Bolsonaro, la ignorancia hecha Estado

Brasil y los desgobiernos tropicales: no habrá recesión, pero tampoco hay educación o jubilación.

Por Carolina Castellitti (desde Brasil).

El sábado 18 de mayo, tres días después de una enorme movilización nacional en defensa de la educación pública brasileña, una charla de bar entre amigos me agarró de sorpresa: para algunos no duraba un año, para el más osado no pasaba de julio, pero si algo estaba claro era que, “así como iban las cosas” Jair Bolsonaro no dura cuatro años como presidente. El diagnóstico no era necesariamente positivo, se apresuraban a aclarar contra los espíritus más optimistas; lo que sea que se venga puede ser igual o peor.

Confusa como estaba después de cinco meses de entregarme a una actitud completamente apática frente a la cotidianeidad de la política brasileña, no habría aceptado escribir estas líneas si no fuera por el Foro de Teresina, un podcast político producido por la revista Piauí, que mis amigos me recomendaron escuchar esa misma noche. Lo que voy a tratar de resumir aquí está mucho mejor desarrollado en el capítulo 51 del Foro, que recomiendo a todos aquellos que se aventuren a desafiar las barreras lingüísticas de nuestramérica.

Es verdad que ciertos acontecimientos me habían obligado a salir de la ignorancia voluntaria: el primer anuncio oficial relativo al “congelamiento” del 30% del presupuesto “no obligatorio” de las universidades públicas nacionales se había restringido a tres universidades, entre las cuales se encontraba aquella donde actualmente doy clases. Los motivos se referían a los “bajos rendimientos” de esas universidades, sin dejar muy claro cuáles eran los supuestos criterios de productividad, y a la verificación de que esas universidades estarían promoviendo eventos considerados “impropios” para esos espacios, como fiestas, charlas y encuentros sobre temas “no académicos”. Para la tranquilidad de todos, un par de días después el gobierno aclaró que la medida no se restringiría a esas tres, sino que se extendía a todas las universidades públicas nacionales.

Bolsonaro quiere nombrar y echar a los universitarios por decreto

Que las universidades serían uno de los blancos principales de este gobierno quedó claro desde la oficialización de la campaña. “Antros de izquierda”, “propagadoras de marxismo cultural”, promotoras de balbúrdia (desorden, alboroto), estas instituciones encarnan todo lo que una fuerza política conservadora y anti-intelectual más teme. Pero lo que estos dirigentes no parecen haber calculado es la reacción que la medida provocaría, impulsando la mayor movilización popular, encabezada por estudiantes y profesores de universidades y escuelas públicas de más de 200 ciudades de todo el país (se habló de la mayor protesta desde la redemocratización del país, en el inicio del mandato de un gobierno electo). Desde Dallas, el presidente se limitó a acusar a los miles de manifestantes en todo el país de ser “unos idiotas útiles”, “masa de maniobra de una minoría pedante que compone el núcleo de la mayoría de las universidades del país”. Insistir en el enfrentamiento, aún después de comprobar la fuerza y diversidad de los manifestantes –todos los registros fotográficos de los actos muestran carteles y pancartas muy creativos, donde las identificaciones partidarias no predominan– no parece ser una estrategia ni inteligente, ni útil.

Con los descontentos cotidianos provocados por una gestión entre irresponsable y dañina, que avanza un día en una dirección y retrocede dos veces el siguiente, que afirma dominios y poderes que no posee, y poco después se debe retractar, entre tantos otros absurdos pequeños y grandes, yo ya estaba familiarizada. Pero como sucede desde hace por lo menos un año, el panorama brasileño es siempre más prometedor.

La segunda fuente de debilitamiento del gobierno fue ocasionada por el anuncio de la quiebra del secreto bancario y fiscal del senador Flavio Bolsonaro (hijo del presidente) y sus asesores, a partir de una investigación criminal sobre movimientos sospechosos –varios retiros y transferencias en un mismo día– de importantes cantidades de dinero –más de 7 millones de reales en tres años. La quiebra del secreto anunciada involucraría un período que se extiende por más de 10 años –desde enero de 2007 hasta diciembre de 2018–, y más de 90 cuentas bancarias –incluyendo familiares y otros personajes reconocidamente involucrados en milicias–; algunos números que sirven para ilustrar la magnitud de la investigación, de la que el hijo del presidente (y toda su familia) no tendrá como salir incólume.

Una relación tensa, sino francamente hostil, entre el gobierno y el Congreso es la fuente más endémica de tensión y desgaste, en estos cinco meses gestión. Acusaciones recíprocas de inoperancia, obstaculización y traición, alimentan una “pérdida de confianza” por parte de los actuales presidentes de las Cámaras –Rodrigo Maia y Davi Alcolumbre–, junto al “centrão” –coalición parlamentaria que emergió durante el gobierno Dilma, apoyando su destitución–, en contra de Bolsonaro. Fueron algunas de sus declaraciones, referentes a los obstáculos que imponen al gobierno los mecanismos de la “vieja política”, las que encendieron los ánimos anti-parlamentarios del fragmento de la población brasileña que defiende al presidente y que, en ese contexto, convocó a una “marcha de protesta” en apoyo a Bolsonaro para el domingo 26. En baja en las redes sociales, la convocatoria lograda por esta consigna permaneció en la expectativa de servir como un termómetro de la imagen pública del presidente. Mientras tanto, este, que en un principio alentó a los descontentos afirmando que se juntaría a ellos el domingo, comenzó sutilmente a tratar de distanciarse de la crítica anti-congresista, tratando de tornar la consigna un llamado al apoyo, más afirmativo que negativo.

Cuando escribo estas líneas ya pasaron la manifestación de “apoyo” (26/5) y una segunda convocatoria de la educación (30/5). La primera no fue enorme, pero tampoco insignificante. La segunda, en 15 días no perdió tanta fuerza como se podría haber imaginado y volvió a convocar a miles de personas en las principales capitales del país. Mientras tanto, un decreto del presidente hace cumplir sus promesas de campaña, facilitando el porte de armas para más profesiones, ampliando también los tipos de armas y cantidad de municiones. El Congreso avanza sobre el presupuesto nacional, limita las medidas provisorias que pueden ser editadas por el presidente y recorre a decretos legislativos para interrumpir decretos presidenciales. Una parte minoritaria de la izquierda se dedica a argumentar por qué la consigna “Lula libre” debilita las manifestaciones, mientras nos preparamos para un nuevo paro general el 14 de junio, convocado por las centrales sindicales, en contra de la reforma del régimen de jubilación y en defensa de la educación.