gestante, esta última entendida como el estado de completo bienestar psicológico, mental y social, tal como la define la Organización Mundial de la Salud.
En la misma línea del reclamo popular y la posición de millones de personas que acompañan la lucha de la Campaña en Argentina y el mundo, el proyecto propone la completa despenalización de las personas que deciden abortar y no incluye la objeción de conciencia, ya que considera esta práctica de salud como un derecho, cuyo ejercicio no puede negarse ni vulnerarse por creencias religiosas, valores personales o morales.
Establece que no se puede exigir ninguna autorización judicial para brindar un aborto legal y fija penas de prisión de 3 meses a 1 año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena a la autoridad de un establecimiento de salud, profesional o personal de salud que “dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados”. Eleva hasta 5 años la pena de prisión si resultara la muerte de la mujer o persona gestante.
En este nuevo texto se clarificó el accionar respecto de la población adolescente, que fue uno de los puntos cuestionados el año pasado por los detractores de la ley. En este nuevo articulado se indica que, si se trata de una persona menor de 13 años quien demande la práctica, “se requerirá su consentimiento informado con asistencia de al menos uno de sus progenitores o representantes legales”. Cuando tiene entre 13 y 16 años, “se presume que cuenta con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar debido consentimiento”. Si su vida o su salud corre grave riesgo por condición preexistente, el consentimiento lo deberá dar uno de sus progenitores. A partir de los 16 años se considera que tiene “plena capacidad” para ejercer los derechos previstos en la ley.
Además del derecho a la autonomía, a decidir sobre el propio cuerpo y proyecto de vida, ante la permanente obstaculización y embestida contra los derechos sexuales y reproductivos por parte de las jerarquías eclesiásticas y las organizaciones fundamentalistas antiderechos, la Campaña decidió reforzar en el mismo articulado del proyecto de ley la garantía de derechos ya adquiridos que forman parte de su triple consigna desde el inicio: el acceso a la educación sexual integral y a la anticoncepción.
